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Luis Álvarez Aller tras declarar como imputado en el juzgado. Foto: Carlos Arranz
Luis Álvarez Aller tras declarar como imputado en el juzgado. Foto: Carlos Arranz

Álvarez Aller, el arquitecto de todas las salsas judiciales

Pieza clave en asuntos judicializados como los casos PGOU o los áticos de la casa del alcalde, el funcionario municipal tuvo relación con distintas empresas promotoras implicadas
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Valladolid

Luis Álvarez Aller es el arquitecto municipal de las más importantes salsas judiciales que se cocinan en los juzgados de Valladolid. Sus informes, están detrás de los casos más mediáticos (áticos de la casa donde vive el alcalde, manipulación del PGOU, Piensos CIA...) y forman parte de las causas en las que figura como imputado o pudiera estarlo en próximas fechas.

Al margen de la autorización expresa de compatibilidad para el ejercicio de la actividad profesional privada de arquitecto, “fuera del término municipal de Valladolid” y de su jornada de trabajo, concedida por el Ayuntamiento en el pleno de febrero de 1994, no deja de producir asombro que en los últimos años haya mantenido vínculos con distintas empresas promotoras de la ciudad, como ya denunció en su día el Grupo Municipal Socialista sin que su denuncia llegara a traducirse en sanción alguna gracias a un exculpatorio informe jurídico municipal, en el que se reconocía que buena parte de las posibles faltas que hubiera podido cometer ya habían prescrito.

Sin embargo ahora, cuando su imputación en los casos PGOU y áticos de la casa del alcalde está pendiente de nuevos pronunciamientos judiciales, parece oportuno recordar cuáles son/fueron las “amistades peligrosas” de este arquitecto, con sueldo municipal en horario de mañana y suculentos honorarios privados en jornada de tarde.

Relaciones con Promociones Parkosa S.L.

Los vínculos, según la denuncia presentada en su día por el PSOE de Valladolid, afectarían a “varios desarrollos urbanísticos propuestos en Arca Real 54”. La promotora del plan parcial era Vivial S.L, representada por Antonio Pastrana, quien, a su vez, figuraba  como administrador de la empresa Promociones Parkosa S.L.

Según denunció en su día el PSOE “mientras Luis Álvarez Aller mantenía una relación de servicio con una sociedad representada por Antonio Roberto Pastrana (Vivial S.L.) elaboraba informes técnicos para un asunto promovido por otra sociedad de la que es administrador la misma persona: Promociones Parkosa S.L.”.

Otra de las vinculaciones de Aller con Parkosa tiene que ver con licencia para el aparcamiento de la calle Mirabel con vuelta a Tirso de Molina que la empresa solicitó en febrero de 2005. La licencia se apoya en el informe técnico suscrito, entre otros, por Luis Álvarez Aller.

Relaciones con el arquitecto Jesús Manuel Gómez Gaite

Jesús Manuel Gómez Gaite y Álvarez Aller podrían decir cualquier cosa excepto una: que no se conocen. Aller, además de haber coincidido en la tramitación del Plan Parcial del Sector Carretera de Puente Duero (Simancas) promovido inicialmente por la empresa Cosmani S.L y “en última instancia” por la sociedad Viviendas de Valladolid y Castilla y León Sociedad Cooperativa (representada por Pastrana), volvió a cruzarse con Gómez Gaite en un caso emblemático para Valladolid, aún pendiente de juicio: los áticos ilegales del edificio donde reside el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva.

 

Edificio de Caja Duero en la Plaza de Zorrilla donde vive el alcalde. Foto. últimoCero

Gómez Gaite, según la información manejada por el PSOE, fue el redactor del proyecto que se concedió a Edificasa 2000 S.A., que a su vez fue informado por Aller, en su condición de arquitecto municipal resultando evidente que en ese momento, Aller “se encontraba realizando trabajos relativos al Plan Parcial del sector Carretera de Puente Duero de Simancas junto a Gómez Gaite cuando informó el proyecto de ejecución del edificio de la Plaza de Zorrilla redactado por éste”.

Y es que en ese inmueble, además de residir el alcalde, Gómez Gaite es propietario de una vivienda “o al menos lo era en el momento de instruirse el expediente de legalización” de las obras que finalmente fueron declaradas ilegales por los tribunales.

Para los socialistas el caso era claro: “Hay incompatibilidad, al menos, a la hora de informar el proyecto de ejecución y a la hora de elaborar el proyecto de legalización”.

Áreas Homogéneas

El támdem Álvarez Aller – Gómez Gaite vuelve a coincidir en las Áreas Homogéneas “Prado Palacio Berrocal” y “Las Riberas”, ambos tumbados ya por sentencias firmes del TSJ.

En el primero de los expedientes (Prado-Palacio Berrocal) Aller emite, al menos, un informe sobre sostenibilidad económica y otorga el visto bueno, al menos, a otros tres informes. Algo parecido ocurre en el segundo caso. Aller emite un informe sobre sostenibilidad económica y otorga su visto bueno a otro informe sobre nueva documentación. La conclusión es clara para el PSOE: “Los informes emitidos por Álvarez Aller en ambas áreas homogéneas se han firmado incluso antes de que transcurriera un año de la entrega de documentación para la aprobación definitiva del Plan Parcial del sector 16 de Simancas”.

Piensos CIA

Otro expediente con conflicto de intereses es el relativo a la modificación del PGOU en el ámbito de la Azucarera Santa Victoria y que propició la construcción de cientos de viviendas ilegales en los antiguos terrenos de Piensos CIA, frente al centro comercial VallSur.

 

Edificio levantado en los terrenos de Piensos CIA. Foto: últimoCero

El arquitecto redactor del proyecto vuelve a ser en este caso Gómez Gaite y Aller, en esta ocasión obra de manera diferente, ya que llega a manifestar por escrito su posible incompatibilidad por haber trabajado con anterioridad para alguna de las empresas promotoras (Parquesol MM S.L., Metrovacesa de Viviendas S.L. y Grupo Urvasco S.A.). Aller, en ese escrito consulta si debe o no abstenerse, a pesar de que un día antes había emitido ya un informe para formulación de modificaciones del PGOU.

A pesar de reconocer la incompatibilidad, Aller emitió un informe favorable a la aprobación inicial de la modificación del PGOU. El asunto resultó tan llamativo que el Gabinete Jurídico Central, con el visto bueno del Secretario General (Valentín Merino) exigió la emisión de un nuevo informe técnico, que en esta ocasión fue redactado por Carlos Cándido Fraile Casares, el arquitecto ya fallecido al que ahora todos los imputados en el caso PGOU echan la culpa de todo.

Relaciones con el Grupo Capitol

Aller redactó, por encargo de Capitol Promociones 21 S.L. y Capitol Los Valles S,L planes parciales en los municipios de Tudela de Duero y Laguna de Duero. El representante de esas empresas era José Luis Mayordomo Martínez, que también lo era de  Vallenava Capitol S.L. la promotora que promovió el estudio de detalle en la Avenida de Madrid que, gracias a la manipulación del PGOU pendiente aún de ser juzgada, permitía construir 124 viviendas donde inicialmente sólo cabían 9.

“Mientras Aller trabajaba haciendo planeamiento para dos empresas del grupo Capitol, tomaba parte activa en quién tenía que informar y avalaba la aprobación de estudios de detalle en la Avenida de Madrid, también promovido por el mismo administrador de las anteriores empresas”, denunciaron los socialistas.

Y es que, irónicamente, se llegó a calificar de “coincidencia sin trascendencia” el que los administradores de Parkosa Promociones S.L. (Pastrana González y Astorga Ruiz) se convirtieran en agosto de 2009 en apoderados solidarios de Vallenava de Inversiones S.L.

Relaciones con Conjunto Residencial las Heras

Aller, junto a otros dos colegas, redactó el Plan Parcial sector 3 de La Cistérniga, promovido por Conjunto Residencial Las Heras S.L. y sin que transcurrieran dos años, como marca la Ley, informó sobre el aprovechamiento urbanístico de unas parcelas en la Carretera de Burgos a instancia de esta misma empresa, que era propietaria de los terrenos.

Al margen de estos casos y otros menos llamativos incluidos por el Grupo Socialista en su informe-denuncia fechado en julio de 2011, el director de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento emitió informe exculpatorio sobre el proceder de Álvarez Aller en septiembre de 2011.

Según las conclusiones de ese informe, Álvarez Aller no incurrió en incompatibilidad al informar proyectos de Parkosa porque mantenía con la promotora “una vinculación indirecta” que no le obligaba a abstenerse. Y, en todo caso, según el informe jurídico, “de existir los incumplimientos denunciados, la falta estaría prescrita”.

Lo mismo que se indica sobre las actuaciones relacionadas con la relación mantenida con sus colega Jesús Manuel Gómez Gaite: “No se llega a plantear la amistad íntima como causa de abstención” y, en todo caso “habría que considerar que la infracción estaría prescrita”.

Más llamativo es el pronunciamiento sobre el caso de los áticos de la vivienda del alcalde, Javier León de la Riva, que señala textualmente: “Ha de desestimarse la concurrencia de la causa de abstención que se pretende fundamentar en la elaboración de Álvarez Aller de un proyecto de legalización del edificio de Plaza de Zorrilla, al tratarse de un proyecto redactado en cumplimiento de un mandato superior y en beneficio del interés municipal”.

La “prescripción” es el argumento que también se utiliza para desinflar la denuncia sobre Piensos CIA, sobre las relaciones con el Grupo Capitol y Conjunto Residencial las Heras S.L.

En definitiva, un arquitecto municipal que ha mantenido durante años “amistades peligrosas” con determinados profesionales y empresas promotoras y que se libró de ser expedientado, fundamentalmente, por la prescripción de las faltas recopiladas por el Grupo Municipal Socialista. Tres años después, este arquitecto es, sin embargo, uno de los principales protagonistas de los más llamativos casos de irregularidades urbanísticas de la ciudad que se dilucidarán en sede judicial en los próximos meses.

 

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