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Ulibarri y Méndez Pozo, los dueños de Televisión Castilla y León.
Ulibarri y Méndez Pozo, los dueños de Televisión Castilla y León.

18 millones de ‘ayuda directa’ de la Junta a la TV de Méndez Pozo y el imputado Ulibarri

Por primera vez se hace público el listado en el que figuran sindicatos, empresarios, cofradías, empresas como Renault y hasta la asociación de fiscales
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Valladolid

Castilla y León respalda a CyLTV”. Así tituló el Diario de León el 28 de abril del año pasado la información sobre el acto de celebración de la gala “5 años contigo” a la que asistió una “amplia la representación institucional” encabezada  por los consejeros de la Junta, la por entonces presidenta de las Cortes, María Josefa García Cirac; el ya ex delegado del Gobierno, Juan Carlos Suárez-Quiñones (hoy consejero de Medio Ambiente); el ahora reelegido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción; el presidente del Consejo Consultivo, Mario Amilivia; el procurador del Común, Javier Amoedo; el presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo, y el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Germán Barrios, además de los consejeros de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez; Hacienda, Pilar del Olmo y las en ese momento titulares de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente; Cultura y Turismo, Alicia García; Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván; Sanidad, Antonio Sáez, y Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos.

Todos ellos, según indicó el propio diario, arroparon a los presidentes del Grupo Promecal y Edigrup Media, Antonio Miguel Méndez Pozo (condenado en el Caso de la Construcción de Burgos)  y José Luis Ulibarri (el empresario imputado en una de las piezas de la trama Gürtel), que sólo dos meses habían conocido que la Junta de Castilla y León había autorizado la concesión de una “ayuda directa” de 18 millones de euros para su televisión privada.

La ayuda directa, autorizada por la consejería de Fomento y Medio Ambiente en ese momento dirigida por Antonio Silván, para la que no se especifica su objeto o finalidad, forma parte del listado que, por primera vez, ha publicado la Junta de Castilla y León este mes de febrero y que hasta ahora solo conocían determinadas personas en la Junta (funcionarios de confianza y altos cargos, básicamente).

Esta ‘ayuda directa’ de 18 millones de euros, es, al margen de las concedidas a determinados grupos de municipios, una de las más importantes de este listado (hasta ahora casi secreto), en el que también se incluyen aportaciones económicas para los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT), empresarios, juntas de cofradías, empresas como Renault y hasta la asociación de fiscales.

Todo un reparto discrecional que se ha utilizado durante años como una vía de inyectar dinero público donde a la Junta le parece oportuno y simplemente utilizando la coletilla de que existen razones que acreditan el interés público, social, económico, humanitario o de otra índole debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

Hasta ahora este listado de ayudas directas estaba guardado bajo siete llaves, pues la Ley autonómica de Subvenciones (Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León) no preveía para las subvenciones directas, a diferencia de lo que ocurría con la Ley de Subvenciones del Estado, que hubiera obligación de publicar su concesión en el Boletín. Sin embargo ahora conforme a la normativa estatal y autonómica de transparencia (hay una Ley en cada ámbito), esta información va a tener que aparecer desde este año. De hecho se ha creado una Base de Datos Nacional de Subvenciones a la que va a tener que incorporarse obligatoriamente toda la información relativa a subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index).

Para este tipo de ayudas, además, no está establecida en ninguna norma la obligatoriedad de que sean informadas por las Asesorías Jurídicas, por lo que nunca las informan los servicios jurídicos.

Un listado sin desperdicio

A la ya sorprendente ayuda directa de 18 millones (sin explicar su objeto o finalidad) a la televisión privada de Méndez Pozo y Ulibarri que la Junta de Castilla y León utiliza groseramente como altavoz, hay que sumar otras también llamativas a los sindicatos UGT, CCOO y la patronal CECALE por “acciones de asesoramiento e información en materia de prevención de riesgos laborales” o  para la financiación de “gastos corrientes y de personal originados por el desarrollo de actuaciones en materia de drogodependencias en el ámbito laboral durante el año 2015” que suman más de un millón de euros.

También sorprende la ayuda directa de un millón de euros concedida a la multinacional francesa Renault  por un “Programa de formación a trabajadores dirigido a la implantación del tercer turno de producción en la factoría de Palencia”.

En el listado también figuran como ‘agraciadas’ con estas subvenciones directas distintas juntas de cofradías y cofradías de toda la Comunidad, así como varias ONG y el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León (que recibe 25.500 euros de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente) o la Asociación de Fiscales, que ingresa 9.000 euros de la Consejería de Presidencia “para ayudar a sufragar los gastos corrientes derivados de su funcionamiento correspondientes al año 2015”.

 

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