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Imagen de archivo de un acto del PCAS en Valladolid. Foto: últimoCero
Imagen de archivo de un acto del PCAS en Valladolid. Foto: últimoCero

Abiertas diligencias penales por las irregularidades en las “empresas garrapata” que el PCAS llevó a la Fiscalía

El Ministerio Público entiende que pueden constituir un delito de prevaricación
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Valladolid

Las irregularidades detectadas en las empresas públicas ADE Parques, Provilsa, Somacyl y ADE Financiación (bautizadas como “empresas garrapata” por no pocos funcionarios) que fueron descritas en un informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León y denunciadas por el Partido Castellano (PCAS) ante la Fiscalía de la Comunidad, ya se han transformado en unas diligencias penales después de que el ministerio público vallisoletano haya considerado que pueden ser constitutivas de un delito de prevaricación administrativa.

Los castellanistas basaron su denuncia inicial en la actividad de esta empresas entre 2010 y 2011 tal y como fiscalizó el Consejo de Cuentas de Castilla y León en un reciente informe, que evidenciaba que los responsables de estas empresas -ADE Financiación SA (actualmente Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, SA); ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León S.A.; Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A. (Provilsa); y Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (Somacyl)-, “cometieron reiteradas irregularidades en las contrataciones realizadas, con un funcionamiento claramente al margen de la ley, incumpliendo de manera abusiva la Ley de Contratos del Sector Público”.

Estos hechos, a juicio del PCAS, pudieran ser constitutivos de administración desleal, tráfico de influencias, estafa, malversación de fondos públicos y prevaricación, tipificados todos ellos como delitos en el Código Penal. La Fiscalía, sin embargo, acota ahora los presuntos delitos al de prevaricación administrativa al indicar que procede incoar diligencias de investigación.

Estas empresas incumplieron la obligación legal de comunicar los contratos al Consejo de Cuentas y al registro del Ministerio de Hacienda según lo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). En los contratos analizados no se establecieron los criterios mínimos de solvencia ni los criterios de valoración de las ofertas presentadas en los pliegos. En varios casos no se elaboró pliego de condiciones y existe coincidencia en el objeto de la contratación en muchos contratos menores, lo que induce a sospechar que fueron deliberadamente troceados. Los informes, según el PCAS, son "demoledores" y ponen en cuestión total la gestión de las Empresas Públicas de Castilla y León, ya que no respetan los principios de concurrencia y libertad de acceso, publicidad y transparencia en la contratación de obras y servicios, poniendo también en cuestión los sistemas de selección de su personal, y sembrando sombras de sospecha igualmente sobre los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones que han practicado y practican.

Basta recordar que en el periodo auditado 2010-2011, estas Empresas Públicas realizaron 300 contratos por importes cercanos a los 270 millones de euros.

En una posterior ampliación de denuncia, el PCAS planteó la posible comisión de delitos por estas empresas por la “presunta adquisición de terrenos para futuros Polígonos Industriales (como los de Portillo y del Canal de Castilla entre otros), a través de empresas intermediarias, con un incremento del 500% en el precio inicial de esos terrenos”. Así mismo los castellanistas denunciaron la “irregular absorción de estas Empresas Públicas a la Junta de Castilla y León (denunciada por el Consejo Consultivo de Castilla y León), mediante su incorporación a la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización, con la realización previa de varios ERE que han supuesto el despido de decenas de empleados que llevaban más de veinte años de ejercicio profesional, y la funcionarización de otros trabajadores de menor experiencia, sin ninguna prueba selectiva previa y con salarios que en algunos casos superan los 6.000 euros mensuales”.

Además, el PCAS considera también presuntamente delictivo, la utilización de estas Empresas Públicas durante los últimos años para “la realización de actuaciones ajenas a sus fines, sorteando la legislación, y generando una deuda de 400 millones de euros, que ahora deberá ser asumida por la Administración regional, premiando a los nefastos gestores de estas empresas con aumentos de salarios y su incorporación automática, sin oposición, en la nueva Agencia de Innovación de la Junta de Castilla y León.

Parte de las irregularidades denunciadas por el PCAS ya están siendo objeto de investigación por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid en las diligencias previas 5035/2013.

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