últimoCero
 
César Hernández y Ana Victoria Pérez, integrantes de Amnistía Internacional Valladolid. Foto: L. Fraile
César Hernández y Ana Victoria Pérez, integrantes de Amnistía Internacional Valladolid. Foto: L. Fraile

Amnistía Internacional publica un nuevo informe sobre la represión en España durante las manifestaciones pacíficas

El documento, al que han titulado con el nombre de `España: el derecho a protestar, amenazado´, se presentará este miércoles en la Facultad de Derecho durante un acto en el que habrá una mesa redonda con varios defensores de los derechos humanos
últimoCero
Valladolid

"Dos personas me empujan contra la pared y me tiran al suelo. Me sacaron fuera y se identificaron como policías. Me dijeron que estaba detenido porque había intentado agredir al consejero de Sanidad. Si no fuera por las imágenes, tendría serios problemas". Estas palabras, pronunciadas por un joven auxiliar de enfermería de Madrid que es un miembro activo de la Marea Blanca y que pertenece a la Asamblea Popular de Carabanchel 15M, es el testimonio con el que se abre el nuevo informe de Amnistía Internacional, un trabajo publicado este mes de abril en el que se denuncian las multas, los malos tratos, el uso excesivo de la fuerza y la impunidad policial durante la celebración de manifestaciones pacíficas en España.

El punto de partida de este trabajo tiene mucho que ver con la crisis financiera vivida en nuestro país. Así lo explican en este informe: "Desde el año 2008 la destrucción de puestos de trabajo, el elevado índice de desempleo, las medidas de austeridad, los recortes en servicios sociales básicos y la falta de transparencia de las autoridades al adoptar estas medidas, han hecho salir a miles de personas a la calle para protestar". Los datos hablan por sí mismos. Según el gobierno, en 2012 se celebraron más de 14.700 manifestaciones en toda España, la mayoría de ellas pacíficas. Sin embargo, acontecimientos como el violento desalojo de Plaza Cataluña del 27 de mayo de 2011 o los constantes intentos de criminalizar a los organizadores del 25S llevaron a Amnistía Internacional a empezar a recoger testimonios de activistas que habían sido víctimas de abusos policiales para dar forma a este nuevo informe, que se presentará este miércoles 30 de abril en Valladolid.

Este acto, que se celebrará a las 19 horas en el aula Jerónimo Zurita de la Facultad de Derecho (2ª planta), incluirá el desarrollo de una mesa redonda en la que intervendrán la periodista, profesora e integrante del Consejo de Dirección del Observatorio de Derechos Humanos de la UVa Marta Redondo, la abogada e integrante del Observatorio para la defensa de los Derechos Humanos Oteando Rocío Matilla, la también abogada y miembro de STOP Desahucios y de la Asamblea de Afectados del 2F Victoria Hernando, así como el abogado y responsable de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Amnistía Internacional Valladolid César Hernández.

El informe `España: el derecho a protestar, amenazado´ (que puede descargarse desde la página web de Amnistía), está centrado en la vulneración del derecho a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión desde 2011 hasta 2013, aspecto que aparece analizado a través de declaraciones verbales, vídeos y fotografías. En total se ha entrevistado a una treintena de víctimas, familiares, periodistas, abogados y representantes de organizaciones de derechos humanos. También incluye declaraciones de diferentes grupos parlamentarios, así como de varios representantes del Sindicato Unificado de Policía (SUP), el principal sindicato policial. Las 93 páginas de este documento aluden a manifestaciones y concentraciones como la celebrada el 12 de mayo de 2012 en la plaza del Sol para celebrar el primer aniversario del 15M, la manifestación del 25 de septiembre de 2012, conocida como `Rodea el Congreso´ o la manifestación celebrada en Barcelona durante el 14 de noviembre de 2012 tras la jornada de huelga general. A pesar del intenso trabajo de recogida de testimonios ha habido casos de concentraciones, como la celebrada el pasado 2 de febrero en Valladolid (donde se produjo un claro abuso de la fuerza policial), que no han podido incluirse en este informe debido a la falta de tiempo.

En uno de los primeros capítulos de este documento se recogen aspectos como una comparativa entre el derecho a la libertad de reunión pacífica en la legislación y las normas internacionales y el que existe en la legislación y las prácticas españolas. Esto incluye las restricciones a la celebración de reuniones o la prohibición de las manifestaciones en las cercanías de los domicilios y lugares de trabajo de los políticos.

También hay un apartado sobre las sanciones a los organizadores y participantes de estas manifestaciones, que suelen tener un efecto disuasorio de la protesta. Tal y como se recoge en el informe, algunos miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han acumulado hasta un total de 40.000 euros en multas. "Esto genera una situación grotesca, en la que quienes intentan ejercer sus derechos humanos y protestar para reclamarlos son sancionados por hacerlo", escriben en este texto desde Amnistía Internacional. Además, muchos de estos participantes, tal y como recoge este informe, suelen ser insultados y etiquetados de una forma muy concreta. He aquí algunos ejemplos. En un informe en el que se presentaba el Plan de Mejora de la Seguridad y la Convivencia del Barrio de Lavapiés 2012-2015, las autoridades señalaron que "grupos de jóvenes, bastante relacionados con grupos antisistema de todo tipo [...] querían convertir Lavapiés en un referente de su protesta". Por otro lado, el alcalde de Gandía (Valencia), ha llegado a declarar que la PAH copiaba métodos "nazis" y la portavoz de esta plataforma, Ada Colau, tuvo que escuchar cómo la delegada de Gobierno de Madrid se refería personalmente a ella como una persona vinculada a "grupos filoetarras".

A esto se añade un capítulo dedicado al abuso de la fuerza durante las actuaciones policiales en las manifestaciones, donde se recogen datos sobre el uso excesivo del material antidisturbios o de la fuerza y malos tratos al practicar detenciones, así como sobre el trato bajo custodia policial o el trato degradante por motivos de género. En relación al empleo de porras, este informe advierte de que los golpes en la "cabeza, el cuello y la garganta, la columna vertebral, la zona lumbar y el plexo solar pueden provocar lesiones importantes con contusiones y rotura de órganos internos, incluidos el corazón, el hígado, el bazo o los riñones". En este capítulo se alude también al empleo de bolas de goma, aspecto que aparece mencionado a través del testimonio de Ester Quintana, quien perdió su ojo izquierdo por un disparo de este artefacto.

También se alude en este capítulo a detenciones policiales en las que los detenidos tuvieron que pasar largas horas de pie frente a una pared, a manifestaciones en las que las mujeres se enfrentan a insultos sexistas emitidos por fuerzas del orden o a ataques contra los periodistas durante las manifestaciones. En relación a este aspecto, según el informe de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, al menos 53 periodistas (reporteros, fotógrafos, cámaras) resultaron heridos en 2012 en distintas localidades de España al ser golpeados por agentes de la policía mientras informaban sobre protestas sociales.

En este informe también se denuncia la existencia de una investigación inadecuada de las violaciones de derechos humanos cometidas por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, donde destacan los repetidos casos de falta de identificación de los agentes. A modo de cierre, este documento de 93 páginas recoge las reformas que se quieren introducir tanto en el Código Penal como en la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana que, según Amnistía Internacional, "afectan directamente al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica". Estas modificaciones, según indican, tendrán como efecto "ampliar el abanico de conductas punibles en el contexto de manifestaciones, incrementando la severidad de las penas que pueden imponerse y reduciendo las garantías procesales a disposición de los acusados".

Para sumar apoyos a esta nueva campaña, a la que han llamado `No pienso callarme´, los integrantes de Amnistía Internacional Valladolid saldrán a la calle este sábado 3 de mayo para recoger firmas por la defensa del derecho de reunión y manifestación. Al igual que en anteriores ocasiones, estarán de 11:30 a 14 horas en la esquina de la calle Santiago con Constitución. Asimismo, se puede apoyar esta causa a través de una petición online que, por el momento, ha alcanzado la cifra de 40.000 firmantes. Amnistía Internacional Valladolid, que a finales del pasado mes de marzo volvió a salir a la calle para sumar apoyos a su campaña global `Mi cuerpo, mis derechos´ (en la que exigían el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres), cuenta con 800 socios en Valladolid, aunque sólo dispone de diez activistas en la ciudad para canalizar sus acciones. "Necesitamos más gente para apoyarnos en áreas como la de mujer, educación en derechos humanos, comunicación, organización de campañas, así como para iniciar una línea de investigación sobre la vulneración de los derechos humanos por parte de las empresas", señalan Ana Victoria Pérez y César Hernández, integrantes del grupo local de Amnistía. Según adelantan, la próxima campaña global que pondrá en marcha este movimiento tendrá lugar en junio, se llamará `STOP Tortura´ y contará con dos países prioritarios: México y Marruecos.

Noticia relacionada:

Oteando continúa su lucha por la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad

 

Bodegas Hiriart - Cigales

 

Formulario de búsqueda

 
Presentación | El equipo | Videos de Apoyo | Suscríbete | Contacta