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El Fiscal y el abogado de la acusación popular, José María de la Red. Foto: Carlos Arranz
El Fiscal y el abogado de la acusación popular, José María de la Red. Foto: Carlos Arranz

Caso Arroyo: “Sin recibos, las compras de casas y los préstamos son regalos de Mahía”

La Acusación Popular rebaja su petición de penas para ir de la mano con la Fiscalía y suprime un delito de cohecho para el arquitecto municipal
G. V.
Valladolid

“Si no hay recibos, es que nadie ha pagado y, por tanto, las supuestas compras de casas y concesiones de préstamos son, en realidad, regalos de la constructora Mahía a algunos de los acusados”. Este es, a grandes rasgos, el resumen del informe final de la Acusación Popular del caso Arroyo, que considera que los seis acusados “son culpables” de los delitos de cohecho, prevaricación y malversación.

En su alegato final, centrado en las figuras del alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez Freijo y el ex delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Jesús García Galván, arremetió contra “seis años de esperpéntica instrucción” del caso y contra las “esperpénticas explicaciones” dadas por los acusados para defenderse. “Que Méndez y García Galván tienen dinero en metálico para comprar casas o devolver préstamos o cualquier otra historia no son más que burdas patrañas”, sostuvo con vehemencia el abogado José María de la Red.

El letrado de la Asociación de Vecinos Arroyo-Siglo XXI intentó anticiparse a los argumentos que los próximos días expondrán las defensas para proclamar la inocencia de sus representados y por eso hizo un recorrido por los detalles que ponen de manifiesto que ni Méndez ni García Galván “pagaron ni las casas ni los préstamos que les regaló la constructora Mahía” como compensación al “trato de favor” que se dispensó a la firma gallega en el municipio vallisoletano de Arroyo.

Cuentas 'B'

De la Red, incluso, fue más allá al asegurar que no le importa que los documentos confidenciales aportados por uno de los testigos (Manuel Gómez Maroñas, ex socio de Mahía) que prueban la existencia de una contabilidad ‘B’ en la constructora desde la que se hacían pagos en sobres a distintas personas, acaben siendo anulados, como solicitan buena parte de las defensas. “No me importa que se anulen esos documentos. No me importa lo que haya hecho Mahía con esos asientos contables. Si no hay recibos, es que nadie ha pagado”, insistió una y otra vez.

También puso de manifiesto que Mahía no ha construido en un 4% del término de Arroyo, como sostiene las defensas, sino que ha promovido “más de 1.000 viviendas de las 6.000 que en total se han levantado en ese periodo de tiempo”, que las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento “fueron modificadas tan sólo un año después, para atender los requerimientos de Mahía” y que la actitud del arquitecto municipal, Buenaventudra Conde Salazar, también imputado en esta causa, es “vergonzosa” y “desleal con los intereses públicos” por el trato dispensado a Mahía y no a otras constructoras. “‘Bocho’ (apodo del arquitecto) saber, sabe y entender, entiende, lo que no sabemos es lo que sabe ni entendemos lo que él entiende”, sentenció sobre el funcionario interino de Arroyo.

En la parte final de su intervención no faltaron las citas bíblicas (Eclesiastés) tras volver a asegurar que “todos los acusados son culpables”. “Hay un tiempo para vivir y otro para morir. Uno para reir y otro para llorar. (En este caso) Ha habido un tiempo para los corruptos y este es el tiempo de la Justicia. Los ciudadanos necesitan una condena para poder creer en algo. El poder político no puede hacer de su capa un sayo y reirse de los ciudadanos”, concluyó.

Fiscalía

Minutos antes, el Ministerio Público, con similares argumentos, había expuesto su informe final, en el que, como la Acusación Popular, sostuvo que las compras de casas y los préstamos concedidos son “en realidad, regalos” de Mahía a algunos de los imputados, que se dispensó un trato de favor a la constructora y que, tanto Méndez como García Galván “usaron dinero en efectivo para evitar que se supiera de dónde sale y adónde va el dinero”.

El fiscal sostuvo que ese trato de favor se concreta en que se “prescindió de las normas esenciales del procedimiento y a sabiendas de que iba contra la legalidad vigente”. “No tenemos duda de que la casa de Mugardos fue un regalo de Casal (apoderado de Mahía acusado) a García Galván”, aseguró el representante del Ministerio Público tras haber apuntado distintas contradicciones detectadas tras escuchar a los acusados y a los distintos testigos.

En cuanto al regalo de los columpios que sin informes hizo el alcalde de Arroyo a su municipio natal de As Nogais, fue contundente: “El alcalde dispuso de un bien municipal a su antojo. Si los columpios no valían para los niños de Arroyo, tampoco tendrían que valer para los de As Nogais”, dijo.

El Fiscal, que retiró en su escrito de conclusiones el delito de cohecho que imputaba al arquitecto municipal (mantiene el de prevaricación), pide en términos globales 36,5 años de cárcel para los 6 acusados y multas que en conjunto suman 2,1. La Acusación Popular, que en principio pedía condenas que sumaban 58,5 años de cárcel, finalmente se adhirió a la petición de la Fiscalía “para no romper la unidad de acusación”, lo que fue interpretado por algunas defensas como “un repliegue de velas”. La Acusación Popular, en todo caso, solicitó como pena alternativa que los delitos de cochecho fueran considerados como continuados.

El juicio continua mañana con los informes finales de las defensas.

 

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