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El ex diputado del PP y acusado, Jesús García Galván, con su abogado. Foto: Carlos Arranz
El ex diputado del PP y acusado, Jesús García Galván, con su abogado. Foto: Carlos Arranz

Caso Arroyo: Aparecen sobres y desaparecen los pagos de las casas de Méndez y García Galván

El demoledor testimonio de la ex cajera de Mahía pone contra las cuerdas a los principales acusados
G. V.
Valladolid

La tercera sesión del juicio del caso Arroyo ha deparado una sorpresa mayúscula. La ex cajera de Mahía, la constructora supuestamente favorecida por los principales acusados, les ha puesto contra las cuerdas al asegurar que, por orden de sus superiores, ella era la encargada de elaborar regularmente los sobres con dinero que se hacían llegar a Valladolid. Por si esto fuera poco, ha confirmado las tesis de la acusación: no le consta que ni el alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez Freijó, ni el ex diputado y concejal Jesús García Galván, ingresaran las cantidades con las que aseguran que compraron las casas a Mahía. Las compras, a medida que avanza la vista oral, cada vez se parecen más a un regalo.

La declaración de Verónica Rodríguez Casal, a través de videoconferencia, ha apuntalado las tesis de las acusaciones (Fiscalía y Asociación de vecinos Arroyo-Siglo XXI). Ella se encargaba de recibir y meter en la caja principal de Mahía el dinero que los compradores de pisos le daban por adelantado. También entregaba los recibos del las entradas y salidas de dinero de la citada caja y... ¡sorpresa!, nunca vio ni recibió ninguna cantidad similar a las que dijeron haber entregado Méndez Freijo y García Galván por la compra de sus viviendas (en Villagarcía de Arosa y Mugardos, respectivamente). “Yo lo recordaría si me hubieran entregado una cantidad tan elevada de dinero en metálico”, aseguró sin dudar.

Pero por si esto fuera poco, la cajera, que a preguntas de las defensas aseguró no estar coaccionada ni amenazada ni por ningún abogado ni por el testigo en esta causa y socio fundador de Mahía, Manuel Gómez Maroñas, desveló uno de los ingredientes fundamentales en toda presunta trama de corrupción urbanística que se precie: los sobres con dinero que salen de una constructora y van a parar a “colaboradores”. “No sé si era dinero ‘A’ o ‘B’, pero yo sí que he confeccionado esos sobres. Ramón López Casal (el responsable de Mahía acusado en este caso), Encarnación Blanco o Ignacio Rodríguez (dos de los testigos que comparecieron ayer y cuya firma aparece en la supuesta contabilidad ‘B’ de la constructora) eran los que me entregaban un listado con los sobres que había que enviar. Yo ponía iniciales en los sobres y se enviaban a distintos sitios”, confirmó a preguntas de la acusación popular, tras haber aclarado que en la constructora gallega “caja y contabilidad no estaban juntas”.

Este ha sido el testimonio más importante que se ha podido escuchar hoy en la sala de vistas por la que también han pasado otros testigos de las distintas defensas.

 El empresario Ramón López Casal. Foto: Carlos Arranz

El empresario Ramón López Casal. Foto: Carlos Arranz

La mejor defensa un ¿buen? ataque

Uno de ellos ha sido Enrique Alonso Ramírez, el ex socio y amigo de Jesús García Galván, propietario de la empresa que acabó comprando el ya famoso chalé de Mugardos que el ex diputado y ex concejal sigue visitando esporádicamente. Afirmó que García Galván vendió el inmueble “por necesidad” y no porque el caso hubiera trascendido a los medios de comunicación y que su sociedad lo compró “como una oportunidad de inversión”.

El abogado de Méndez Freijo, Javier Gómez de Liaño (desde esta tarde también defensor del ex tesorero del PP encarcelado, Luis Bárcenas), aprovechó su declaración para ‘atacar’ a la acusación popular al preguntarle sobre un futbolín que su representado regaló a la peña gastronómica “La Anchoa del Cantábrico” de la que formaba parte, no sólo el abogado de la acusación popular, José María de la Red, sino también el acusado en esta causa, Jesús García Galván, y otra decena de personas. Méndez acudió como invitado de García Galván a dos de esas reuniones que se celebraban una vez al mes y, en la segunda ocasión, se presentó con un futbolín de los que comercializaba su antigua empresa (Recreativos Dema) a modo de regalo a la citada peña.

Secretario de Arroyo

El secretario municipal de Arroyo, Carlos Rodríguez, también ha declarado como testigo. Ha asegurado que era “normal” que los técnicos del Ayuntamiento remitieran a las constructoras “los errores a subsanar” en la tramitación de distintos expedientes urbanísticos, que “sólo en el caso de Mahía” se produjo una disquisición técnica sobre la consideración como consolidado o no del suelo de un sector urbanístico y que, en cualquier caso en el consistorio “no se dispensaba un trato favorable” a esa constructora.

Sin embargo, lo más jugoso de su declaración no tuvo que ver con una cuestión estrictamente urbanística, sino con unos columpios. Los que el alcalde de Arroyo regaló a un concejal amigo suyo en la localidad de As Nogais, después de haberlos retirado de una zona ajardinada de La Vega.

Ha reconocido que ese ‘regalo’ no está amparado con ningún expediente de donación de bien patrimonial y que él fue quien “con posterioridad” a que se produjera el regalo, elaboró un informe que lo justificaba, no a petición del alcalde, sino del juez de Instrucción número 1 de Valladolid, que ya había comenzado a instruir la presente causa.

El abogado de la acusación popular, José María de la Red. Foto: Carlos Arranz

No han respondido a las expectativas las declaraciones de Florentino González Rodríguez, albacea de la familia Ibáñez (propietaria de buena parte del suelo del término municipal de Arroyo) ni la del arquitecto Francisco Javier González Barriuso (que hizo el proyecto de la vivienda del alcalde de Arroyo, trabajó para Mahía y formó una sociedad con la mujer del arquitecto municipal también acusado en esa causa, Buenaventura Conde Salazar).

El primero dijo que no vio “nada extraño” en el trato que el Consistorio arroyano dispensaba a Mahía y describió, sin dar muchos detalles, el proyecto de “una permuta triangular entre el Ayuntamiento, Inter IKEA y la familia Ibáñez” para propiciar la instalación en el municipio de la multinacional sueca del mueble.

El arquitecto González Barriuso poco o nada aportó que no se supiera ya sobre sus relaciones con Mahía y sus relaciones societarias con la mujer del arquitecto municipal Conde Salazar.

Ha cerrado la tercera sesión del juicio la declaración de Miguel Ángel García García, un empleado de Méndez que trabajó para él en una de sus empresas en Portugal. Preguntado por la defensa de Méndez, se ha esforzado en dejar claro que la buena marcha de sus negocios en el país vecino le permitía disponer de grandes sumas de dinero en efectivo. “Préstamos de 2, 3 o 4 millones de escudos”, aseguró el vendedor antes de reconocer que estaba “agradecido a Méndez” por haberle dado trabajo.

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