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José Manuel Méndez
José Manuel Méndez. Foto: Carlos Arranz

Caso Arroyo: El juicio más esperado comienza ‘capado’

El tribunal no admite una prueba documental clave sobre la contabilidad de Mahía y ningún acusado responde a las preguntas de la acusación popular
G. V.
Valladolid

El esperado juicio por el caso Arroyo, uno de los mayores escándalos urbanísticos acontecidos en la historia reciente de la Comunidad, ha comenzado hoy ‘capado’: el tribunal no ha admitido una prueba documental clave referida a la contabilidad de la constructora Mahía y ninguno de los acusados que han prestado declaración ha querido contestar (acogiéndose a su derecho constitucional) a las preguntas de la acusación popular ejercida por la Asociación de Vecinos Arroyo-Siglo XXI.

Así ha comenzado la vista oral en la que se sientan en el banquillo, acusados de delitos de cohecho, prevaricación, malversación y delitos urbanísticos el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez; los empresarios constructores, Ramón López Casal y José Presas Zobra; la empleada de la constructora Mahía e hija del ex diputado Dionisio Miguel Recio, María Iluminada Miguel Recio; el arquitecto municipal de Arroyo, Buenaventura Conde Salazar; y el hasta hace tan sólo unos días concejal de Valladolid y diputado provincial, ex presidente de la Comisión Provincial de Urbanismo, Jesús García Galván. Para todos ellos el Ministerio Fiscal solicita penas que en conjunto suman 36,5 años de prisión y multas que suman más de 2,1 millones de euros. La acusación popular eleva la petición de penas a 58,5 años de cárcel y multas que rozan los 8 millones de euros.

La primera sesión del juicio, que en principio está previsto que se desarrolle hasta el próximo 18 de julio, ha servido para ver cómo las defensas de los acusados han desplegado una misma línea argumental sin que el Ministerio Público, única acusación a la que han accedido a contestar los acusados, haya abordado cuestiones clave que rodean a este caso y que ponen de manifiesto la existencia de una trama de corrupción urbanística en Arroyo de la Encomienda.

Al margen del rechazo de la prueba documental determinante (un informe pericial encargado a Hacienda por la juez de Instrucción 1 de Santiago de Compostela sobre la contabilidad de la constructora Mahía), que pone de manifiesto que lo que se presenta como una compra de viviendas por parte del propio alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez Freijo, y el ex concejal y diputado, Jesús García Galván, fue en realidad, un ‘regalo’ por parte de la constructora, ya que los pagos no figuraban en sus asientos contables, otras muchas cuestiones se han quedado en el tintero.

Por ejemplo, el fiscal no ha formulado pregunta alguna sobre el nivel económico del alcalde Méndez Freijo, que según un informe de la Agencia Tributaria, durante el periodo comprendido entre 2003 y 2007, recoge “ingresos no declarados por un importe superior a los 830.000 euros” mientras las declaraciones del IRPF le salían a devolver (casi 15.000 euros en ese periodo).

Tampoco nada se ha preguntado al alcalde sobre su mujer y su relación con el albacea de la familia Ibáñez (propietaria de buena parte del suelo del municipio de Arroyo antes de las recalificaciones), Florentino González Rodríguez.

Más curiosa aún resulta la falta de preguntas acerca de la empresa Dafranma, constituida por tres hermanos de la acusada María Iluminada De Miguel, que acabaron trabajando para la empresa Mahía después de haber adquirido viviendas en el SAU 13.

Los empresarios constructores, Ramón López Casal y José Presas Zobra. Foto: Carlos Arranz

Lo que sí que ha quedado claro es que José Manuel Méndez Freijo y el propio ex diputado Jesús García Galván, tienen por costumbre comprar casas a la constructora Mahía con dinero en metálico, transportando para ello si hace falta el dinero fuera de Valladolid y, como en el caso del alcalde, comprando “sobre plano”, sin que la construcción de la vivienda se hubiera iniciado, ‘soltar’ el dinero por adelantado.

También ha resultado llamativa la declaración del ex socio del alcalde, José Presas Zobra, que ha confesado que el “crédito personal” de 30 millones de pesetas que Mahía concedió a Méndez era, en realidad, para la empresa que ambos tenían con un tercer socio (Recreativos Dema). Ese dinero, que según el documento firmado por Méndez en 2001 debía devolverse con intereses en un corto plazo de tiempo, según la confesión de Presas Zobra, no se reintegró por completo “hasta 2006” y, sorprendentemente, “sin tener que pagar intereses”.

El interrogatorio de María Iluminada de Miguel, la que fue secretaria de Méndez y Presas en la empresa Recreativos Dema, también ha dejado alguna perla. Ella misma y a preguntas del Fiscal y su abogado defensor, ha dejado claro que llegó a firmar un convenio urbanístico con su ex jefe ya convertido en alcalde para poder construir más de 2.800 viviendas “sin saber lo que firmaba” y por “orden de Mahía”. La acusación popular considera que sólo esta operación generaría unas plusvalías a la constructora de casi 54 millones de euros.

María Iluminada Miguel Recio, empleada de la constructora Mahía e hija del ex diputado Dionisio Miguel Recio. Foto: C. Arranz

María Iluminada Miguel Recio, empleada de la constructora Mahía e hija del ex diputado Dionisio Miguel. Foto: C. Arranz

Por lo demás, los cuatro acusados que han declarado en esta primera sesión del juicio, como no podría ser de otra manera, han defendido su inocencia. José Manuel Méndez ha asegurado que no ha dispensado trato de favor a la constructora gallega, que todas las propuestas urbanísticas de Mahía que fueron aprobadas “contaron con informes favorables de los técnicos municipales” y que lejos de ser ‘regalos’, las casas de las que disfruta fueron “compradas” a ‘tocateja’, ya que disponía de recursos económicos suficientes gracias a varias empresas. “He tenido CIF portugués”, ha llegado a declarar.

Algo parecido ha ocurrido con José Presas Zobra, el ex socio de Méndez, que ha asumido como una gestión propia para salvar la empresa Dema el crédito personal firmado por Méndez y que él se encargó de devolver, con un retraso de años, pero sin intereses, en dos pagos de 15 millones de pesetas a la empresa Mahía.

También el representante de Mahía acusado en este juicio, Ramón López Casal, ha negado cualquier trato de favor del alcalde hacia su empresa y viceversa: “En Arroyo hemos perdido mucho tiempo y dinero”, llegó a apuntar.

El juicio continúa mañana con las declaraciones del arquitecto municipal, Buenaventura Conde Salazar y el ex diputado provincial, Jesús García Galván.

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