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Fachada del Palacio de Justicia donde tiene su sede la Audiencia Provincial. Foto: Carlos Arranz
Fachada del Palacio de Justicia donde tiene su sede la Audiencia Provincial. Foto: Carlos Arranz

Caso Arroyo: un juicio especial con normas especiales para periodistas

La Audiencia sólo permitirá tomar declaraciones al final de cada sesión y en una sala concreta habilitada al efecto
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Valladolid

El juicio por el Caso Arroyo, que se inicia mañana, no sólo es especial por la identidad y entidad de los 6 acusados que se sientan en el banquillo, sino porque la Audiencia de Valladolid ha dictado órdenes concretas a los medios de comunicación sobre cómo desarrollar su trabajo.

El presidente de la Audiencia vallisoletana, Feliciano Trebolle, ha hecho llegar a los medios, a través del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia, tres normas “de obligado cumplimiento” que habitualmente no se comunican cuando, en esa misma sala, se juzga a presuntos ‘delincuentes comunes’.

Y es que desde mañana se sientan en el banquillo el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, los empresarios constructores, Ramón López Casal y José Presas Zobra, la empleada de la constructora Mahía e hija del ex diputado Dionisio Miguel Recio, María Iluminada Miguel Recio, el arquitecto municipal de Arroyo, Buenaventura Conde Salazar, y el hasta hace tan sólo unos días concejal de Valladolid y diputado provincial, ex presidente de la Comisión Provincial de Urbanismo, Jesús García Galván.

Para todos ellos el Ministerio Fiscal solicita penas que en conjunto suman 36,5 años de prisión y multas que suman más de 2,1 millones de euros. La Acusación Particular, ejercida por la Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI, eleva la petición de penas a 58,5 años de cárcel y multas que rozan los 8 millones de euros. Ambas partes les acusan de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y delitos urbanísticos.

El presidente de la Audiencia, en esta ocasión, a la habitual limitación de tiempo para los reporteros gráficos (sólo se pueden captar imágenes durante un periodo corto de tiempo al inicio de cada sesión y desde el fondo de la sala), ha implementado otra que impide tomar imágenes de fuera de la sala de vistas donde se celebra el juicio. El magistrado que preside la sala y la Audiencia considera que sólo la vista oral “es el acto público susceptible de interés informativo”.

A estas dos limitaciones hay que añadir una más, en este caso, referida a los redactores. “Los periodistas interesados en tomar declaraciones a quienes voluntariamente deseen atenderles (abogados, fiscales...) podrán hacerlo al final de cada sesión del juicio (no al inicio) en el lugar habilitado para ello, que será la Sala de Mediación Penal”, señala textualmente el comunicado remitido a los periodistas por el Gabinete de Prensa del TSJ. Nada que ver con lo que sucede en otros juicios, en los que es habitual poder comentar con los abogados de las partes, e incluso con los propios acusados, incidencias antes, durante (en los recesos) y después de cada sesión en los pasillos del Palacio de Justicia.

No es la primera vez que el Gabinete de Prensa del TSJ transmite a los periodistas normas sobre cómo realizar su trabajo. Recientemente, con motivo de una declaración judicial en calidad de imputado del alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, se trató de prohibir a los redactores gráficos la toma de imágenes en los pasillos de los juzgados. El incidente motivó la protesta del decano de los abogados, Jesús Verdugo, quien en este caso, ha firmado el escrito de defensa de unos de los acusados, el ex concejal y diputado, Jesús García Galván.

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