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Arriba: Méndez Freijó  y Gómez de Liaño. Abajo: Jesús Verdugo y García Galván. Foto: Carlos Arranz
Arriba: Méndez Freijó y Gómez de Liaño. Abajo: Jesús Verdugo y García Galván. Foto: Carlos Arranz

Caso Arroyo: la Audiencia condena al alcalde por cohecho y prevaricación y absuelve a García Galván por prescripción del delito

También condena a Ramón López Casal (Mahía) por cohecho e inductor de prevaricación y al arquitecto de Arroyo, Buenaventura Conde como cooperador necesario de un delito de cohecho / el resto de acusados, absueltos
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Valladolid

Tres años de cárcel por un delito de cohecho y 8 años de inhabilitación por prevaricación.  Esta es la condena impuesta por la Audiencia Provincial al alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez Freijó, en el más importante caso de corrupción urbanística juzgado hasta la fecha en la provincia de Valladolid. El ex concejal del PP, ex diputado y ex presidente de la Comisión provincial de Urbanismo, Jesús García Galván, también acusado en este juicio, ha resultado absuelto, pero no porque no delinquiera, sino porque el delito de cohecho del que se le acusaba, ha prescrito. 

Sobre la absolución de Galván resulta especialmente siginificativo el apartado VII de los Hechos Probados que señala textualmente:

"Ramón López Casal, como presidente de Mahía, en fecha 21 de abril de 2004, transmitió gratuitamente a Jesús García Galván una vivienda chalet en el Núcleo de “O Baño”, en el municipio de Mugardos, de 196 metros cuadrados, con su parcela; inmueble que el Sr. García Galván aceptó.

A tal fin se firmó un contrato de compraventa con fecha 21 de abril de 2004 en una Notaría de Zamora, en el que intervinieron Ramón López Casal, como presidente de Mahía, propietaria de dicho inmueble, y Jesús García Galván como adquirente, indicándose un precio declarado de 148.900 euros más IVA.

En la misma fecha Jesús García Galván gravó dicho inmueble con un préstamo hipotecario de Caja Duero por importe de 166.000 euros, que le fue ingresado el mismo día 21 de abril de 2004 en la cuenta de dicha entidad de la que era titular.

Sin embargo, en realidad, el importe de ese préstamo hipotecario no se destinó al pago de la vivienda, sino que  pocos días después Jesús García Galván sacó de esa cuenta 148.000 euros en efectivo, dedicándolo a otros fines distintos al abono del chalet de Mugardos.

No hubo pago de precio de dicho inmueble, ni fue reclamado el mismo.

Esta entrega gratuita se realizó por parte de Ramón López Casal como consecuencia de las actuaciones y decisiones tomadas por Jesús García Galván, en cuanto presidente de la Comisión territorial de urbanismo, a favor de los intereses de Mahía, como fue el acuerdo de 3 de abril de 2002 aprobando la modificación puntual del SAU-13 de Arroyo de la Encomienda sobre el asunto de la papelera; y a fin de que atendiera los intereses que dicha sociedad tenía en los expedientes urbanísticos de Arroyo de la Encomienda, dado que la citada Comisión de urbanismo, presidida por el Sr. Galván, era el órgano competente para el control de la legalidad en dicha materia de ese municipio.

En agosto de 2007, Jesús García Galván otorgó escritura de compraventa a la empresa Entorno de Publicidad SL, cuyo representante es Enrique Alonso Ramírez, que fue socio del Sr. García Galván en la empresa Quadro comunicación SL y mantiene amistad con él. En dicha escritura figura como precio el de 190.000 euros, con subrogación en la hipoteca por 150.909 euros y con reembolso del resto (39.090 euros), mediante el libramiento de cuatro pagarés".

Algo parecido ha ocurrido con otro de los delitos que se le imputaban al alcalde de Arroyo. El cohecho que se le imputaba por haber recibido como regalo un préstamo de 30 millones de pesetas, también ha prescrito.

El aprtado III de los Hechos Probados de la sentencia también es demoledor:

"Así José Manuel Méndez Freijo recibió de Ramón López Casal, como representante de Mahía Grupo Inmobiliario SL, la cantidad de 30 millones de las antiguas pesetas, en efectivo, suscribiendo a tal efecto el documento de 5 de mayo de 2001 en el que interviene el Sr. Méndez Freijo, en nombre propio. Dicho documento indica que se le entrega esa cantidad en calidad de préstamo y que su importe se reintegrará a Mahía Grupo Inmobiliario en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de firma del presente contrato.

El destino de ese dinero era pagar el descubierto de la póliza de crédito nº 000.757 que Recreativos Dema SA había contratado con Caja España el 7 de mayo de 1998, ante la mala situación económica que atravesaba aquella mercantil. El día 7 de mayo de 2001, José Manuel Méndez Freijo, con ese dinero, canceló la mencionada deuda realizando un ingreso total de treinta millones cuatrocientas treinta y ocho mil trescientas diez pesetas.

Pero ese denominado préstamo en realidad fue un regalo pues no consta fuera devuelto a Mahía ni reclamado por dicha sociedad. En los ejercicios anuales de las cuentas de Mahía de los años 2004 y 2005, debidamente auditadas, figura en el apartado “otros créditos”, es decir: sin intereses, por el plazo de 1 año y prorrogable tácitamente a su vencimiento y como préstamo sin devolver.

Mediante dicha operación se inició una vinculación entre José Manuel Méndez Freijo y Ramón López Casal para favorecer los intereses urbanísticos de Mahía en el municipio de Arroyo de la Encomienda.

Méndez no es el único condenado en esta causa. El responsable de la constructora Mahía, Ramón López Casal, ha sido condenado a 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como inductor de un delito de prevaricación. Además, se le condena a 3 años de cárcel como autor de un delito de cohecho, así como al pago de una multa de 132.000 euros. También en este caso López Casal se libra de la condena por dos delitos de cohecho por prescripción del delito".

El tercer condenado en esta causa es el arquitecto municipal de Arroyo, Buenaventura Conde Salazar, como cooperador necesario de un delito de prevaricación: 7 años de inhabilitación especial para el empleo público.

El resto de acusados ha resultado absuelto. Es el caso de María Iluminada Miguel Fernández, hija del ex diputado provincial Dionisio Miguel Recio, y del socio del al alcalde de Arroyo, José Presas Zobra.

Contra este fallo, que no es firme, cabe recurso de casación ante la misma sala en el plazo de 5 días.

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