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El ex jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Valladolid, José Luis Barca
El ex jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Valladolid, José Luis Barca. Foto: Carlos Arranz

Caso PGOU: los dos abogados del Ayuntamiento ratifican ahora como imputados lo que antes declararon como testigos

Las alteraciones en la parcela de Cáritas centraron buena parte del interrogatorio a los funcionarios municipales
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Valladolid

El que fuera jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Valladolid, José Luis Barca (ya jubilado) y el todavía letrado municipal Luis Ángel Lavín Deza, ratificaron hoy ante el juez, como imputados, lo que meses atrás habían declarado, en calidad de testigos, sobre el caso de la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se investiga en Instrucción 1 desde hace casi 5 años.

Su declaración en calidad de imputados a petición del fiscal, según las fuentes del caso consultadas por últimoCero, no aportó grandes novedades, ya que ambos se ratificaron en su declaración anterior, en la que reconocieron ser los autores del informe de 16 páginas (“interesado por la alcaldía” y publicado por últimoCero el pasado día 16 de abril) en el que se ponían de manifiesto más de 60 alteraciones del PGOU con las que, según la Fiscalía, se favorecían los intereses de determinadas empresas constructoras de la ciudad.

En el citado informe, los dos letrados ahora imputados reconocen la existencia de “errores” entre el texto del PGOU que aprobó el pleno municipal y el que finalmente salió publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, aunque señalan que no todos tienen la misma gravedad. Ellos agrupan esos “errores” en tres grupos: los “irrelevantes”, los que califican como “discordancias” y los que “no tienen justificación”. Incluido en este último grupo está el “injustificable error” que hace referencia a la parcela de Cáritas, en la calle José María Lacort y que ayer centró buena parte de las pesquisas judiciales y del Ministerio Público. 

Luis Ángel Lavín Deza

La Fiscalía había pedido al juez que solicitara al juez instructor, José María Crespo, el convenio firmado en su día con la Fundación Emilio Álvarez Gallego y el expediente de modificación puntual del PGOU. La petición se produjo después de que Ángel Ceballos Buendía, ex presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Julia Álvarez Arregui, sobrina de Emilio Álvarez Gallego, solicitaran al Ministerio Público una investigación al tener conocimiento de que los planes de la Fundación Emilio Álvarez pasan por construir en esa parcela, donde antes estaban el colegio de sordos y la sede de Cáritas, un complejo inmobiliario con spa y apartamentos.

El celebrado hoy es un trámite judicial más en un caso que data de 2003 (fecha de la alteración del PGOU), que se empezó a investigar judicialmente hace casi 5 años y en el que ya han declarado como imputados más de una veintena de personas (entre técnicos municipales y cargos públicos), entre ellas, el propio alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva y los concejales y ex concejales del PP Tomás Punzano, María Luisa Ramírez, José Carlos Muñoz Mateos, Gonzalo Hernández Santamaría o Manuel Sánchez.

El ex concejal de urbanismo, José Antonio García de Coca, es, junto al alcalde, el principal imputado en esta causa. A principios de año, cuando declaró ante el juez, culpó de todo lo ocurrido al que fuera arquitecto municipal, Carlos Cándido Fraile Casares, fallecido en 2006.

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