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La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente. Foto: CCyL
La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente. Foto: CCyL

Ciudadanos acusa a la presidenta de las Cortes de impedir el blindaje de los funcionarios de la Junta que denuncien corruptelas

La formación naranja, que había asumido la propuesta de Pladepu, culpa a Silvia Clemente de no haber permitido su aprobación en el pleno de las Cortes / En su etapa de consejera de Agricultura ‘desterró’ a una funcionaria por filtrar algunas facturas
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Valladolid

Ciudadanos ha denunciado hoy que la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, ha impedido hoy que saliera adelante una propuesta de la Plataforma en Defensa de lo Público asumida por el partido de Rivera en Castilla y León para blindar a los funcionarios que den el paso de denunciar corruptelas en el seno de la Junta de Castilla y León.

Así lo ha puesto de manifiesto esta misma tarde el partido naranja al término de la sesión plenaria a través de una nota de prensa en la que la lamentan su “tozudez” al impedir la inclusión de una enmienda a una PNL instantes antes de ser votada, como marca el Reglamento del Parlamento regional  

“La presidenta de las Cortes ha trasladado el enfrentamiento que vive con su propio partido a la Cámara, y ha impedido que saliese adelante la PNL presentada por Ciudadanos”, ha señalado el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes Luis Fuentes.

“Es la presidenta de una Mesa que prefiere echar atrás una propuesta clave en la lucha contra la corrupción con tal de no atender la voluntad de la mayoría”, ha asegurado sin hacer referencia a lo que marca el Reglamento a la hora de incluir enmiendas una vez superados los debates.

“Ciudadanos no busca el enfrentamiento. Queríamos alcanzar un consenso entre todos y lograr el necesario acuerdo para proteger a los empleados públicos”, ha defendido Luis Fuentes, quien ha recordado que se trata de “una propuesta innovadora y una oportunidad de Castilla y León para liderar una apuesta decidida por la transparencia en la lucha contra la corrupción en nuestro país”.

La propuesta de Pladepu asumida por Ciudadanos estuvo a punto de contar con el apoyo del PP. Negociaciones de última hora con los populares habían servido para alcanzar un acuerdo: compromiso para elaborar un proyecto de ley al respecto en el plazo de seis meses. Una modificación de última hora, para ampliar ese plazo a un año, fue el resquicio legal que utilizó Clemente para impedir que se cambiara la propuesta de la formación naranja para conseguir el apoyo del PP. El debate ya se había producido teniendo en cuenta solo el plazo de seis meses y no cabían más enmiendas, ha argumentado, según fuentes parlamentarias.

Lo cierto es que el PP estaba en contra de la propuesta de Ciudadanos. El procurador del PP, Sanz Vitorio, en su intervención inicial, consideró que los funcionarios ya cuentan con herramientas suficientes como para denunciar con garantías y llegó a argumentar que la propuesta encima de la mesa serviría para “estigmatizar” a los empleados públicos para sorpresa del resto de grupos.

Ya debatida la PNL, fue cuando comenzaron las negociaciones de última hora entre el PP y C’s. Justo antes de la votación, fue cuando se propuso la enmienda que no solo fue rechaza por la presidenta de las Cortes, sino también por el resto de partidos para dar cumplimiento al Reglamento de la Cámara.

Finalmente, la PNL fue rechazada por el PP con el inconsistente argumento de que no podían aceptar un plazo de seis meses para la elaboración de un proyecto de ley que blinde a los funcionarios de la Junta que denuncien corruptelas.

La postura del PP regional con respecto a este asunto choca frontalmente además con el programa electoral que el PP nacional presenta a las elecciones generales. Basta repasar el apartado 03 de la página 173 del programa donde se puede leer textualmente un compromiso para "mejorar la protección de los empleados públicos que denuncien actividades fraudulentas o corruptas" para descubrir la contradicción manifiesta.

La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, sabe bien qué hubiera supuesto la aprobación de esta iniciativa parlamentaria. En su etapa como consejera de Agricultura y Ganadería “desterró” a la provincia de Soria a una de las funcionarias de su Consejería al responsabilizarla de haber filtrado facturas de “supuestos” gastos de representación que formaron parte de una denuncia anónima. Denuncia que acabó siendo archivada por la Fiscalía, que no investigó uno a uno el objeto de las facturas, sino de forma global, si se habían superado o no los límites asignados para gastos de representación.

Tras describir qué se entiende por gasto de representación en la Junta de Castilla y León (una regulación “menos estricta” que la estatal), el fiscal solicitó la colaboración del Interventor general de la Junta. El informe que emitió fue suficiente para dar por concluida la ‘investigación’. “El oficio de la Intervención permitió conocer que durante 2008, 2009 y 2010 la consejera había hecho gastos siempre por debajo del límite asignado, que dichos gastos habían sido fiscalizados sin tacha por la intervención delegada en la propia Consejería y que no había otra normativa que regulase la materia que la ya tenida en cuenta”, se señaló en el decreto del Ministerio Público.

Sin embargo, no se investigaron “en detalle” las facturas que fueron aportadas en la denuncia anónima presentada ante la Fiscalía y que, según reconocieron en su día fuentes oficiales de la propia Consejería de Agricultura, podían dividirse en tres grupos bien diferenciados: por un lado había 4 facturas que “no estaban reconocidas” y de las que “no se tenía constancia” en el sistema contable de la Consejería. Una de ellas, referida al pago de una comida en un restaurante de La Seca el 25 de diciembre de 2010, incluía un sello de entrada en el registro de la Consejería.

Un segundo grupo de facturas (11) habían sido “realmente pagadas y fiscalizadas”, según reconoció el secretario general de la Consejería, que también reconoció que otras 7 facturas (referidas a compras de ropa, joyas o relojes) “ni habían sido pagadas por la Administración, ni figuraban en su sistema contable, ni habían sido reclamadas por el centro emisor, que en todos los casos era el mismo: El Corte Inglés).

Este caso, junto a otros muchos, ponen de manifiesto la necesidad de que los funcionarios de la Junta de Castilla y León, como ya ocurre en otros países de Europa, cuenten con protección a la hora de denunciar irregularidades de las que puedan ser testigos en sus puestos de trabajo y afecten a sus jefes directos.

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