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El alcalde de Valladolid, sale del juzgado tras prestar declaración como imputado. Foto: Carlos Arranz
El alcalde de Valladolid sale del juzgado tras prestar declaración como imputado. Foto: Carlos Arranz

Demoledor argumentario de la Fiscalía para que el alcalde sea imputado en el caso PGOU

últimoCero ha tenido acceso al contundente recurso de apelación presentado por el Ministerio Público en el que explica con detalle los motivos que hay para sentar en el banquillo a Javier León y al concejal Manuel Sánchez
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Valladolid

El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva y su concejal de confianza, Manuel Sánchez, deben formar parte del listado de imputados en el denominado caso PGOU en el que se investiga la manipulación de diversos artículos y planos del Plan General de Ordenación Urbana con el objetivo de favorecer los intereses de determinadas empresas.

Así lo entiende la Fiscalía de Valladolid, que ha presentado un demoledor recurso contra el auto de imputación dictado en su día por el juez instructor (José María Crespo), al igual que ha hecho la Federación de Asociaciones de Vecinos ‘Antonio Machado’, que en este caso, ejerce la acusación popular.

El escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso últimoCero, es contundente cuando apunta que hay motivos más que de sobra para que tanto el alcalde, Javier León de la Riva, como el concejal Manuel Sánchez, acaben sentados, junto al resto de imputados (entre ellos el ex concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca) en el banquillo de los acusados. “La omisión (...) de su intervención en la toma de decisiones, en los distintos expedientes investigados, no puede derivar en inexistencia de motivos para su imputación”, ya que, según la Fiscalía “no se basan (utilizando palabras del auto impugnado) en ‘recelos, sospechas o en convencimientos subjetivos sino en convencimiento objetivo y derivado de las diligencias practicadas’, así como en las resoluciones adoptadas y los datos a los que tuvieron acceso, por su cargo, uno y otro, de su jerarquía en la estructura municipal, y del alcance de sus atribuciones”, se dice en el recurso.

Descendiendo al detalle, la Fiscalía sostiene que el alcalde “ ha desempeñado este cargo, que sigue ostentando, durante todo el periodo a que se refiere la investigación” y que “en tal condición, ha delegado sus funciones en materia de urbanismo en los concejales que ha estimado oportuno y ha dado el visto bueno a los cambios que, en la dirección del Área de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, se han ido produciendo, tal y como consta en el procedimiento”.

Además, señala que el alcalde, concretamente en el caso de García de Coca, “firmó varios decretos de atribuciones” (hasta 4) y que este edil (imputado en esta causa) cuando solicitó documentos y alegaciones ante la Consejería de Fomento, “actuaba por delegación del alcalde”.

El escrito de la Fiscalía va más allá cuando apunta que “el alcalde, de forma expresa, impidió el acceso de los concejales de la documentación refundida, en el pleno del 15 de diciembre de 2003” en el que acabó aprobándose el PGOU manipulado. En ese pleno el alcalde, a preguntas de un concejal del PSOE, manifestó que “no se estaba sometiendo a aprobación el contenido de la documentación” sino si ésta debía remitirse o no a la Junta de Castilla y León.

Pese a las advertencias realizadas por la oposición, el alcalde “mantuvo su postura insistiendo en que (el PGOU) ya estaba aprobado definitivamente por la Junta”, omitiendo que la aprobación definitiva de la Consejería de Fomento, estaba condicionada “de forma que la rígida postura mantenida por el alcalde, cuando presidió la sesión del pleno, apunta a la voluntad de hacer llegar la documentación a la Junta de Castilla y León sin pasar por el ‘filtro’ que habría supuesto la posibilidad de su examen por los concejales”.

 

El alcalde sube al coche oficial tras prestar declaración en el juzgado. Foto: Carlos Arranz

El Ministerio Público va incluso más allá al apuntar que “aún cuando se admitiera que ninguna intervención tuvo (el alcalde) en las manipulaciones fraudulentas que se atribuyen a otros imputados, es un hecho objetivo que ha presidido todas las sesiones de la Junta de Gobierno Local en que se han adoptado acuerdos relacionados con los hechos investigados, así como los plenos de la corporación en que se han debatido cuestiones relacionadas con estos hechos investigados, incluidos aquellos en que se aprobó inicial y provisionalmente la modificación del PGOU”. “Con motivo de la adopción de estos acuerdos, tenía acceso a los informes técnicos y, desde luego, al contenido de las propuestas cuya aprobación era objeto de cada una de las sesiones”, sentencia la Fiscalía en su recurso antes de apuntar algunos ejemplos concretos.

Carretera de Madrid

Este es el caso de la sesión que Javier León presidió el 23 de marzo de 2007, en la que se aprobó el estudio de detalle de unas parcelas en la Carretera de Madrid, donde la manipulación del PGOU permitió que en una zona en la que estaba previsto poder construir 9 viviendas se pudieran construir aproximadamente 124.

Otro ejemplo. “El alcalde, que había firmado previamente un convenio con Parkosa, presidió la Junta de Gobierno en la que se concedió licencia de obras y el proyecto básico para la construcción del complejo asistencial para personas mayores en Arca Real 54”, señala el recurso de la Fiscalía antes de recordar que “la figura de los apartamentos tutelados no aparecía en la normativa aprobada provisionalmente en marzo de 2003, ni en la documentación presentada posteriormente atendiendo a los requerimientos de la Consejería de Fomento, ni estaba regulada en la normativa autonómica de Castilla y León”.

“Si (el alcalde) no había observado hasta ese momento la ‘alteración’ del artículo 297 dela normativa ¿tampoco alertó de ello el contenido de reposición interpuesto por la Asociación de Defensa del Entorno Natural del Pinar de Antequera, contra el citado acuerdo? El alcalde suscribió el acuerdo, desestimando ese recurso” y otro posterior en el mismo sentido apunta el Ministerio Público dejando así constancia de la anomalía que supone seguir adelante con la tramitación de estos expedientes “a pesar de estas expresas advertencias sobre las anomalías”.

Cáritas

Por si todos estos ejemplos fueran pocos, la Fiscalía vallisoletana apunta algunos más. Uno de ellos es la aprobación del estudio de detalle de la parcela de Cáritas en la que el alcalde, al frente del pleno, intervino en su aprobación definitiva “a pesar de los informes de la arquitecto municipal, de abril y diciembre de 2005, en los que se hacía referencia expresa a las discrepancias, especialmente en lo que concernía a la calificación del suelo”. A mayores, el alcalde “intervino en la adopción de los posteriores acuerdos, aunque no se había publicado el del pleno del 6 de mayo de 2006, lo cual no se produjo hasta 2008, cuando las actuaciones previstas por la promotora Parkosa ya se habían consumado”.

En este punto concreto, a la Fiscalía le llama la atención “otro dato más a ponderar” por el juez. Y no es otro que la declaración del testigo Lino Collazos del Castillo, representante de la Fundación Emilio Álvarez Gallego, propietaria de las parcelas en cuyo subsuelo se construyó finalmente el aparcamiento subterráneo, por Parkosa. “Éste, como por escrito había alegado anteriormente en este procedimiento penal, al ser preguntado acerca de la idea de ubicar allí dicho aparcamiento, respondió, sin titubear, que fue del alcalde, que había visitado la parcela en más de una ocasión, acompañado por técnicos, y le había indicado que la misma tenía problemas urbanísticos, iniciándose una serie de contactos que se prolongaron en el tiempo, con diversas reuniones en el Ayuntamiento, en las que el testigo recordaba la presencia del concejal García de Coca”. Demoledor.

Y aquí no acaba el listado de argumentos con los que la Fiscalía sostiene la necesidad de imputar al alcalde en esta causa. Tras recordar que “el Ayuntamiento ha sido parte en procedimientos contencioso administrativos en los que ya se venían alegando contradicciones entre los textos aprobados y publicados del PGOU”, apunta el caso de Enertec y los pleitos planteados por los trabajadores en los que ya se alegaba que “el texto refundido (del PGOU) no se ajustaba a los documentos que refundía”.

Por último, con respecto a la pretendida imputación del alcalde, la Fiscalía señala que “la alcaldía ha tenido la iniciativa para la tramitación de la Pieza Separada número 7 del expediente 3/2002 de modificación del PGOU, que se ha dado en denominar de ‘corrección o rectificación de errores’”. “El informe lo encargó el alcalde, a través de la Secretaría General, a la Asesoría Jurídica general, pero, aunque en su inicio diga que la solicitud del estudio se ha hecho ‘inmediatamente de suscitarse la posible existencia de irregularidades como consecuencia de la denunciada falta de coincidencia del texto refundido redactado con la documentación que fue objeto de aprobación provisional por el Ayuntamiento pleno’, ya se habían puesto de manifiesto esas discordancias”.

Y es que el alcalde, según el recurso de la Fiscalía, cuando se suscitó la aprobación en pleno de esa ‘rectificación de errores materiales’, “defendió personalmente ese calificativo negando, frente a la interpretación de algunos concejales de la oposición, toda posibilidad de que hubiera manipulaciones, tratando de restar importancia a los llamados ‘errores’”. En esa fecha ya se habían incoado las diligencias penales para investigar este caso y la Fiscalía entiende que “el aludido expediente, a la vista de su contenido, parece que apuntaba a soslayar las posibles consecuencias de la instrucción de la causa Penal”.

Manuel Sánchez interviene en un pleno municipal. Foto: C. Arranz

Manuel Sánchez

El recurso del Ministerio Público vallisoletano también reclama la imputación del concejal Manuel Sánchez, que desde 2007 a 2011, ocupó la Concejalía Delegada del Área de Planificación, Infraestructuras, Movilidad y Patrimonio, que intervino en la adopción de los diferentes acuerdos a que se refiere la instrucción de este caso.

“Los hechos objetivados en la causa desvirtúan las declaraciones exculpatorias de estos encausados (Javier León y Manuel Sánchez)”, llega a puntar la Fiscalía en su recurso, que concluye con una crítica a la redacción del auto de imputación. “En el Auto se señala que quien toma las decisiones es quien tiene la responsabilidad, salvo que el técnico incurra en conducta negligente o dolosa y consiga ocultarlo. No describe, sin embargo, de qué forma los técnicos imputados, que no intervenían ni en las Juntas de Gobierno ni en los plenos municipales, consiguieron esa ‘ocultación’ cuando había informes negativos de los arquitectos municipales en los expedientes, recursos en que se alegaban las manipulaciones del PGOU, ni de qué forma lograron que los responsables municipales hicieran caso omiso de los mismos, no leyeran documento alguno, ni cómo obtuvieron –no presidiendo el grupo municipal, ni ostentando la concejalía competente en la materia- el apoyo de los demás concejales del grupo mayoritario, en el que el sentido del voto fue siempre unánime”.

Y es que la fiscalía lo tiene más que claro. El alcalde y los concejales son órganos de Gobierno, “frente a los que, aunque colaboren con ellos, tienen carácter consultivo e informativo, cuyas actuaciones, aunque puedan constituir ilícito penal, como se recoge en el auto de imputación, no eximen de la responsabilidad, que en este mismo ámbito, pueda exigirse a los primeros”.

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