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La consejera de Familia, Alicia García.
La consejera de Familia, Alicia García.

Denuncia contra la Junta y varias empresas ante la Inspección de Trabajo por cesión ilegal de trabajadores

CCOO ha conseguido documentar 83 casos en diversas sedes de la Consejería de Familia
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Valladolid

La sección sindical de CCOO en administración regional ha interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo de Valladolid contra la Junta de Castilla y León y varias empresas por cesión ilegal de trabajadores.

El sindicato, tras varios meses de investigación ha detectado “de forma fehaciente” en diversas sedes de la Consejería de Familia en Valladolid, un total de 83 contratos afectados por esta presunta cesión ilegal, ya que desarrollan su trabajo en edificios públicos de la Comunidad, realizan tareas propias de los empleados públicos, tiene acceso a los mismos programas y base de datos que ellos, están bajo la dirección y el control de la Administración, y ésta es la que aporta los bienes informáticos y materiales para el desempeño de su trabajo.

Según la información difundida por CCOO, en las dependencias de la Consejería de Familia que dirige Alicia García hay 25 trabajadores que pertenecen a la Fundación Acción Social y Tutela. Además, 5 de las personas que trabajan en el programa de “Apoyo a las familias en riesgo de desahucio”, tampoco son empleados públicos. En la Gerencia de Servicios Sociales, calle Padre Francisco Suárez número 2, hay trabajadores que prestan servicios através de la empresa de trabajo temporal Eulen Flexiplan y la Fundación Acción Social y Tutela, puestos de técnico medio de proyectos europeos, técnicos medios y administrativos. También se han contratado a través de Conectis a 16 trabajadores informáticos.  En la Gerencia Territorial, calle Dos de Mayo 14 y García Valladolid no 1, hay trabajadores a través de Eulen Flexiplan y Fundación Acción Social y Tutela, destinados a Dependencia, Sección de Prestaciones y Renta Garantizada. Por último, en la Residencia de Tercera de Edad de Parquesol hay 2 personas realizando distintas funciones administrativas que no pertenecen a la plantilla del centro.

CCOO reconoce que “es cierto que la Junta, con la ley en la mano, puede utilizar la técnica de subcontratación basándose en supuestas razones de eficacia o agilidad en la prestación del servicio público, pero eso no la exime de cumplir con la legalidad vigente en materia de contratación pública y de respetar, en materia laboral, lo dispuesto en el art. 42 del Estatuto de los Trabajadores y normas concordantes”. “En estos casos que hemos citado, por las razones expuestas, desde CCOO estimamos que se está vulnerando flagrantemente la ley”, afirman.

Del mismo modo,  CCOO no considera que “las subcontrataciones aporten a la gestión administrativa ni más eficacia ni más agilidad”. “Al contrario, estos procesos lo único que hacen es favorecer los intereses de determinados empresarios que actúan como meros intermediarios laborales y que consiguen espurios beneficios empresariales a costa de pagar poco y mal a esos trabajadores (en ocasiones con la mitad del salario que un funcionario de la misma categoría)”.

Los responsables de CCOO piensan que estas tareas han de ser llevadas a cabo por empleados públicos (funcionarios y/o laborales) por razones obvias: Debe velarse por la confidencialidad de los datos de los ciudadanos y ciudadanas; Debe cuidarse la legalidad en la tramitación de los expedientes con los que se trabaja; Deben exigirse unos conocimientos técnicos y un nivel de profesionalidad en el tratamiento de la documentación, acreditados y contrastados sobradamente en el personal público de la Comunidad”.

“Al elaborar la denuncia nos hemos encontrado con la paradoja de que en un mismo despacho, ‘mesa con mesa’ pueden encontrarse estos trabajadores presuntamente cedidos ilegalmente, cargados de trabajo, y empleados públicos ‘brazo sobre brazo’, porque se les han retirado sus funciones. En CCOO nos parece una evidente prueba de pésima gestión administrativa y un ejemplo claro de despilfarro económico por parte de los responsables de la Consejería: La Consejera, el Secretario General y el Gerente de Servicios Sociales”, relata el sindicato.

“Desde CCOO entendemos que el dinero público debe ser gestionado con transparencia y con eficiencia, y los servicios públicos han de ser prestados por auténticos profesionales en la materia, de los que abundan en la Consejería de Familia”, indican.

“Si hay cargas de trabajo extraordinarias en momentos determinados, en primer lugar, no tiene sentido no dárselo a los empleados públicos de la propia Consejería, y en segundo lugar, hay mecanismos más que suficientes para afrontarlas sin necesidad de acudir a estas subcontrataciones que presuntamente incurren en la ilegalidad. Se debe recurrir a la utilización de las bolsas de empleo existentes y proceder a la oportuna contratación de personal interino; si a través de ellas no puede darse una respuesta adecuada, se podrá acudir, siempre de forma excepcional, a la figura del contrato por obra o servicio determinado del capítulo VI del Presupuesto de gastos. Por otra parte, si se estima que esta necesidad es estructural habría que crear los puestos necesarios en la RPT, ofrecerlos a través de concurso de traslados, convocatoria de promoción interna y después proceder a la convocatoria de plazas en la oferta pública de empleo”, apunta el sindicato.

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