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García de Coca, con su abogado, el 10 de enero de 2013, día en que acudió a declarar como imputado. Foto: C. Arranz

Dos abogados del Ayuntamiento citados a declarar como imputados en el 'Caso PGOU'

Abierta una nueva vía de investigación sobre las alteraciones del Plan General
F. V.
Valladolid

Las citaciones recibidas por los abogados José Luis Barca Sebastián y Luis Ángel Lavín Deza para que comparezcan en calidad de imputados en el Juzgado de Instrucción número 1 el próximo día 24 de Abril, abren una nueva vía de investigación en el caso de las graves alteraciones introducidas en 2003 en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid.

Los dos letrados, que ya comparecieron en el juzgado como testigos, son autores de un informe encargado a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento por el alcalde, Javier León de la Riva, también imputado en el 'Caso PGOU'. El infome, de 16 folios, fue utilizado por el alcalde como " corrección de errores" -léase irregularidades interesadas- detectados en el Plan General y fue remitido, tras su aprobación en Pleno municipal, a la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, cuyo titular era y es Antonio Silván, para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

"Las discordancias denunciadas no son todas -respecto de 33 artículos del texto refundido- o no constituyen exceso de la función refundidora -en cuanto a 25 preceptos-", se puede leer en el informe de los dos abogados, de fecha 14 de julio de 2008.

"Por lo que se refiere", continúa el informe, "al resto de los artículos cuestionados -9 preceptos., su contenido debiera ser objeto de corrección en los concretos extremos y de la forma que en cada caso se ha indicado a fin de ajustarlos a los términos resultantes de la aprobación definitiva, apreciándose que se trata de simples errores. Solamente en cuanto a un precepto, revisten cierta importancia, siendo los restantes de entidad menor".

Respecto a los cinco planos controvertidos, Barca y Lavín estimaron que en tres de ellos no existen desajustes o no se aprecian ilegalidad en su elaboración. "Deben ser subsanados los errores advertidos en los otros dos, si bien en uno de ellos el error carece de importancia".

José Luis Barca era el jefe de la Asesoría Jurídica, y en la actualidad está jubilado desde el año 2011. Luis Ángel Lavín fue nombrado -cargo de libre designación- por el Ayuntamiento jefe de la Secretaría Ejecutiva del Área de Urbanismo, en diciembre de 1997. Los dos han sido citados por el juez, José María Crespo, a petición de Fiscalía.

Javier Izquierdo, portavoz del Grupo Municipal Socialista -que puso en julio de 2008 en conocimiento del Ministerio Fiscal las irregularidades en el PGOU-, destacó hoy dos momentos en el caso: "La propia manipulación y el intento de encubrir las alteraciones ilícitas de 67 artículos y cinco planos".

"Estos dos letrados [Barca y Lavín] dieron carta de naturaleza a la corrección. No sólo ha habido delitos, sino después intentos de echar tierra sobre el asunto. Estas citaciones como imputados abren una nueva vía, no en la manipulación, pero sí en las posibles responsabilidades", opinó Javier Izquierdo.

Carlos Castro, abogado de la acusación popular, ejercida por la Federación de Asociaciones Vecinales 'Antonio Machado', no había recibido a última hora de la mañana de hoy la notificación de las citaciones para declarar José Luis Barca y Luis Ángel Lavín.

"Ninguna de las defensas lo ha pedido, no es su función; intuyo que ha sido Fiscalía. Entiendo que podrían ser acusados. La ley exige que te reciban declaración como imputado para poder acusados", manifestó Castro.

ANULADAS LAS CORRECCIONES

El PSOE interpuso un recurso contra la Orden de 1 de septiembre de 2008 del consejero de Fomento por la que se corregían los errores materiales en la Modificación del PGOU.

La sentencia, de 2 de febrero de 2013, de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, declaró nula de pleno derecho por su disconformidad con el ordenamiento jurídico, "la Orden de 1 de septiembre de 2008 del Consejero de Fomento de la Junta de Casttilla y león (publicada en el BOP de Valladolid de 23 de sptiembre de 2008), por la que se corrigen errores materiales en la Modificación del PLan General de Ordenaicón Urbana de Valladolid, para su adaptación a la ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, así como las Orden de 4 de noviembre de 2009 de la misma Consejería de Fomento por la que se inadmite el recurso de reposición formulado contra la anterior".

Hasta el momento, son ya una veintena los imputados por el juez de Instrucción número 1. Además del alcalde, Javier Léon de la Riva, lo están, entre otros, actuales concejales, como Manuel Sánchez y Gonzalo Hernández, así como los exediles: José Carlos Muñoz, Tomás Punzano María Luisa Ramírez, o José Antonio García de Coca, exconcejal de Urbanismo y sobre uno de los que recaer las mayores sospechas, aunque ha intentado culpabilizar a un arquitecto municipal fallecido en abril de 2006: Carlos Cándido Fraile Casares.

FUNDACIÓN EMILIO ÁLVAREZ

Fiscalía ha pedido al juez de Instrucción número 1 que solicite al Ayuntamiento documentación relacionada con la Fundación Emilio Álvarez Gallego, así como el expediente de modificación puntual del PGOU en las parcelas de la calle José María Lacort y Simón Aranda, donde estaba la obra social de sordos y Cáritas, y sobre las que ha construído viviendas y aparcamiento Parkosa, la empresa de los hermanos de la concejala Mercedes Cantalapiedra: Luis Julio, Juan Antonio y Luis Fernado.

Esta petición guarda relación con la denuncia presentada por la sobrina de Emilio Álvarez, Julia Álvarez Arregui, y Ángel Ceballos Buendía, en la que alertan de un nuevo proyecto inmobiliario que incluye un spa.

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