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Óscar Puente atiende a los medios antes de presentar la denuncia en la Fiscalía. Foto: úC
Óscar Puente atiende a los medios antes de presentar la denuncia en la Fiscalía. Foto: úC

El alcalde retrasó la investigación del PSOE sobre los contratos menores y recomendó la jubilación al Jefe de Mantenimiento

Óscar Puente, tras presentar la denuncia en la Fiscalía, ya habla del “asunto de corrupción más grave detectado en el Consistorio, incluido el caso PGOU”
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Valladolid

El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, puso pegas y trató de retrasar la investigación abierta por el PSOE para cotejar los contratos menores que ahora prueban la “trama de corrupción” detectada en torno al ya ex Jefe de Mantenimiento, Luis Alberto Samaniego Conde, según ha informado hoy el presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente, que, además, ha desvelado que el propio alcalde le informó de la recomendación de jubilación al ex funcionario que, sin embargo, había llegado a plantear prorrogar su permanencia en el cargo (tiene 64 años y 9 meses).

A las puertas del Palacio de Justicia, minutos antes de presentar una denuncia en la Fiscalía que amplía sustancialmente la ya presentada por el equipo de Gobierno (un listado de 451 contratos por importe de más de 2,5 millones de euros para las 11 empresas directamente vinculadas con el ex Jefe de Mantenimiento), Puente no ha tenido reparo en calificar este “caso de corrupción” como “el más grave detectado en el Consistorio, incluido el caso PGOU”.

Los palos en las ruedas puestos por parte del alcalde y la intervención se detallan en la denuncia presentada. El 2 de diciembre de 2013 el concejal Pedro Herrero registró una pregunta escrita para que fuera respondida en el pleno sobre los contratos menores. Dos días después, el alcalde, apoyado en un informe del vicesecretario general del Ayuntamiento, opina que “la pregunta no es procedente en un pleno”. En ese pleno, no se permitió a Herrero formular la pregunta con el pretexto de que “los funcionarios no están para trabajar para la oposición”.

Casi dos meses después, el PSOE volvió a reiterar su solicitud y fue el 5 de febrero cuando el alcalde, sin facilitar la información requerida, les remitió a la intervención “para la consulta de facturas”.

Así las cosas, los socialistas se dirigieron otra vez a la intervención que, sólo 5 meses después de la primera solicitud, remitió un primer archivo informático referido a contratos menores, pero sólo correspondientes al año 2013.

El resto de archivos, correspondientes a los años 2011, y 2012, finalmente, se facilitaron el 29 de mayo de 2014, aunque eso sí, sin que en los contratos figurara el nombre de las empresas, aunque sí su CIF, que son los que han tenido que ir cotejando hasta destapar “la trama familiar” del ex Jefe de Mantenimiento.

“Casualmente, o no”, se relata en la denuncia, “con fecha 3 de junio de 2014, es decir, de manera simultánea a que el Grupo Municipal Socialista accediera a la documentación solicitada y en relación con el contenido de la misma, el Ayuntamiento de Valladolid dicta Decreto acordando incoar expediente disciplinario a D. Luis Alberto Samaniego Conde por faltas disciplinarias muy graves”.

últimoCero, el día 6 de junio, fue el primer medio de comunicación que informó de la apertura del expediente al funcionario con una noticia que se amplió el 12 de junio adelantando que las empresas vinculadas al funcionario habían facturado al Ayuntamiento más de 530.000 euros en tan sólo un año.

Era sólo la punta del iceberg. El PSOE poco después hacía público el resultado de su rastreo de contratos y su intención de llevarlos a la Fiscalía: En tres años, las 11 empresas vinculadas a Samaniego habían facturado al Consistorio más de 2,5 millones de euros.

Las cantidades “elevadísimas” a las que ascienden los numerosos contratos adjudicados pueden ser, señala Puente en su escrito de denuncia, “tan sólo una mínima parte del total de adjudicaciones que se les haya otorgado a dichas empresas, teniendo en cuenta que los ejercicios 2011 a 2013, son los de cifra de inversión más baja de la historia municipal, que en 2009 y 2010 el Ayuntamiento dispuso de 96 millones de euros adicionales procedentes del Plan E y que la antigüedad de algunas de las empresas permite sospechar que con anterioridad se levaron a cabo contratos en una situación económica más boyante de la administración municipal”.

El escrito subraya que “no puede pasarse por alto el que en la relación de contratos acompañada se observa un aparente fraccionamiento de servicios y obras con la clara finalidad de eludir modalidades contractuales que dificultasen o impidiesen la adjudicación a las empresas relacionadas en la denuncia”.

“Por la información que vamos recibiendo, hay mucho más dinero, muchos más contratos y muchos más años; este es un asunto que va a traer mucha cola. Me atrevo a decir que estamos ante el caso de corrupción más grave detectado en el Ayuntamiento de Valladolid, incluido el caso PGOU”, afirma el presidente del Grupo Municipal Socialista.

Puente añade que no se cree la versión oficial del Ayuntamiento cuando ayer, la alcaldesa accidental, Mercedes Cantalapiedra, aseguró que desconocían este asunto hasta que cruzaron números de teléfono y descubrieron la identidad de las empresas. “Rotundamente no. Como siempre, el Ayuntamiento se esfuerza en que lo que parezca, sea, y ha actuado en este asunto claramente en beneficio del infractor”, dijo.

“En este asunto sobran expedientes disciplinarios. Cualquiera que tenga un mínimo conocimiento jurídico, detecta que tiene connotaciones delictivas, y se arregla poniéndolo en manos de la Justicia, que es lo que tenía que haber hecho el equipo de Gobierno desde el minuto uno, no con una palmadita en espalda y una jubilación”, indicó.

Prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y/o negociaciones prohibidas a funcionarios públicos son los presuntos delitos que el PSOE apunta en la denuncia que ya está en poder de la Fiscalía vallisoletana.

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