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El Ayuntamiento recurrirá la sentencia del TSJ que anula la construcción de 4.610 viviendas junto a los nuevos talleres de Renfe

Presentará un recurso de casación en el Supremo ya que los técnicos ven “motivos suficientes” / IU dice que el TSJ falla así porque “no hay nada que justifique” tal edificación / Mañana se celebra un pleno sobre el soterramiento
M.A.R.
Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid recurrirá en el Tribunal Supremo a través de un recurso de casación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la que anula la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que permitía la construcción de 4.610 nuevas viviendas en las inmediaciones de los nuevos talleres de Renfe, en el páramo de San Isidro, al considerar que “no son necesarias”, puesto que el Consistorio aprobó un número limitado de licencias en 2008 y 2009 y, en aplicación de la Ley estatal del Suelo y la Ley de Urbanismo de Castilla y León, no existía en Valladolid “la necesidad de ampliar el suelo con destino residencial”.

No obstante, el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, ha anunciado esta mañana que el equipo de Gobierno ya ha tomado la decisión de presentar el recurso de casación ya que “la sentencia no es firme”, medida que también adoptará la Junta de Castilla y León.

La concejala de Urbanismo, Cristina Vidal, cree que hay “motivos suficientes” para presentar el recurso, a tenor del análisis del equipo técnico del Consistorio, puesto que la sentencia “se basa en una ley estatal y podría haber errores de interpretación”. Además, la edil popular considera que el TSJ cae en el error al considerar que el Ayuntamiento programa la edificación alegando necesidad de vivienda, sino que está justificado “por planes y programas que aprobó el Ministerio de Fomento”, quien autorizó la evaluación ambiental y porque “hay que adecuar los suelos del complejo ferroviario al planeamiento urbanístico”.

Asimismo, León de la Riva no ve claros algunos puntos de la sentencia, porque, al igual que Cristina Vidal, recordó que los talleres cuentan con esa declaración de impacto ambiental. El primer edil se apoyó en la “especialidad” de las normas de los complejos y sistemas ferroviarios.

En todo caso, tanto alcalde como concejala han negado que la sentencia pueda retrasar el inicio de la actividad de los nuevos talleres de Renfe, ahora llamados ‘base de mantenimiento integral’ (BMI), prevista para finales de este año, cuando comience el traslado de trabajadores.

La sentencia, que salió a la luz el pasado 15 de febrero, falla contra la modificación del Plan General llevada a cabo en 2008 y aprobada por Antonio Silván, consejero de Fomento, y contra la negativa de la anterior consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, de no someter el cambio del PGOU a la correspondiente evaluación de impacto ambiental.

De este modo, esos terrenos, expropiados a particulares, se quedan sin soporte urbanístico, unas fincas que el Ayuntamiento se comprometió a aportar a coste cero a cambio de ofrecer a los propietarios un aprovechamiento urbanístico. No obstante, si el Tribunal Supremo no toca la sentencia del TSJ y esos terrenos siguen sin una catalogación legal dentro del PGOU, “el Ayuntamiento tendría que aportar la cantidad correspondiente por la expropiación”, según Javier Izquierdo, portavoz del Grupo Municipal Socialista, o “compensar con ese aprovechamiento en otras áreas”, otra opción que baraja Manuel Saravia, de Izquierda Unida.

El concejal de IU ha asegurado que el TSJ falla así porque “no hay nada que justifique” la intención del PP de construir esa cantidad de viviendas en un momento en el que hay casas vacías, no se compra y las operaciones de venta de suelo del Ayuntamiento para edificar son prácticamente nulas. “La cuestión de fondo del acuerdo del TSJ es que ese modelo de construcción es imposible de sostener ahora, sino que está sustentado en el modelo expansivo que se llevaba a cabo hace años, cuando todo lo que se construía se vendía y ahora es justo al contrario”, ha explicado Manuel Saravia.

SOTERRAMIENTO, MÁS ESPERA

No hay otra opción para el Ayuntamiento de Valladolid, según el alcalde, aunque éste ha reconocido que el soterramiento se tendrá que posponer a “tiempos mejores”.

El edil hizo una rueda de reconocimiento a las obras que se acometen en la ciudad correspondientes al denominado ‘Plan Rogers’ (el cual sigue en vigor y se integrará en el nuevo PGOU) ante la Comisión de Estrategias del Consejo Social de Valladolid, anterior al Pleno monográfico sobre el soterramiento que hay convocado para mañana. Después, en rueda de prensa, ha reconocido que la espina dorsal, el mencionado soterramiento, deberá esperar hasta que no haya “una valoración del suelo que se libere”.

El ‘espíritu’ que ha tratado de transmitir el alcalde es la de duras negociaciones de Valladolid Alta Velocidad (integrada por el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y el Estado y que gestiona la integración de ese medio de transporte en la ciudad) con el equipo que ha desarrollado el Plan Rogers para mermar los costes lo máximo posible y garantizar la viabilidad de las obras, las cuales siguen en marcha “según lo previsto” aunque con algunas variaciones en cuanto al coste de las mismas.

Por ejemplo, se ha desechado la idea de que se construya una estación de trenes provisional En el caso concreto del túnel que pasaría por debajo de Arco Ladrillo, aunque “no sea tan bonito”, se va a recortar “sensiblemente”, ya que de la forma prevista no era viable económicamente.

El edil también se refirió a los citados nuevos talleres ferroviarios, que albergarán la base de mantenimiento integral y junto a la que se pretende construir 4.610 viviendas. Este complejo, cuyo presupuesto supera los 136 millones de euros, podrá comenzar a funcionar durante el último trimestre de 2013 gracias a, según León de la Riva, la finalización en septiembre del ramal norte de casi 8 kilómetros. Esta vía, destinada al desvío de mercancías, finalizará en su totalidad (17,5 kilómetros) en 2015, ya que el actual Ministerio de Fomento ha adelantado los plazos impuestos por el anterior, fijados como fecha límite de finalización en 2018.

Además, el alcalde espera que este mes se adjudiquen las obras de urbanización del Pinar de Antequera, presupuestadas inicialmente en 2,5 millones de euros y que ahora el Consistorio pretende concederlas por 1,6 y con una fecha de inicio dentro de este año.

NADA NUEVO

Tanto PSOE como IU han coincidido en que esta ‘rueda de reconocimiento’ del alcalde no ha aportado “ninguna novedad”. Es más, Javier Izquierdo, portavoz del Grupo Municipal Socialista, ha asegurado que la reunión con el Consejo Social de Valladolid y la posterior rueda de prensa responden a la solicitud de información del PSOE acerca de la evolución del Plan Rogers y del soterramiento, pero lo que ocurre es que “el alcalde prefiere informar antes en rueda de prensa” que oficialmente, lo cual es “una burla a los ciudadanos”.

De hecho, el Pleno convocado para mañana, que tratará sobre el soterramiento, se celebra a petición del PSOE, y, “como no ha podido convocarlo junto a un Pleno ordinario para diluir el asunto, lo ha puesto a las 8.30 de la mañana para que tenga la menor repercusión posible”, ha manifestado Izquierdo.

El Ayuntamiento ha contado en primer lugar el estado de las obras a la Comisión de Estrategias del Consejo Social de Valladolid, un organismo que “no tiene vida propia” porque suele ir a las reuniones “con las propuestas ya cerradas” por el equipo de Gobierno, ha comentado Saravia. “Hacen algunas aportaciones”, ha añadido, “pero son menores, porque las decisiones importantes ya han sido tomadas”.

MOCIÓN

Ante la falta de información, los “escasos avances” y la poca concreción, el Grupo Municipal Socialista ha presentado una moción, la cual se debatirá mañana en el Pleno Extraordinario, en la que solicita la creación de una “comisión especial” integrada “no sólo por representantes políticos, sino también por representantes vecinales, agentes económicos y sociales así como por otros colectivos que puedan aportar opinión y propuestas para la operación”, se desprende del texto.

La comisión será de “seguimiento” y en ella tendrán “voz y voto” todos los colectivos representados, además de dar lugar a la opción de invitar “a otras organizaciones y profesionales expertos en la materia, así como a representantes de las otras administraciones implicadas en la operación ferroviaria”.

El PSOE pide que en ella participen asesores municipales y que su presidencia sea “rotatoria”, eso sí, “excluyendo a quienes sean miembros de la corporación”, y se deberá reunir “cada dos meses”. Deberá elaborar, como mínimo, un informe anual “que será sometido al pleno para su conocimiento, debate y, en su caso, votación de las propuestas que contuviera”.

 

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