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Una vivienda deshabitada en el barrio de Arroyo. Foto: C. Chávez
Una vivienda deshabitada en el barrio de Arroyo. Foto: C. Chávez

El Gobierno no da marcha atrás en la supresión de parte de las ayudas a la subsidiación de hipotecas

Implica un desembolso de hasta 150 euros mensuales para los 50.000 afectados de Castilla y León / El día 5 expira el plazo para presentar recurso de inconstitucionalidad
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Valladolid

La Plataforma de Afectados por la desaparición de parte de las ayudas a la subsidiación de hipotecas para viviendas de protección oficial (VPO) ha conocido hoy, por boca de la directora general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio que el Gobierno no tiene intención de dar marcha atrás en sus intenciones.

Se seguirán concediendo las ayudas durante los 5 primeros años de vida de la hipoteca, pero desaparecerán las prórrogas que hasta ahora venían siendo habituales lo que, en la práctica, supondrá que los afectados (alrededor de 50.000 en Castilla y León, 7.000 de ellos de Valladolid) tendrán que afrontar el pago mensual de entre 120 y 150 € más.

Según Pablo Gerbolés, representante de los afectados en la Comunidad que hoy ha asistido al encuentro con los responsables de Vivienda, el Ministerio ha dejado claro que “no tiene dinero” para prorrogar estas ayudas como se venía haciendo habitualmente con lo que “a muchas familias, que se decidieron a comprar una VPO calculando que podrían beneficiarse de esas ayudas, les han descuadrado las cuentas por completo”.

“No se pueden quitar ayudas concedidas a toro pasado. La supresión de esas prórrogas que antes eran automáticas en esas línea de subvenciones puede convertirse en numerosos desahucios", comenta Gerbolés antes de apuntar que le parece "lamentable" que sus interlocutores en el Ministerio hayan llegado a insinuar que la culpa de esas posibles situaciones límite la tiene la gente que decidió hipotecarse.

Ante la negativa del Ministerio a reconsiderar esa supresión de la prórroga de las ayudas Gerbolés indica que hay dos vías judiciales a seguir. La más efectiva es la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, que sólo está en manos de los partidos políticos. "Parece que Izquierda Plural y el PSOE están dispuestos a presentarlo, pero el plazo para presentarlo vence el día 5 y no sabemos qué pasará al final. La otra solución pasa por presentar de forma individual un recurso, pero no todos los afectados pueden gastar el dinero en pleitear con la administración y menos aún ahora, con las nuevas tasas de Gallardón", explica Pablo Gerbolés.

Los representantes de la Plataforma, que ayer presentaron 33.000 firmas de protesta en el Ministerio contra esta medida, celebrarán una asamblea informativa en Valladolid el próximo día 17.

 

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