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Terrenos de la zona durante años funcionó la empresa Nicas. Foto: últimoCero
Terrenos de la zona durante años funcionó la empresa Nicas. Foto: últimoCero

El jefe del servicio de Control de la Gestión de Residuos de la Junta será juzgado por prevaricación por omisión

Agustín Barahona Martín no ha hecho nada durante años para promover la descontaminación de siete balsas de residuos peligrosos en los terrenos de la antigua Nicas
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Valladolid

El jefe del servicio de Control de la Gestión de Residuos de la Junta, Agustín Barahona Martín, será juzgado como presunto autor de un delito de prevaricación por omisión después de que la Audiencia Provincial haya confirmado íntegramente el auto dictado por el Juzgado de Instrucción 4 el pasado 1 de octubre de 2013.

Según ese auto, Barahona Martín resulta imputado “por inactividad voluntaria, mantenida durante años, sin causa justificada” al no dar respuesta a la petición formulada por la empresa Nicas para permitir la limpieza de una cantera con siete balsas con productos tóxicos y peligrosos, “cuando sobre él pesaba la obligación de actuar, en su calidad de jefe del servicio de Gestión de Residuos de la Junta de Castilla y León”.

Según el auto dictado el pasado 3 de marzo por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid al que ha tenido acceso últimoCero, el tribunal considera que “no cabe descartar racionalmente la probabilidad de que la conducta del recurrente (Barahona Martín) revista caracteres de una dejación absoluta, alarmante o muy relevante de las funciones que le eran propias”.

La antigua Nicas (hoy Fertiberia Castilla y León S.A.) fabricó durante años fertilizantes en una parcela de la carretera de Santovenia, generando vertidos de residuos contaminantes “con riesgo para la salud de las personas y ecosistemas” que se fueron depositando en siete balsas. Nicas, en septiembre de 2006 remitió al servicio de Barahona un estudio sobre la calidad del suelo y el 19 de junio de 2007 toda la documentación que le había sido requerida.

Sin embargo, Barahona Martín, en su condición de jefe de servicio “a pesar de conocer la cumplimentación del requerimiento efectuado a la empresa, dejó transcurrir el tiempo –más de cuatro años- sin que hasta la fecha de incoación de esta causa (20 de octubre de 2011), incluso, meses después, conocida la existencia de la misma y la denuncia presentada por el Seprona, donde se daba cuenta de los vertidos y su riesgo, adoptara medida cautelar alguna sobre los vertidos, ni diera curso al expediente para valorar la posible necesidad de declaración de suelo contaminado”.

“La gravedad de la situación generada, el daño producido en la credibilidad y confianza de los ciudadanos en sus instituciones –incrementado porque la falta de resolución ha coincidido con el accidente de un motorista, por cierto causa que ha permitido descubrir la inacción de la administración durante años- y la influencia en ella del imputado superan el marco de lo puramente erróneo o del ámbito de la negligencia o dejadez, para conformar la resolución injusta propia de la prevaricación y por ello su conducta, indiciariamente, merece ser objeto del oportuno enjuiciamiento”, señaló el juez el pasado mes de diciembre cuando desestimó el recurso de reforma presentado por el ahora imputado y pendiente de juicio.

 

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