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Edificio de Caja Duero en cuyos áticos tiene su vivienda el alcalde de Valladolid.

El juez archiva el caso de la vivienda del alcalde pese a las “cortapisas legales y fácticas” puestas para no cumplir la sentencia del TSJ

Gil Margareto justifica la actuación de Javier León en base a que el fallo inicial no contenía un “mandato personalísimo y directo” al primer edil, que sí que existió en autos posteriores
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Valladolid

El juez de Instrucción número 2 de Valladolid, César Gil Margareto ha decidido sobreseer provisionalmente y archivar la causa abierta por prevaricación administrativa contra el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva y dos técnicos municipales (Isidro Martínez Cuesta y Luis Álvarez Aller) en relación a las obras ilegales ejecutadas en el inmueble donde reside el primer edil.

De la Riva, que siendo miembro del consejo de administración de Caja Duero (vicepresidente), compró la vivienda a la misma entidad un lunes, después de haber firmado como alcalde el viernes anterior una licencia de obras para el edificio que finalmente fue declarada ilegal, no ha protagonizado, según el juez, “conducta criminal” alguna a la hora de devolver a la legalidad la situación del edificio como ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El juez afirma tajante que no existe “concurrencia de conducta criminal” a pesar de reconocer que “los datos puedan hablar de retraso en las obras, de comportamientos más o menos raudos y diligentes y de cortapisas legales y fácticas para el cumplimiento de la sentencia”.

En el auto fechado el 11 de noviembre al que ha tenido acceso últimoCero, el juez instructor también reconoce que “la investigación, por supuesto, pone de manifiesto que las citadas vicisitudes (generadas por la ejecución de sentencia del TSJ) han llevado a que las obras de reposición o demolición de las realizadas bajo el amparo del acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento y del decreto aprobador del proyecto de ejecución de obras, se hayan dilatado sobremanera en el tiempo hasta el punto que sólo en los últimos meses y tras más de 5 años pueda hablarse de ejecución casi completada, y que ello no sólo despertó el recelo de la Sala ordenante, sino provocó la denuncia (de la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado) que llegó a la Fiscalía”.

La clave que explica porqué el juez no imputa delito alguno al alcalde se esconde tras los puntos segundo, tercero y cuarto del auto dictado. En ellos se explican los requisitos del delito de desobediencia y el juez considera fundamental que, en este caso, no existe, en la sentencia, un mandato (de los tribunales) que se traduzca en un requerimiento personal claro y preciso” hacia el alcalde. Sin embargo, el juez sí que recoge que “ha sido en ejecución (de la sentencia) cuando se ha ido moldeando y aclarando ese mandato y el contenido de la obra a ejecutar”.

“No puede hablarse de un mandato personalísimo y directo, aunque es cierto que posteriormente un nuevo auto de fecha 28 de julio de 2010 requería al alcalde para que bajo su directa y personal responsabilidad procediera a ejecutar la sentencia”, recuerda el juez antes de apuntar que no fue éste el único auto dictado en ese sentido: “Tras un nuevo auto de 15 de marzo de 2011 se practicó un nuevo requerimiento de forma personal y finalmente el 2 de abril de 2012 se practicó otro tras auto de 28 de marzo de 2012”.

Obras

Respecto a las obras que ordenó el TSJ para restituir la legalidad en el edificio, el juez señala en su auto que “resulta evidente que con el retraso de las obras y aún contando desde las matizaciones y aclaraciones de los sucesivos autos, se pone de manifiesto una falta de diligencia y en todo caso de prontitud en el cumplimiento del mandato”. “Una cosa es el delito de desobediencia y otra bien distinta el lógico y habitual comportamiento de todo deudor o ejecutado que acude a las posibilidades que la ley le da para retrasar o dificultar la ejecución o para promover incidentes que dilaten esta”, sentencia el juez.

En este caso, resulta, por lo menos llamativo, que el protagonista de esas argucias legales sea el alcalde, en un asunto relacionado con su propia vivienda, adquirida a una entidad de la que él era miembro del consejo de administración y tan sólo dos días después de haber concedido, en su calidad de primer edil, una licencia finalmente anulada por los tribunales.

El titular del juzgado de Instrucción 2, que pone de manifiesto con distintos ejemplos las dificultades existentes para devolver la legalidad al edificio en los términos fijados en la sentencia del TSJ, llega a asegurar que “el contenido de algunos informes (municipales) pudiera resultar al menos ‘sospechoso’ porque pretenda soslayar la ejecución o eludir algunos extremos de ésta”.

Fallo recurrible, dinero irrecuperable

Aunque este auto no es firme, ya que contra él cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación, lo que ya no tiene marcha atrás es todo el dinero público gastado hasta ahora en la ejecución de unas obras que nunca debieron hacerse en los términos que se acabaron haciendo en el inmueble de Caja Duero: Más de un millón de euros -exactamente 1.019.985 euros- se llevan invertidos en la legalización de los áticos de la casa del alcalde, León de la Riva, en el edificio de Caja Duero, de la plaza Zorrilla.

"400.000 euros costaron a los vallisoletanos los tres primeros proyectos, rechazados por el tribunal, otros 533.186 euros costó la obra del cuarto proyecto de legalización del edificio de Caja Duero, en el que reside el alcalde de Valladolid, y ahora otros 86.799, 75 euros con el modificado aprobado el pasado 25 de octubre, que hace un montante total hasta el momento de la friolera de 1.019.985 euros", denunció hace tan sólo unos días el Grupo Municipal Socialista.

"A esta cantidad", añaden los socialistas, "habrá que añadir las millonarias indemnizaciones de los propietarios de los áticos, aún por cuantificar, de las que conocemos únicamente la solicitud de tres de ellos, que suma en conjunto 1,6 millones de euros".

En el plano político, después de que el PP rechazara en mayo de 2012 la creación de una comisión de investigación, el PSOE persigue que el alcalde “aclare desde cuándo conoce que el edificio se iba a rehabilitar, y si el proyecto pasó por el Consejo de Administración de la entidad propietaria del inmueble, Caja Duero, de la que era vicepresidente”. “Asimismo, le reclamamos que aclare desde cuándo tiene firmado el contrato de compraventa del piso en el que vive y si, como miembro del Consejo de Administración y al mismo tiempo beneficiario de un crédito de la propia entidad para la compra del piso, solicitó autorización de la Consejería de Economía y Hacienda, (puesto que así lo exige la Ley de Cajas de Castilla y León) y en qué fechas fue otorgada la misma por el consejero”, recuerdan los socialistas.

Para el Grupo Municipal Socialista también es necesario que el alcalde de la ciudad explique "por qué no se abstuvo a la hora de concederse la licencia de rehabilitación del edificio en el Ayuntamiento, un viernes, cuando el lunes siguiente tenía previsto firmar la compraventa, extremos en los que se mezcla el interés privado con el interés público".

 

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