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El concejal García de Coca, a la derecha, tras prestar declaración ante el juez. Foto: Carlos Arranz
El concejal García de Coca, a la derecha, tras prestar declaración ante el juez. Foto: Carlos Arranz

El juez imputa en el caso PGOU a la cúpula legal y urbanística del Ayuntamiento y deja tocado al alcalde

Acredita una trama de corrupción entre el concejal de Urbanismo García de Coca y altos funcionarios para favorecer a empresas concretas
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Valladolid

Esta mañana se ha hecho público el auto judicial más esperado sobre el caso de presunta corrupción urbanística más importante de la historia de Valladolid: la manipulación consciente del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para favorecer a un determinado grupo de empresas constructoras.

El juez instructor imputa delitos de falsedad, contra la ordenación del territorio, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios a 4 empresas y 12 personas entre las que se encuentra el ex concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, el secretario municipal Valentín Merino Estrada, el arquitecto Luis Álvarez Aller y los altos funcionarios Modesto Mezquita, José Luis Cerezo, José Luis Barca y el abogado municipal Luis Ángel Lavín Deza. Las empresas imputadas son Vallenava Capitol, Progot, Capitol Promociones y Parkosa.

El auto redactado por el juez de Instrucción 1, tras 5 años de investigación, al margen de acreditar una presunta trama de corrupción urbanística orquestada por el ex concejal García de Coca con los altos funcionarios Álvarez Aller y Modesto Mezquita, deja ‘tocado’ al alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, que llegó a declarar como imputado en la fase de instrucción, ya que apunta, sin concretar, la existencia de responsabilidades políticas en las que él no puede entrar en el seno de una investigación de carácter Penal.

“Quien toma las decisiones es quien tiene responsabilidad, salvo que el técnico incurra en conducta negligente o dolosa y consiga ocultarlo. Distinto es el grado de responsabilidad, que podrá ser administrativa, civil, penal e incluso política”, señala textualmente el juez antes de apuntar que “en este caso han existido múltiples informes, alguno de ellos interesados, derivados de la conducta continuada tras la publicación del PGOU en 2004, pero también múltiples decisiones con la responsabilidad que ello conlleva en algunos de los decisores, hoy imputados”. “En otros casos, sin indicios suficientes de responsabilidad penal (...) y de ahí la ausencia de imputación al resto de imputados, bien por inexistencia de indicios, bien por ausencia de ellos en cuanto al alcance penal de sus conductas”, apunta el juez instructor.

El auto judicial, que puede ser recurrido por las partes, pero que es el paso previo a la apertura de juicio oral, es demoledor. “Ante el proceso de modificación del PGOU de Valladolid, varias personas y empresas (...) se pusieron de acuerdo con el concejal García de Coca de cara a obtener por la vía del articulado y planos, determinadas modificaciones bien no previstas bien rechazadas con anterioridad, ante solicitudes de actuación formuladas por algunas de las empresas citadas”, relata el juez en su auto para, a renglón seguido, añadir que “el núcleo operativo dentro del Ayuntamiento estaba conformado por García de Coca, concejal, Álvarez Aller y Modesto Mezquita, ambos técnicos municipales”.

Según el juez, los tres tramitaban las peticiones de las empresas siguiendo el proceso normal reglado, “dando apariencia de normalidad en el mismo, salvo algunos trámites, que no se llevaron a cabo de modo ortodoxo”.

El instructor apunta como hecho destacado que García de Coca, en el momento de acceder a su cargo de concejal de Urbanismo “cambió la organización y varias personas del equipo municipal con competencias en urbanismo, para adecuarlo a los planes que se conformarían en el proceso posterior de modificación del PGOU”.

En otro pasaje del auto, el juez concreta aún más: “El 13 de noviembre de 2003 figuran manipulaciones informáticas sobre documentación y planos relativa al PGOU en los ordenadores del Ayuntamiento. El señor García de Coca, así como Álvarez Aller y Mezquita Hervás promovieron las modificaciones, sabedores del procedimiento futuro, esto es, que el texto y planos resultantes no iban a ser examinados por el pleno y que el texto final iba a ser publicado sin más”.

El arquitecto, Luis Álvarez Aller (a la derecha), tras prestar declaración ante el juez. Foto: Carlos Arranz

Alcalde y secretario

El 15 de diciembre de 2003, se dio cuenta al pleno del PGOU manipulado, pero no se llegó a votar. Antes de entrar al pleno, el alcalde consultó con el secretario general del Ayuntamiento, Valentín Merino, ahora imputado. Éste le dijo que “no había que dar cuenta del contenido de la documentación ni prestar conformidad alguna, sino simplemente votar la remisión a la Consejería de Fomento de todo el expediente”. En un informe posterior (12 de febrero de 2004), el secretario municipal mantuvo su tesis, aunque según entiende ahora el juez “parece lógico” que el Pleno del Ayuntamiento hubiera revisado las manipulaciones/correcciones del PGOU “pues podían no ser correctas, como así ocurrió”. Esa actuación del secretario municipal es la que libra al alcalde de figurar en la relación de imputados por no encontrarse responsabilidad penal en su actuación, aunque se deje abierta la puerta a la asunción de responsabilidades de carácter político. “La decisión consciente del secretario general en la que se basó el alcalde privó al pleno de tal posibilidad de control del texto único”, señala literalmente el juez.

En el auto judicial se apuntan casos concretos de modificaciones subrepticias del PGOU, como el caso del aparcamiento de Cáritas, los aumentos de edificabilidad en una parcela de la Avenida de Madrid, la demolición del edificio de la Bajada de la Libertad donde estaba la tienda Monedero...

Todos ellos serán objeto de análisis en la vista oral que se abra contra los ahora imputados: José Antonio García de Coca, José Luis Cerezo Bada, Luis Álvarez Aller, Modesto Mezquita Hervás, Valentín Merino Estrada, Luis Ángel Lavín Deza, José Luis Barca Sebastián, José Ángel Astorga Ruiz, José Luis González Torres, José Luis Mayordomo Martínez, Antonio Roberto Pastrana González, Eduardo Javier González Torres, así como las empresas Vallenava Capitol, Progot Valladolid S.L., Capitol Promociones XXI S.L. y Parkosa S.L.

Fruto del trabajo desplegado por un juez, un secretario y un único funcionaro durante 5 años, 32 tomos de procedimiento principal con 7.000 folios, 15 DVD con más documentación y un disco duro de 80 Gb (con documentación y planos de todo el PGOU) son ya la base, junto los testimonios que puedan escucharse en la vista oral que se celebre, para una posible condena en el juicio más esperado por el caso más importante de presunta corrupción urbanística acaecido en la ciudad de Valladolid.

Desde hoy, con este auto judicial sobre la mesa, unos respiran con cierto alivio y otros contienen la respiración. Habrá que esperar a que se abran las ventanas de la sala de vistas para que corra el aire.

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