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Begoña Hernández y Tomás Villanueva. Foto:PP-CyL
Begoña Hernández y Tomás Villanueva. Foto:PP-CyL

El PCAS pide la cabeza de Villanueva y Hernández por la gestión irregular de las empresas públicas

Critica duramente al presidente Herrera por no reconocer las irregularidades que ya están siendo objeto de investigación judicial
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Valladolid

El Partido Castellano pide la cabeza (cese) del consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, y de la viceconsejera de Política Económica, Empresa y Empleo, Begoña Hernández, a raíz de la apertura de diligencias penales por la gestión irregular detectada por el Consejo de Cuentas en distintas empresas públicas de la Comunidad.

Según la información publicada por últimoCero el pasado 8 de febrero, una vez analizada la denuncia presentada en su día por el PCAS y, fundamentalmente, el informe del Consejo de Cuentas, el ministerio público vallisoletano ha considerado que pueden ser constitutivas de un delito de prevaricación administrativa y ha remitido el asunto a los juzgados vallisoletanos que, por su parte, ya han abierto una investigación, también relacionada con la gestión en empresas públicas dependientes de Economía y Empleo.

El PCAS reclama al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el cese inmediato del Consejero de la Viceconsejera “como máximos responsables políticos de la creación y gestión de estas empresas públicas desde prácticamente su constitución”.

Además, critica que “el presidente de la Junta de Castilla y León, en su reciente comparecencia ante las Cortes de Castilla y León, no reconociera las irregularidades en la gestión de estas empresas públicas, denunciada claramente por los informes del Consejo de Cuentas y del Consejo Consultivo, e investigadas por la posible comisión de delitos, por la administración de Justicia, y que sea incapaz de abordar una Auditoría en las cuentas y en la gestión de estos organismos, cuya pésima gestión ha costado más de 400 millones de euros a los contribuyentes de la comunidad autónoma”.

Los castellanistas basaron su denuncia inicial en la actividad de esta empresas entre 2010 y 2011 tal y como fiscalizó el Consejo de Cuentas de Castilla y León en un reciente informe, que evidenciaba que los responsables de estas empresas -ADE Financiación SA (actualmente Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, SA); ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León S.A.; Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A. (Provilsa); y Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León, S.A. (Somacyl)-, “cometieron reiteradas irregularidades en las contrataciones realizadas, con un funcionamiento claramente al margen de la ley, incumpliendo de manera abusiva la Ley de Contratos del Sector Público”.

Estos hechos, a juicio del PCAS, pudieran ser constitutivos de administración desleal, tráfico de influencias, estafa, malversación de fondos públicos y prevaricación, tipificados todos ellos como delitos en el Código Penal. La Fiscalía, sin embargo, acota ahora los presuntos delitos al de prevaricación administrativa al indicar que procede incoar diligencias de investigación.

Estas empresas incumplieron la obligación legal de comunicar los contratos al Consejo de Cuentas y al registro del Ministerio de Hacienda según lo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). En los contratos analizados no se establecieron los criterios mínimos de solvencia ni los criterios de valoración de las ofertas presentadas en los pliegos. En varios casos no se elaboró pliego de condiciones y existe coincidencia en el objeto de la contratación en muchos contratos menores, lo que induce a sospechar que fueron deliberadamente troceados. Los informes, según el PCAS, son "demoledores" y ponen en cuestión total la gestión de las Empresas Públicas de Castilla y León, ya que no respetan los principios de concurrencia y libertad de acceso, publicidad y transparencia en la contratación de obras y servicios, poniendo también en cuestión los sistemas de selección de su personal, y sembrando sombras de sospecha igualmente sobre los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones que han practicado y practican.

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