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Imagen de archivo de la antigua fábrica de Uralita. Foto: Carlos Arranz
Imagen de archivo de la antigua fábrica de Uralita. Foto: Carlos Arranz

El presidente de la promotora que no descontaminó Uralita, ante el juez

Prestará declaración como imputado por un delito contra el medio ambiente en la causa abierta a instancia de la Fiscalía
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Valladolid

La investigación abierta por el Juez de Instrucción número 2 de Valladolid, César Gil Margareto, a instancia de la Fiscalía de Valladolid, toma un nuevo impulso. Mañana, 1 de octubre, el juez tomará declaración en calidad de imputado a Rafael Santamaría, el presidente de la promotora Reyal Urbis, actual propietaria de los terrenos en los que se asentó la fábrica de fibrocemento, en la carretera de Madrid y que no limpió la parcela como era su obligación.

No declarará solo. También prestará declaración el delegado de la empresa José María Barrio Gil Fournier, quien ya fue a citado a declarar el pasado 26 de marzo para “practicar diligencias sobre delito ambiental”, según figura en la cédula de citación redactada entonces.

La promotora Reyal Urbis es la actual propietaria de los terrenos en los que durante años funcionó la factoría Uralita que acabó en manos de la empresa Euronit.

Ante el expolio de la instalaciones y la imposibilidad de contactar con los responsables de Reyal Urbis que ahora deben comparecer ante el juez para prestar declaración, el Ayuntamiento de Valladolid encargó a la empresa Imesapi, vinculada al grupo ACS del constructor Florentino Pérez, la descontaminación de los terrenos de la antigua fábrica de Uralita, a pesar de que esta empresa carece del oportuno permiso para transportar y gestionar residuos peligrosos, como es el caso del amianto, en Castilla y León.

Imesapi, cuando se produjo ese encargo, no figuraba en el registro oficial de empresas de la Junta autorizadas para la gestión y el transporte de residuos peligrosos en la Comunidad. Es, sin embargo, la empresa que tiene el contrato para llevar a cabo todas las ejecuciones subsidiarias que decide el Ayuntamiento y por eso, según distintas fuentes municipales, se contactó con ella, aunque luego tenga que subcontratar los trabajos de descontaminación de la parcela de la antigua fábrica, ahora propiedad de la inmobiliaria Reyal Urbis, inmersa en un concurso de acreedores.

Imesapi es la empresa que directamente ha recibido el encargo por parte del Ayuntamiento y la que ha presentado un presupuesto de 1,2 millones más IVA y un plan de seguridad para proceder a la limpieza de un suelo contaminado con miles de toneladas de fibrocemento, el material con el que se construyó la factoría donde se trabajó, durante décadas, con el peligroso amianto.

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