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La portavoz del PSOE en las Cortes, Ana Redondo. Foto: PSOE
La portavoz del PSOE en las Cortes, Ana Redondo. Foto: PSOE

El PSOE aprieta y pide al Consejo de Cuentas que fiscalice el “centro de la corrupción en Castilla y León”: la Administración B

Vuelve a intentar que el PP de el visto bueno a un control al que se ha venido negando en los últimos años
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Valladolid

El PSOE ha vuelto a poner sobre la mesa una iniciativa para comprobar si las promesas de transparencia de las que presume la Junta, son ciertas. Ha presentado 15 enmiendas al Plan Anual de Fiscalizaciones del Consejo de Cuentas de Castilla y León para el ejercicio 2015 para que se analicen las cuentas del que califican como “centro de la corrupción en Castilla y León durante muchos años: la Administración B”.

En concreto, las enmiendas presentadas, que otros años han sido rechazadas por el rodillo parlamentariio del PP, plantean una fiscalización adicional sobre el conglomerado de empresas públicas, entes y fundaciones que engrosan esa  “administración opaca que ha sido el centro de la corrupción durante muchos años en Castilla y León”. Los socialistas pretenden que el control se ejerza “tanto en la contratación de determinadas obras y servicios como en relación a los recursos humanos que han movido estas empresas públicas y fundaciones”.

Precisamente el jueves, los sindicatos que componen la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta han presentado una denuncia ante la fiscalía para que se investigue este último punto, como ya avanzó últimoCero.

En el paquete de enmiendas que presentan los socialistas también se solicita la Fiscalización de todos los contratos realizados en las diputaciones provinciales, de León y Salamanca (años 2010- 2014).  Ambas instituciones inmersas en escándalos derivados de la Operación Púnica (León) y la existencia de papeles que podrían demostrar la existencia de una financiación ilegal de las campañas electorales del PP salmantino.

Pero además, el PSOE regional persigue la fiscalización de contratos menores diputaciones provinciales y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, así como la fiscalización de los contratos de obra pública para la construcción y explotación del Nuevo Hospital de Burgos y las contrataciones vinculadas a la Ciudad del Medio Ambiente de Soria.

Se trata también de conocer el impacto de las dos tramas de corrupción existentes en Castilla y León : Operación Púnica y Caso Gürtell, así como el resultado de un análisis pormenorizado de los  préstamos del Banco Europeo de Inversiones a ADE e ITACyL, dos de los entes que conforman esa “administración B” y que los socialistas están convencidos son “centro de la corrupción de Castilla y León durante muchos años”, ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Ana Redondo. 

 

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