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Ramón López Casal, representante de la empresa gallega Mahía. Al fondo, José Manuel Méndez, alcalde de Arroyo. Foto: C. Arranz
Ramón López Casal, representante de la empresa gallega Mahía. Al fondo, José Manuel Méndez, alcalde de Arroyo. Foto: C. Arranz

El testimonio que los acusados del Caso Arroyo no quieren que se tenga en cuenta

Alegan enemistad manifiesta de Gómez Maroñas con el responsable de Mahía, Ramón López Casal, para que su explosiva declaración no pese en el fallo final de la Audiencia de Valladolid
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Valladolid

Manuel Gómez Maroñas, socio fundador de Mahía, prestó declaración en el Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid el 9 de enero de 2009 pero ninguna de las defensas de los seis acusados en el caso Arroyo quiere que sea tenida en cuenta por la Audiencia Provincial a la hora de dictar su fallo. Dicen que mantiene una enemistad manifiesta con el alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez Freijo y con el responsable de Mahía, también acusado en este juicio, Ramón López Casal, que invalida su explosivo testimonio.

Pero tras ese enfrentamiento se esconde una reclamación de 105 millones de euros. Durante años fue socio de Mahía, pero nunca vio un euro en concepto de reparto de beneficios. Sí que pudo ver, sin embargo, cómo la constructora gallega crecía al mismo ritmo que los pisos que se construían en Arroyo de la Encomienda. Cuando exigió el canje de sus acciones por esa millonaria cifra, comenzaron sus problemas y la campaña de descrédito de sus antiguos socios.

Durante la vista oral, Maroñas y Méndez, protagonizaron un inusual careo en la sala de vistas de la Audiencia. El primero acusó abiertamente al segundo de mantener una estrecha relación con López Casal, de haber asistido a las cenas navideñas de Mahía, de haber visitado la casa del constructor y de haber asistido con él a cacerías pagadas por la constructora gallega. Méndez, negó casi todo. Maroñas sólo repetía lo que ya había afirmado en la declaración judicial que ahora publica íntegramente últimoCero.

Maroñas asegura que Méndez era “colaborador” de Mahía desde que la constructora llegó a Arroyo, que entre el alcalde y el presidente de Mahía, López Casal, Méndez Freijó “las relaciones eran muy intensas” y que “el alcalde era el mejor socio de Mahía”.

Afirma, en relación al SAU 13, que fue López Casal quien “impuso esa norma en el Plan General de Ordenación Urbana de Arroyo” al predecesor en la alcaldía de Méndez, Elisardo. Cuando le preguntó a López Casal en 2003 por qué Elisardo no repetía en la candidatura a la alcaldía, la respuesta fue la propia de la cuarta entrega de El Padrino: “Porque quien no le presenta soy yo. Los políticos están al servicio del dinero, no de los votantes. Estos tienen bastante con votar. Y ese (Elisardo) no tiene huevos para sacar adelante lo que estamos montando allí (en Arroyo). (...) No habrá ningún problema, ya que se llevó más dinero del que va a conseguir en su vida”.

En cuanto a la vivienda que Méndez supuestamente compró a Mahía en Villagarcía de Arosa, Maroñas sostuvo ante el juez que “López Casal y Méndez le han reconocido que esa vivienda no se pagó” y aportó para demostrarlo “la contabilidad de la empresa donde se ve que no se pagó ni la cantidad en ‘B’. Fue un regalo de Mahía”.

Sobre el chalé de Sanxenxo, comprado por Méndez, afirmó que “los precios no eran reales". Que el precio real del chalé era de 79 millones de pesetas más IVA y que Méndez llevó dinero, con su mujer, en una bolsa, al vendedor” (cerca de 200.000 euros).

Maroñas también hace un cálculo aproximado de los beneficios que pudo obtener Mahía en Arroyo, sólo con el SAU 9: “unas plusvalías de 198 millones de euros”.

Toda una declaración que, de ser tenida en cuenta, puede nublar el futuro de los seis acusados que se han sentado en el banquillo de los acusados en el Caso Arroyo.

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