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Demolición de la fábria de Piensos CIA. Foto: Cacho
Demolición de la fábria de Piensos CIA. Foto: Cacho

El TSJ da por ejecutada la sentencia de Piensos CÍA con la modificación del PGOU

La operación supuso un ‘pelotazo’ de 13 millones para las promotoras Parquesol, Edificasa 2000 y Metrovacesa
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Valladolid

El TSJ ha dictado un auto en el que da por ejecutada la sentencia de Piensos CIA con una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, según han confirmado fuentes del caso.

Este pronunciamiento judicial, que cuenta con un voto particular, pone punto y final a la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que el 28 de junio de 2011 ratificó la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León  de 24 de abril de 2007, confirmando la ilegalidad de la operación urbanística que permitió construir en los terrenos de Piensos CIA frente a Vallsur 423 viviendas en vez de 160, incrementando en más de 37.000 metros cuadrados la edificabilidad de la parcela.

Sólo la compensación debida a la ciudad tras la ratificación por el Tribunal Supremo de la ilegalidad de los pisos de Ebro, ubicados frente al centro comercial VallSur, fue valorada en su día en 13 millones de euros.

Bloque de viviendas construidos en los terrenos de la fábrica de Piensos CIA. Foto: últimoCero

La decisión del TSJ, viene a confirmar las tesis expresadas en últimoCero por Susana Ordóñez, responsable de la Asociación Cultural Ciudad Sostenible, colectivo que, como adelantó este portal informativo ya en febrero de este año, dio el paso de reclamar la ejecución de la sentencia dictada por el Supremo.

Una sentencia demoledora que confirmó que el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, debió abstenerse en la votación que tenía por objeto la aprobación provisional de la Modificación del PGOU enjuiciada, y que su intervención determinó la invalidez del acuerdo. Entiende que concurría en el alcalde el motivo de abstención de tener interés personal en el asunto. El Alcalde había sido designado en representación de la entidad Caja Duero miembro del Consejo de Administración de la entidad Ebro Puleva S.A., sociedad ésta en la que aquella tenía participaciones. Designación –dice la Sala- que en si colocaba ya a aquél en una posición en la que no resulta irrazonable suponer que podía ser difícil conciliar los intereses generales que sirven con objetividad a las Administraciones Publicas (art. 103 CE) y los intereses particulares o privados de una sociedad mercantil a la que la modificación de autos reconocía unos derechos, valorados en más de 2.500 millones de pesetas.

El Supremo concluyó que el acuerdo fue nulo, toda vez que el voto del alcalde fue decisivo para su adopción, ratificando el argumento del TSJCyL, que subrayó que la aprobación provisional de una Modificación del PGOU exige la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación y que en el supuesto litigioso esa mayoría, cifrada en quince, se logro justamente con el voto favorable del Alcalde que debió abstenerse. No lo hizo y así las tres promotoras beneficiarias de la operación, Parquesol, Edificasa 2000 y Metrovacesa pudieron dar lo que toda la oposición ha calificado como “un pelotazo” de 13 millones de euros.

Las casas que no se debieron construir y que se construyeron, reportando jugosos beneficios a los constructores, no se derribarán.

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