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Una mujer pidiendo en la calle.
Una mujer pidiendo en la calle.

El TSJ deja al alcalde en bañador al anular varios artículos de la Ordenanza Antivandalismo

El Tribunal considera la nulidad radical por criminalizar la pobreza o prohibir cierta ropa
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Valladolid

Los tribunales parece que la tienen tomada con el alcalde de Valladolid, León de la Riva, por los continuados fallos en contra de sus resoluciones. O más exactamente: ¿no será que el primer edil no tiene encaje en una sociedad mínimamente democrática? El último varapalo se lo ha dado la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha declarado radicalmente nulos los artículos, apartados o incisos más controvertidos de la Ordenanza 'Antivandalismo', que tanto gustaba al alcalde. 

Si ayer era la Sala de lo Social del TSJ la que declaraba legal la huelga de los trabajadores de Auvasa, hoy es la Sala de lo Contencioso Administrativo la que anula una parte importante de la Ordenanza Municipal llamada de Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales, recurrida por numerosos colectivos ciudadanos de Valladolid, organizados en la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades, cuyos miembros han sufrido las consecuencias de las ocurrencias del señor alcalde aprobadas en Pleno el 6 de marzo de 2012 y recurrida el 30 de mayo del mismo año. 

La Plataforma desplegó una intensa campaña en la calle por entender que la Ordenanza "vulnera derechos fundamentales, como la libertad de expresión, criminaliza la pobreza y reintroduce artículos anulados por sentencias anteriores", además de utilizar un lenguaje sexista.

La sentencia del TSJ -que contó con el voto particular del magistrado Picón por "disentir del acogimiento solo parcial de la demanda"- anula la prohibición de colocación de carteles, vallas, rótulos, pancartas, adhesivos, papeles pegados o cualquier forma de propaganda o publicidad en la vía pública o en los edificios, por considerar que es contrario a la libertad de expresión

Cartel de la Plataforma ciudadana en defensa de la libertades

En base a este artículo han llovido multas a los miembros de los diferentes colectivos integrados en la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades que ahora, con acertado criterio, estudian el proceder contra el Ayuntamiento.

Otro de los artículos más polémicos de la citada Ordenanza fue el referido a la mendicidad -con multas de hasta 1.500 euros- por atentar contra el derecho a la libertad de las personas. Y contra la razón. Si una persona está pidiendo en la vía pública cómo va a ser sancionada, a dónde se le va a notificar la sanción, etc., etc.

Igualmente polémica y desafortunada es la redacción dada al articulado referido al vestuario de los ciudadanos, a los que se prohibía la utilización de prendas para el baño. Lo que se conoció en su día por la persecución por ir en chanclas o en bañador, y se calificó de artículo "retrógado" y "puritano" . Los magistrados no pueden, en su fallo, por menos que jocosamente ridiculizar las pretensiones generalistas del señor alcalde y hablan de trajes de neopreno y pareos al abordar "la prohibición de determinadas prendas de vestir o deambular en desnudez o semidesnudez por las vías públicas".

"No se alcanza a entender si se prohíbe el uso de ropa deportiva de baño (un traje de neopreno, de biatlon, ropa simplemente deportiva como los denominados pareos, o cualquier otro tipo de prenda destinada a cubrir los bañadores...etc.). Esta indeterminación de la expresión legal obliga a su anulación por elementales exigencias del principio de seguridad jurídica", dice el fallo.

La sentencia recuerda al Ayuntamiento que no tiene capacidad para hacer excepciones, como introduce en la Ordenanza para permitir determinados eventos, como es la marcha ciclonudista, que anualmente organiza la Asamblea Ciclista de Valladolid. De ahí que el TSJ anula "salvo que cuente con autorización del Ayuntamiento".

Otro apartado anulado por el TSJ es la prohibición de cazar, matar o maltratar pájaros u otros animales en jardines y parques por invadir competencias que exceden el ámbito municipal y ser reguladas por la Comunidad autónoma. 

Fallo

La Sala Contencioso-Administrativo del TSJ falla "la nulidad radical de los siguientes artículos, apartados o incisos de la Ordenanza: 

1º. Art.7.1. "La colocación de carteles, vallas, rótulos, pancartas, adhesivos, papeles pegados o cualquier otra forma de propaganda o publicidad .únicamente se podrá efectuar en los lugares autorizados, con excepción de los casos permitidos por la Administración Municipal".

2º. Art. 7.3 "La colocación de pancartas en la vía pública o en los edificios solo podrá ser realizada con autorización municipal. En todo caso la autorización se referira a la colocación de carteles, pancartas y elementos que no dañen ni ensucien la superficie y sean de fácil extracción, con compromiso por parte del solicitante de la autorización de retiraros en el plazo que se establezca. Se podrán colocar carteles en escaparates, portales y en otros lugares situados en el interior de los establecimientos".

3º. Art. 10.3 g) "Está totalmente prohíbido en jardínes y parques... d) cazar, matar o maltratar pájaros u otros animales".

4º. Art.24 g) "Constituyen infracciones graves:...g) Maltratar pájaros y animales..."

5º. Art, 15.1 "Quedan prohibidas las conductas que adopten cualquier forma de mendicidad en las vías y espacios públicos".

6º. De la expresión del art. 16.6 "...salvo que cuente con autorización expresa del Ayuntamiento".

7º. De la expresión del art. 16.6 "... o en cualquier otra pieza de ropa similar".

Voto particular

La sentencia, notificada en el día de hoy, concluye con el voto particular del magistrado Juan Picón Palacio, que expresa: "Comprensibles razones de lógica y coherencia me imponen discrepar cordial, radical y expresamente de la sentencia dictada por la Sala, de cuya resolución comparto el encabezamiento y los antecedentes, así como la mayor parte de los fundamentos jurídicos que contiene.

Efectivamente, al haber discrepado del sentir mayoritario de la Sala en el proceso 673/2012, y propugnado allí la estimación íntegra de la demanda, con la declaración de nulidad del artículos 16.6 de la “Ordenanza Municipal de Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales” del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid de 31 de marzo de 2012, debo, nuevamente, expresar mi disentir respecto del acogimiento solo parcial de la demanda y de la nulidad que se decreta de dicho precepto en este proceso.

Reitero los argumentos en su momento expuestos para defender la declaración de nulidad del precepto, sobre la base de la falta de competencia de la administración local para imponer a los ciudadanos cómo deben aparecer en público con carácter general, pues sigo pensando que con ello se atenta a la libertad individual y de autodeterminación de las personas y que solo, en todo caso por ley, cabe limitar la libertad de los particulares en ámbitos tan personales de su vida. Recuérdese que, «La libertad consisten poder hacer lo que no dañe a los demás. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límite que los que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismo derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la Ley» -no por el Reglamento- y que «»La Ley no puede prohibir más que las acciones dañosas para la sociedad. Todo lo que no es prohibido por la Ley no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que esta no ordena», como decía, y dice, la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano; texto antiguo, cierto, pero no más que la defensa de la libertad.

Razones que determinan la expresión de la tesis de que se debió estimar la demanda presentada por la parte actora y declarar nulo el artículo 16.6 de la Ordenanza.

Lo que firmo en el lugar y fecha en que signo la sentencia de que se discrepa".

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