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Imagen de archivo de protestas de empleados públicos convocadas por PLADEPU a las puertas de las Cortes. Foto: últimoCero
Imagen de archivo de protestas de empleados públicos convocadas por PLADEPU a las puertas de las Cortes. Foto: últimoCero

Funcionarios exigen la "inmediata disolución de la 'Administración B' en la Junta"

La Plataforma en Defensa de lo Público pide que se retire el concurso de méritos planteado por la Administración para que salgan "todas las plazas vacantes" y no sólo 1.701
G. V.
Valladolid

Un “gran colectivo” de trabajadores públicos, autodenominado como Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), ha hecho público un comunicado en el que exige la “inmediata disolución de la ‘Administración B’ en la Junta de Castilla y León.

Esa ‘Administración B’ o “sector público paralelo” lo conforman, según explican, el medio centenar de “chiringuitos” (entes, fundaciones, organismos autónomos y empresas públicas) que se sufragan con dinero público pero que, gracias a una “maravillosa” legislación “no rinden cuentas ni explicaciones por parte de sus responsables ni en las Cortes ni en ninguna parte”.

Estos trabajadores públicos consideran “innegociable e inaplazable” el retorno a las correspondientes consejerías de todas las competencias, servicios, funciones y patrimonio que actualmente conforman este conglomerado de “chiringuitos” opacos a la fiscalización de los partidos de la oposición.

Su reclamación se ha endurecido después de que el pasado 26 de diciembre aparecieran publicadas en el Bocyl, las bases y plazas de un concurso de méritos que llevaba más de 5 años sin convocarse, pese a que por ley debería convocarse anualmente.

En ese concurso se ofertan 1.701 plazas pero, según los cálculos efectuados por PLADEPU, ese número “está más cerca del 50% que del 100% de las plazas que actualmente están vacantes” en el organigrama de la Junta, lo que supone “un nuevo recorte para miles de empleados públicos con derecho a promoción, a cambio de puesto de trabajo o al traslado de localidad”.

Fuentes oficiales de la Consejería de Hacienda, competente en materia de Función Pública, tras recordar que la gestión del personal de los “chiringuitos” de los que habla PLADEPU “son competencia de las consejerías a las que están adscritas las diferentes fundaciones, empresas públicas u organismos públicos”, señalan que los criterios plasmados en la convocatoria del concurso de méritos “fueron adoptados en la Mesa General de Funcionarios con los votos favorables de los representantes de los sindicatos CSIF, UGT y CCOO, mayoritarios en la función pública”. “Atendiendo a este respaldo, los criterios acordados fueron reproducidos en las bases del concurso”, remarcan.

Sin embargo, PLADEPU interpreta esa aquiescencia sindical como “silencio cómplice de algunos sindicatos”, ya que “no se han parado a cuestionar el procedimiento o por qué salen unas plazas sí y otras no y no han exigido que salgan absolutamente todas”. Para este colectivo, de la justificación q ue aparece en el concurso de méritos se deducen cuestiones “importantes”: “La Junta ha desechado como vacantes las producidas desde el 22 de febrero de 2007 hasta diciembre de 2010” y “de los puestos que han quedado vacantes en 2011 y 2012 sólo se ofertan los que se consideran estrictamente necesarios”, apuntan. Además critican la poca fiabilidad del término “estrictamente necesarios” cuando es empleado por la Junta y ponen algunos ejemplos: “De 41 plazas nuevas creadas en la Consejería de Educación el 15 de diciembre de 2010, sólo se ofertan 14; en la Consejería de Familia, que completó su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en 2008, salen sólo algunas plazas o que no sale ninguna de las abiertas a otras administraciones”.

Pese al descontento expresado por PLADEPU, el resto de organizaciones sindicales valora positivamente esta convocatoria de concurso de méritos, especialmente si se tiene en cuenta que se produce con más de 5 años de retraso y después de varias resoluciones dictadas por el Procurador del Común en las que se recuerda a la Junta su obligación de convocar anualmente este tipo de concursos.

No obstante, últimoCero ha confirmado que alguna central sindical ya ha detectado que en el concurso convocado faltan plazas vacantes por sacar y que esta circunstancia ya ha sido comunicada a los responsables de Función Pública en la Junta. En concreto, sólo en cuatro provincias faltan por incluirse en este concurso alrededor de 200 plazas.

PLADEPU, pese a sus críticas a las organizaciones sindicales, asegura que “tienen una importante función social” y sugiere a todas las centrales con capacidad negociadora en este asunto que “den un contundente ultimátum a la viceconsejera para que retire esta chapuza de concurso”.

 

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