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Javier León de la Riva, durante un pleno.
Javier León de la Riva, durante un pleno.

Javier León ya sabe por cuánto le puede salir su desobediencia: la Fiscalía pide 15 meses de inhabilitación

La Acusación Particular ejercida por la Federación de Vecinos Antonio Machado solicita 9 meses más
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Valladolid

El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, ya sabe por cuánto le puede salir su desobediencia a los tribunales de justicia en el caso de los áticos del edificio de Caja Duero en la Plaza Zorrilla donde él mismo reside: si la Acusación Particular que ejercen la Federación de Asociaciones de Vecinos ‘Antonio Machado’ solicita dos años de inhabilitación, la Fiscalía lo rebaja en nueve meses y se conforma con 15.

La calificación provisional del Ministerio Público, que se completa con la petición de una multa de 3.600 euros, (los vecinos piden 90.000 euros), supone un paso más en el camino que está recorriendo el alcalde camino del banquillo de los acusados para responder de un presunto delito de desobediencia que el juez instructor se ha visto obligado a imputar por mandato de la Audiencia Provincial después de haber archivado el caso.

Y es que las acusaciones entienden que el alcalde se resistió a dar cumplimiento ala sentencia del TSJ de abril de 2008 por la que se anulaban las licencias otorgadas para remodelar el edificio donde él mismo reside y que compró a Caja Duero cuando él era vicepresidente de la entidad y justo después de que se aprobaran las licencias que a la postre se declararían nulas.

El alcalde, que fue requerido hasta en 5 ocasiones para que diera cumplimiento a la sentencia y devolviera a la legalidad al edificio, siempre ha mantenido que él no ha tenido nada que ver con los continuos retrasos que han provocado que se tardara hasta 5 años en dar cumplimiento a la sentencia y sólo cuando el caso ya se había judicializado.

Como prueba de que conocía el alcance de las resoluciones que se resistió a cumplir, tanto la Fiscalía como los vecinos recuerdan que “poco después de ser dictada la sentencia, el día 26 de mayo de 2008 la esposa del acusado doña María Mercedes Rafael Santamaría solicitó del Tribunal que declarase la nulidad de todas las actuaciones, invocando su condición de copropietaria de una de las viviendas del inmueble, por pertenecer a la sociedad de gananciales y no haber sido parte en el proceso, pretensión que fue rechazada por auto de 16 de julio de 2008”.

Otro de los aspectos que ponen de manifiesto la desobediencia del alcalde es que en ningún momento llegó a decretar el cese de la utilización del edificio, como había ordenado la sala.

Devolver la legalidad al edificio ha costado ya a los vallisoletanos cerca de un millón de euros, a los que hay que ir sumando el goteo de reclamaciones de los particulares que se han visto afectados por esta obra y a los que los tribunales comienzan ahora a dar la razón.

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Le inhabilitarán después de que se jubile.

 

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