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Cúpula de la Energía que el juez ha ordenado derribar en la Ciudad del Medio Ambiente de Soria.
Cúpula de la Energía que el juez ha ordenado derribar en la Ciudad del Medio Ambiente de Soria.

Un juez ordena reducir a escombros la Cúpula de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria en la que la Junta gastó 52 millones

El Constitucional anuló la Ley que amparaba la construcción y ello conlleva “la nulidad de todo el planeamiento urbanístico sobre el que se fundamentaba”
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Valladolid

El monumento al despilfarro en el que la Junta de Castilla y león ha enterrado la escalofriante cantidad de 52 millones de euros, acabará convertido en escombros. Eso es al menos lo que ha ordenado el juez de lo Contencioso Administrativo de Soria en un auto fechado hoy mismo, 3 de noviembre: "Procédase al derribo y demolición del edificio institucional Ciudad del Medio Ambiente de Soria Cúpula de la Energía, así como a la reposición de los terrenos a su estado primitivo".

Este es un ejemplo más de mala gestión urbanística en el que la contumaz obstinación de la administración regional pasará ahora una doble factura a los ciudadanos: lo que costó levantar lo ya construido y lo que se gastará en su demolición.

Y es que, según recuerda el juez, se trata de un edificio construido parcialmente cuya licencia de obras había sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia y cuyo planeamiento urbanístico ha sido anulado por el Tribunal Constitucional.

“No hay norma urbanística con la que se pueda comparar lo edificado para resolver si se puede encontrar una solución que permita, con los ajustes necesarios, evitar la demolición de un edificio. Nos encontramos con una obra carente de todo soporte legal”, señala el juez.

La Junta de Castilla y León ha alegado que mediante Resolución de 4 de junio de 2014 se ha iniciado el procedimiento de aprobación y apertura del trámite de información pública y audiencia del proyecto regional parque empresarial del medio ambiente “que sustituye a escala reducida y restringida a las partes ya urbanizadas, al primitivo Proyecto Regional Ciudad del Medio Ambiente”.

El juez contesta de forma contundente: “Considero que se está llevando a cabo por la Administración una actuación tendente a crear una legalidad que permita la conservación de un edificio cuya normativa de planeamiento ha sido anulada. Dicho de otro modo, y usando una expresión coloquial, se trataría de hacer un ‘traje a medida’ para de esta manera permitir la legalización del edificio no obstante las sentencias contrarias tanto del TSJ como del TC”.

“En mi opinión”, reflexiona el juez en su documentado auto, “esta forma de actuar hace inútil cualquier pronunciamiento judicial que pueda dictarse sobre unas obras realizadas por la Administración pública. En efecto, ¿de qué sirve una declaración de ilegalidad o inconstitucionalidad si al día siguiente se inicia un procedimiento legislativo o reglamentario para dotar de legalidad lo que es ilegal? Si al final lo construido va a ser legalizado ‘a posteriori’ no ajustando la obra a la legislación vigente (objetivo de un expediente de restauración de legalidad) sino creando nuevas normas que al final hagan que lo construido se mantenga pese a todo, resulta inútil cualquier control de legalidad llevado a cabo por los Tribunales sobre la actuación de las Administraciones públicas”.

“Considero que no cabe justificar la legalidad o legalización de la obra al haberse iniciado un nuevo proyecto regional. La legalidad de un planeamiento urbanístico debe hacerse dejando de lado si se ha construido o no lo previsto, pues en caso contrario los hechos consumados se imponen a la declaración de ilegalidad”, concluye el juez antes de ordenar el derribo la de la mole que fue utilizada por la Junta como símbolo de una particular (e ilegal) forma de entender el desarrollo sostenible y que a la postre, a la espera de nuevos pronunciamientos judiciales, se traducirá en una monumental montaña de escombros que también habrá que retirar para devolver a zona a su estado original.

Este tanto, valorado en 52 millones, hay que apuntarlo en el debe de la ex consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, que contó con pleno respaldo del Ejecutivo de Juan Vicente Herrera para perpetrar este desaguisado que, globalmente, tenía previsto construir nada menos que otras cuatro cúpulas similares a la que ahora hay que derruir en Soria a lo largo de todo el cauce del río Duero hasta la frontera con Portugal.

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