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La “nefasta y arbitraria” política de personal en Itacyl fuerza el pago de casi 400.000 euros en despidos improcedentes

El Supremo acaba de ratificar un fallo del TSJ en el que el voto particular de un magistrado cuestiona el pago de indemnizaciones con fondos públicos “sin causa alguna”
G.V.
Valladolid

La “nefasta y arbitraria” política de personal desplegada durante los últimos años en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería que dirige Silvia Clemente, se ha traducido en el pago de casi 400.000 euros en concepto de indemnización a 5 trabajadores, cuyos despidos han sido declarados improcedentes por los tribunales de justicia, según UGT.

El sindicato denunció públicamente hoy, día 18 de marzo, esta situación que, probablemente, se agravará en próximas fechas, ya que “hay todavía pendientes de juicio otros 10 casos cuyo resultado final podría ser similar”, apuntaron fuentes del sindicato.

Para UGT no es de recibo que Itacyl, en todos estos supuestos, haya optado por indemnizar y no readmitir a los trabajadores cuyo despido fue declarado improcedente. En su protesta, el sindicato cuenta, además, con el aval de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha sido ratificada el pasado 14 de febrero por Tribunal Supremo, en la que el magistrado Rafael Antonio López Parada, emite un voto particular en el que cuestiona la constitucionalidad de esta forma de obrar por parte de la administración regional.

La Constitución prohíbe la arbitrariedad administrativa y por tanto una decisión totalmente libre y discrecional en un ámbito como el que nos encontramos (despido improcedente de un trabajador del Itacyl) no parece compatible con la Constitución”, apunta el magistrado antes de señalar que “la consideración de los empleos públicos como objeto de la discrecionalidad por parte de quien en cada momento tiene el poder político socava las raíces mismas de la democracia, al permitir que desde el poder se generen redes clientelares de empleo público que alteran el libre juego democrático”.

El magistrado, en la sentencia en poder de últimoCero desde mediados de 2012, va más allá y afirma que “especialmente en situaciones de elevado desempleo como la que sufrimos, el empleo público constituye un preciado bien para sus titulares y, por tanto, un objeto cuya administración, si se aleja de tales principios, resulta especialmente dañina para el crédito del sistema democrático”. Además, añade que “de nada vale proteger el derecho de un ciudadano a acceder a un puesto público si acto seguido pudiera ser expulsado del mismo sin garantía alguna”.

López Parada llega a hablar en su voto particular de “insensibilidad sistemática de la Administración hacia el cumplimiento de la Ley Laboral”, una insensibilidad “que se financia con fondos públicos y constituye uno de los elementos más característicos de las administraciones españolas y es causa de graves desarreglos, a los que se pondría fin, obligando al cumplimiento de la Ley y de la Constitución, si se excluyese toda arbitrariedad en la ejecución de las sentencias de despido improcedente, imponiendo la readmisión y después, en aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo, obligando a optar entre la amortización legal de las plazas o su cobertura reglamentaria conforme a procedimientos que respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

Fuentes de la Consejería de Agricultura y Ganadería, en declaraciones a la Cadena Ser, niegan que en el Itacyl se esté practicando una política laboral “nefasta y arbitraria” y aseguran que el importe global de las indemnizaciones es inferior al denunciado por el sindicato UGT.

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