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Parcela de la Fundación Emilio Álvarez en la que se ha construido el aparcamiento. Foto: C. Arranz
Parcela de la Fundación Emilio Álvarez en la que se ha construido el aparcamiento. Foto: C. Arranz

La Fiscalía engorda con una nueva denuncia la investigación judicial abierta en la Fundación Emilio Álvarez

En esta ocasión se apuntan irregularidades cometidas por el Protectorado de Fundaciones de la Junta
G. V.
Valladolid

La Fiscalía Provincial de Valladolid ha decidido ‘engordar’ con una nueva denuncia la investigación judicial ya abierta por las presuntas irregularidades detectadas en la venta del subsuelo de terrenos de la Fundación Emilio Álvarez a la constructora Parkosa para la construcción del aparcamiento de Cáritas.

En este caso concreto, la Fiscalía, a través de un decreto fechado el pasado 3 de junio, remite al Juzgado de Instrucción número 5, esta denuncia que se refiere a la inacción del Protectorado de Fundaciones de la Junta de Castilla y León en esta operación urbanística propiciada por la manipulación subrepticia del Plan General de Ordenación Urbana que está siendo investigada (la instrucción está a punto de concluir) por el Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid y en la que, además de técnicos municipales y concejales del equipo de Gobierno del PP, ha llegado a prestar declaración como imputado el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva. El mismo alcalde que, ya en 2003 y según declaraciones de los propios administradores de la Fundación, ya se había interesado por el desarrollo urbanístico de la parcela.

Esta nueva denuncia pone la lupa sobre la no actuación del Protectorado de Fundaciones de la Junta (órgano encargado de velar por el correcto funcionamiento de las fundaciones de la Comunidad) que, en el caso de la Fundación Emilio Álvarez “debería haber interesado las acciones judiciales que procediesen debido a la aparente existencia de indicios de concurrencia de causas de responsabilidad y de actos realizados por los patronos que pudieran ser contrarios a los preceptos legales y estatutarios”, según se explica en la denuncia.

En el mismo escrito, también se apunta que el Protectorado “debería haber solicitado a la autoridad judicial que acordara la intervención temporal de la fundación” cuando tuvo conocimiento “de las gravísimas irregularidades acontecidas en la enajenación del subsuelo de la Fundación” para venderlo, sin la preceptiva autorización previa, a la constructora Parkosa, por un importe inferior al de algunas tasaciones y sin la convocatoria de un concurso público.

Tasaciones

Y es que sobre el precio del subsuelo donde se ha construido ya un aparcamiento existen hasta 4 tasaciones distintas, con precios muy dispares dependiendo de quién los encargue. Según se expone en esta nueva denuncia, las dos primera tasaciones encargadas por los patronos de la Fundación Emilio Álvarez arrojan valoraciones “absolutamente irreales”: 1,9 millones uno y 2,1 otro. Uno de los peritos que evacuó informe, curiosamente, tenía “su oficina en el despacho de los abogados Cantalapiedra”, a la sazón representantes legales de la constructora Parkosa que se hizo con el terreno para construir el aparcamiento, según se hace constar en esta nueva denuncia remitida por la Fiscalía al juzgado.

Un tercer informe firmado por el perito Alexis Merino Expósito, esta vez encargado por la Federación de Sordos a la que daba cobijo la Fundación Emilio Álvarez, valora ese mismo subsuelo en 14,6 millones, aunque Parkosa lo acabó comprando por 6 millones.

El cuarto informe también está firmado por Merino Expósito, pero esta vez por encargo de los patronos de la Fundación. El mismo perito, tan sólo dos meses después de su primer informe, rebajó su tasación inicial apuntando que el valor de ese subsuelo era de 4,2 millones.

Dimisión

También se han producido llamativos movimientos en el Protectorado de Fundaciones de la Junta a raíz de este caso. El 24 de septiembre de 2007, el secretario general de la Consejería de Interior y Justicia (de quien dependía el Protectorado), Manuel Ferreira, remitió un escrito al patronato de la fundación Emilio Álvarez en la que advertida de que “se había vendido el subsuelo a Parkosa (...) antes de contar con la preceptiva autorización previa del Protectorado, sin asegurar la concurrencia pública y la imparcialidad en la selección del comprador”.

El secretario, tan solo una semana después de emitir ese requerimiento, presentó su dimisión. Pero hay más. 10 días después de esa dimisión, comenzaron las obras del aparcamiento “sin que el Patronato hubiera contestado a su requerimiento ni hubiera hecho nada al respecto”.

Por si todos estos detalles fueran poco, esta ‘sospechosa’ operación urbanística ha seguido dando pasos al margen de las investigaciones abiertas por los juzgados de Instrucción 5 e Instrucción 1.

El pasado 30 de enero se aprobó mediante Decreto de Alcaldía un convenio de colaboración entre la Fundación Emilio Álvarez y el Ayuntamiento para construir en terrenos de la Fundación un apartotel-residencia y edificar 10.000 metros cuadrados dedicados a la venta de pisos y oficinas. La firma de este convenio, casualmente, no ha esperado a que concluya la instrucción de la investigación abierta por la manipulación del PGOU de Valladolid.

“La demolición del antiguo Colegio de Sordos, a excepción de su fachada, sería un derroche inadmisible que dañaría gravemente a la Fundación y que obligatoriamente el Protectorado de Fundaciones de la Junta tiene que evitar, ya que está obligado a velar por que no se destruya un edificio de la dotación de la Fundación, como es el Colegio de Sordos”, sostienen los impulsores de esta nueva denuncia que Fiscalía ya ha trasladado al juez.

 

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