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Edificio de Caja Duero, residencia de Javier León de la Riva. Foto: últimoCero
Edificio de Caja Duero, residencia de Javier León de la Riva. Foto: últimoCero

La Fiscalía ve desobediencia y prevaricación del alcalde en el caso archivado de su ático

En su recurso de apelación entiende que Javier León tuvo intención de desobedecer “como negativa u oposición voluntaria, tenaz, contumaz y rebelde, obstinada y recalcitrante a acatar el mandato judicial”
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Valladolid

La Fiscalía de Valladolid considera que el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, desobedeció a los tribunales y prevaricó, al conceder licencias ilegales, para legalizar la situación urbanística del ático en el que reside. Así se hace constar expresamente en el contundente recurso de apelación presentado por el Ministerio Público contra el auto de archivo provisional del caso decretado por el juez de Instrucción 2, César Gil Margareto.

En el auto, al que ha tenido acceso últimoCero en fuentes jurídicas, la Fiscalía asegura que “existen motivos suficientes para imputar un delito de desobediencia” al alcalde ya que “parece difícil justificar, como ‘lógico y habitual comportamiento’ que una Administración Pública, en este caso, el Ayuntamiento de Valladolid, retrase o dificulte la ejecución de una resolución judicial pero, en todo caso, tanto la actuación del sujeto requerido (el alcalde), como los acuerdos adoptados por el sujeto obligado (el Ayuntamiento)(…)constituyen motivos bastantes para entender que existe la intención de desobedecer, como negativa u oposición voluntaria, tenaz, contumaz y rebelde, obstinada y recalcitrante a acatar el mandato judicial, que revela el propósito de desconocer deliberadamente la decisión de la autoridad judicial”.

En cuanto al posible delito de prevaricación, el recurso de la Fiscalía apunta que “ha de ponerse de manifiesto que el auto impugnado nada argumenta en orden a la perpetración de ese delito”, pese a que “tanto la pasividad a que se ha hecho alusión, como los distintos acuerdos adoptados, parecen apuntar a una actuación arbitraria de la Administración, proscrita en los artículos 9.1 y 103 de la Constitución Española”.

La Fiscalía no da puntada sin hilo en su recurso y frente a la complejidad para devolver la legalidad al edificio aludida por el juez instructor y a la que se agarra el alcalde como un clavo ardiendo, señala que “el Ayuntamiento nunca pidió aclaración alguna acerca de las obras que debía llevar acabo”. “Lo realmente acontecido es que la Sala de lo Contencioso Administrativo se ha visto obligada a ‘dirigir’ paso a paso la ejecución –forzosa- de las obras para, en cumplimiento de su misión constitucional, hacer ejecutar lo juzgado”, apunta textualmente el recurso.

El Ministerio Público también analiza si existió o no un requerimiento expreso al alcalde para que cumpliera la sentencia y devolviera la legalidad al edificio donde él mismo reside. El juez, en su auto de archivo aseguraba que no podía hablarse de un “mandato personalísimo y directo”, aunque frente a este razonamiento, la Fiscalía expone que “debe señalarse que el alcalde presidente es el representante del Ayuntamiento de Valladolid, en el que ya constaba la sentencia y su fallo, no sólo por ser algo público, sino porque se remitió a la Corporación cuando devino firme, y que, en todo caso, en el auto de 16 de junio de 2009, se expresaba que el Ayuntamiento demandado no había ejecutado la sentencia en el plazo voluntario, ni indicado el órgano responsable del cumplimiento de la misma, se declaraba como órgano responsable del cumplimiento de la sentencia al Alcalde de Valladolid, y se requería al Alcalde para que, bajo su directa y personal responsabilidad, bajo apercibimiento (…) procediera a ejecutar la sentencia”.

El recurso de la Fiscalía, que analiza los distintos proyectos aprobados por acuerdos de la Junta de Gobierno Municipal (finalmente declarados nulos) también rebate el argumentarlo del juez instructor sobre que el alcalde no tenía en su mano ejecutar esos acuerdos, pero sí promover la ejecución y los trámites precisos para ello. “Pues bien, el Señor De la Riva, después de haber sido designado como órgano responsable del cumplimiento, y requerido por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (…) como consta documentado en autos, se ausentó de las sesiones de la Junta de Gobierno Local cuando se iba a tratar la aprobación de los distintos proyectos a que se ha hecho referencia, para no participar en el debate y votación de ese punto del orden del día”. Sin embargo, “esta abstención –que no se produjo cuando se votaron los acuerdo anulados a pesar de que el imputado estaba en trámites de adquirir una vivienda en el inmueble al que se referían aquellos- aún cuando no se valorara como clara expresión de una voluntad contraria a lo ordenado por la Sala, colmaría igualmente la tipicidad de la desobediencia, en cuanto también revela una reiterada y evidente pasividad a lo largo del tiempo, no dando cumplimiento al mandato judicial”.

Por último, la Fiscalía, recurre el auto de archivo por no mencionar “los motivos por los que, aunque de forma tácita, se acuerda el sobreseimiento respecto de las otras dos personas que fueron llamadas a declarar por el Juzgado, en condición de imputados (Isidro Martínez Cuesta y Luis Álvarez Aller), aunque en el fundamento de derecho quinto se dice que ‘alguno de los informes pudiera resultar al menos sospechoso porque pretenda soslayar la ejecución o eludir alguno de los extremos de ésta’”.

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