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Una autobús urbano a su paso por la calle Cánovas del Castillo. Foto: C. Arranz
Una autobús urbano a su paso por la calle Cánovas del Castillo. Foto: C. Arranz

La huelga de Auvasa fue legal

El TSJ revoca el fallo del juez de primera instancia al que el alcalde calificó de "valiente"
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Valladolid

"Que debemos estimar y estimamos los Recursos de Suplicación interpuestos por CSIF, CCOO y Comité de Empresa de Auvasa, contra la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Valladolid de fecha 24 de enero de 2013 (auto nº1196 2012), dictada a virtud de demanda promovida por Autobuses Urbanos de Valladolid (Auvasa) y con revocación de dicha sentencia, debemos desestimar y desestimamos la demanda interpuesta por la parte actora, absolviendo a los recurrentes de las prestaciones contra ellos deducidas", dice el fallo de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 9 de octubre de 2013.

La sentencia ha sido recibida con satisfacción por los recurrentes, que tuvieron que soportar toda clase de ataques por parte de la dirección de Auvasa y del alcalde, León de la Riva, y del concejal Manuel Sánchez, durante el conflicto, finales de 2012, y a raíz de la publicación del fallo del Juzgado de lo Social número 1, a cuyo titular el primer edil calificó de "valiente".

Sin embargo, el TSJ desmonta los argumentos esgrimidos en primera instancia para afirmar que la huelga de los trabajadores de Auvasa -realizada entre noviembre y diciembre de 2912-  no fue "ilegal".

"El Real Decreto Ley 17/1977, regulador del derecho de huelga sigue vigente, tratándose de una norma preconstitucional aunque sometido al filtro de la Constitución Española por la sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981. El Tribunal Constitucional declaró esenciamente la constitucionalidad de los supuestos de legalidad de la huelga contemplados en el artícuo 11 que declara ilegal la huelga: "a) Cuando se inicie o sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados. b) Cuando sea de solidaridad o apoyo, salvo que afecte directamente al interés profesional de quienes lo promuevan o sostenga. c) Cuando tenga por objeto alterar, dentro de su periodo de vigncia, lo pactado en un convenio o lo establecido por laudo. d) Cuando se produzca contraviniendo lo dispuesto en el presente Real Decreto Ley, o lo expresamente pactado en convenio colectivo para la solución de conflictos".

"Los supuestos de ilegalidad de la huelga", añaden los tres magistrados del TSJ, "son los expuestos y no otros. El juez a quo considera que estamos ante una huelga novatoria del apartado 'c'. Dicho apartado lo que viene a declarar es la ilegalidad de la huelga que trata de modificar durante su vigencia un pacto o singularmente un convenio o laudo. Es decir lo que sanciona es el incumplimiento de lo pactado, intentando su modificación. Esta declaración de la ilegalidad ha sido matizada jurisprudencialmente en el sentido de que la discrepancia de la interpretación que debe darse a un convenio justifica la legalidad de la huelga ya que no se trata de modificar lo pactado sino la interpretación que se da. Es decir las huelgas por causa interpretativa no son ilegales".

Para Carlos Julio López Inclán, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León no ha hecho otra cosa que "restablecer la legalidad de unas actuaciones que eran completamente legales".

El sindicalista insiste en que el conflicto era de "interpretación del convenio y no para cambiar lo pactado".

"Vista la campaña de desprestigio del alcalde y de la dirección de Auvasa, ahora lo que corresponde es una rectificación por su parte", expresó López Inclán, quien definió las relaciones en la citada empresa -que cuenta con unos 500 trabajadores- de "difíciles".

"El alcalde, desde luego, no facilita nada las cosas", aseguró el respondable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.

Amenaza del alcalde

León de la Riva, que no ha desvelado si recurrrá "en casación para la unificación de doctrina", ha recibido la sentencia del TSJ con su habitual estilo: amenazas.

"La ley que está impulsando el Gobierno contempla que las empresas públicas -y Auvasa lo es- en quiebra hay que cerrarlas. Las leyes están para cumplirlas", dijo el alcalde.

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