La judicatura de Valladolid ampara la corrupción. Puede sonar fuerte, pero no se puede decir otra cosa al desestimar el recurso de apelación contra el auto de archivo planteado por el caso de los cursos de formación del Hospital Universitario del Río Hortega de los años 2009 y 2010, que no se llegaron a celebrar y cuya irregularidad denunciaron cuatro trabajadores de cocina.

Los cuatro empleados presentaron el 9 de marzo de 2011 ante el Juzgado de Instrucción denuncia contra las personas que pudieran ser responsables de un delito de falsificación de documento, usurpación de personalidad, apropiación indebida y, en su caso, un delito de cohecho en relación con los cursos de perfeccionamiento profesional del personal de cocina.

Los cuatro empleados fueron sancionados, tras la presentación de la denuncia, con la suspensión de empleo sueldo. El caso más grave ha sido el de Ana. G. R., a la que Salud de Castilla y León (Sacyl), fue sancionada por "cinco infracciones o faltas graves" con siete meses. Los recursos contenciosos-administrativos acabaron con la confirmación de la resolución recurrida; el último fallo es  del 28 de marzo de 2014.

Días después se ha conocido que la sección  segunda de la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación contra el auto de archivo de la denuncia contra el director de Gestión, Miguel Ángel Sánchez Asenjo, y el gerente del Río Hortega, Eduardo Enrique García Prieto, actual director general de la gerencia Regional de Salud.Y como sucediera en los recursos de las sanciones, el fallo incluye -para colmo- la imposición a los recurrentes de las costas procesales.

Todos los documentos, incluso las primeras decisiones de la Fiscalía iban en la dirección de confirmar que los cursos de formación no se impartieron y que "alguien" tuvo que falsificar las firmas de los empleados. Sin embargo, como ha sucedido en otras ocasiones en las que hay autoridades de por medio, se da la orden de no investigar. O lo que es lo mismo: tapar la corrupción.

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