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El procurador socialista Pedro González, en el centro, junto a miembros de la Junta de Personal. Foto: últimoCero
El procurador socialista Pedro González, en el centro, junto a miembros de la Junta de Personal. Foto: últimoCero

La Junta declara “secretas” las ‘bufandas’ para “preservar la intimidad” del selecto grupo de funcionarios que las cobra

La consejera de Hacienda se ampara en un informe de la Agencia de Protección de Datos en contra de “la cesión masiva de datos” para no dar a conocer quién recibe lo que el PSOE considera “sobresueldos”
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Valladolid

A punto de entrar en el verano, las ‘bufandas’ (gratificaciones extraordinarias por trabajos realizados fuera de la jornada laboral) han protagonizado uno de los rifi rafes más encendidos del pleno de esta tarde en las Cortes de Castilla y León. La Consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha reconocido que los listados de los empleados públicos que las cobran (en su mayor parte personal de confianza de los consejeros) han sido declarados “secretos”, pese a lo cual, no se ha ruborizado al afirmar que eso “es compatible con la transparencia” de la que presume el Ejecutivo regional.

El procurador socialista Pedro González Reglero le había preguntado por los motivos que tiene la Junta para declarar secretas estas percepciones económicas, en contra, incluso, de un informe jurídico elaborado por los propios servicios jurídicos de la Cámara, que la Mesa de las Cortes ha desoído al acceder a la petición del Gobierno del PP.

“La Junta de Castilla y León, en al menos tres ocasiones anteriores, no ha considerado que los documentos a través de los cuales se han hecho públicas las gratificaciones por servicios extraordinarios (‘bufandas’) concedidas por la Administración de la Comunidad afectaran al contenido esencial de derechos fundamentales o libertades públicas constitucionalmente reconocidos”, señalaba el letrado de las Cortes en el informe que adelantó últimoCero el pasado 14 de marzo, además de entender que “el derecho de los procuradores a acceder a la documentación que necesitan para el mejor cumplimiento de sus obligaciones parlamentarias se ve seriamente restringido al no poder obtener copia de los documentos que reclaman”.

Sin embargo, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, hoy se ha amparado en un informe encargado a la Agencia de Protección de Datos, que habla de la “cesión masiva de datos”, para no acceder a las peticiones no ya de los procuradores de la oposición, sino a los propios representantes legales de los trabajadores que forman parte de la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta. Según Del Olmo, ese informe señala que la protección de esos datos y el derecho a la intimidad de los preceptores está por encima de las leyes regionales que dicen que esos datos (que lejos de ser “masivos” sólo afectan a un selecto grupo de “unos 400 empleados públicos”, según el PSOE) deben ser públicos.

El debate sobre lo que para el PSOE no dejan de ser unos “sobresueldos” no ha quedado ahí, porque la consejera, a pesar de la abundante documentación que acredita cómo las distintas consejerías y más concretamente la de Presidencia, entorpecen o dificultan el acceso a esa información ha afirmado tajante que “la Junta siempre ha facilitado los datos y lo va a seguir haciendo”. Una afirmación que ha motivado que el procurador Pedro González le acusara de estar “mintiendo, una vez más, a sabiendas”.

Representantes de la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta, acompañados por el procurador socialista Pedro González, esta misma mañana han ofrecido una rueda de prensa para criticar con dureza el ocultismo que practica desde hace años la Junta con respecto a este asunto sobre el que han preguntado por carta al presidente, Juan Vicente Herrera, sin obtener respuesta. “Pensamos que esas gratificaciones deben ser vergonzosas y vergonzantes si las quieren convertir en secretas”, aseguró Marcial Barba, quien considera indigno que en plena época de recortes a los funcionarios (paga extra, oferta pública de empleo paralizada, bajada de sueldos...) “un porcentaje de la casta de esta Comunidad reciban gratificaciones sin que lo sepan los trabajadores, los sindicatos y los ciudadanos en general”.

La Junta de Personal, que no descarta iniciar la vía judicial para que se mantenga el carácter público de estas gratificaciones, puso ayer distintos ejemplos de cobro de bufandas, como “el de una trabajadora que ha cobrado la gratificación estando de baja por maternidad”.

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