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El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en las Cortes. Foto: Carlos Arranz
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en las Cortes. Foto: Carlos Arranz

La Junta esconde las ‘bufandas’ que paga y torea a los sindicatos, la oposición y las Cortes para no enseñarlas

La Junta de Personal ha remitido una carta al presidente Herrera en la que amenaza con denunciar a todos los consejeros por malversación y prevaricación
G.V.
Valladolid

En plena época de rebajas de derechos en forma de recortes, la Junta de Castilla y León guarda en el armario, bajo siete llaves, las ‘bufandas’ que paga a su personal de confianza, aunque para ello tenga que torear a los sindicatos, al principal partido de la oposición y hasta las mismas Cortes de Castilla y León, según acredita la documentación en poder de últimoCero.

Esas gratificaciones extraordinarias, tan legales como chirriantes en época de crisis, traen de cabeza a los sindicatos que conforman la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Administración regional que, a la desesperada, han enviado una carta al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en la que amenazan con iniciar acciones legales contra todos los consejeros por presuntos delitos contra la libertad sindical, malversación de fondos públicos e, incluso, prevaricación.

La carta, a la que ha tenido acceso últimoCero, fue registrada el pasado día 16 de enero y en ella se formula la amenaza “una vez comprobada la resistencia activa” de las distintas consejerías a hacer públicos estos pagos, que llegan a calificar de “presuntamente ilegales”, dado que se hacen “de forma sistemática y sostenidos en el tiempo, con cuantías fijas y periódicas en su devengo”. Algo muy distinto a lo que debería significar el concepto de ‘extraordinario’ que las ampara.

El hartazgo de los sindicatos viene de atrás. El pasado mes de septiembre ya enviaron otra carta al presidente de la Junta en la que le exigían transparencia con respecto a este asunto. Una petición que no ha sido atendida. “Le pedimos que en virtud de los principios de transparencia que usted invoca y que compartimos, le rogamos dé las órdenes oportunas a sus secretarios generales para que de forma periódica, y al igual que se envían los datos de la productividad, nos envíen mensualmente todas las relaciones de gratificaciones extraordinarias que reciben los empleados públicos que cobran de los presupuestos generales de la Junta y que deben estar al servicio de la transparencia, que la Ley, y usted como garante y máximo responsable, señalan”, apuntaron entonces en su carta a Juan Vicente Herrera imaginando que “si las gratificaciones extraordinarias no son vergonzantes, no tendrá ningún reparo en facilitar a esta Junta de Personal, como representante legítima de más de 3.550 funcionarios, los datos de forma transparente, ordenada y sistemática y en un formato acorde con las nuevas tecnologías.

Torear a la oposición y a las Cortes

Ni siquiera el PSCyL, contando con el amparo de la presidenta de las Cortes de Castilla y León, María Josefa García Cirac, ha tenido éxito al intentar conseguir la documentación que acredita este tipo de pagos en las distintas consejerías.

El ‘juego burocrático’ al que somete la Consejería de Presidencia a los procuradores socialistas que solicitan esta información roza el esperpento. Y para muestra dos botones: las solicitudes efectuadas por los procuradores socialistas José Francisco Martín, Pedro González y Teresa Martín López en abril de 2012 y mayo de 2013.

Ambas peticiones de información han sido contestadas de forma ‘sui generis’ a finales del año pasado por la directora general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Consejería de Presidencia, María de Diego Durántez. No tenía más remedio después de que la presidenta de las Cortes hubiera otorgado “amparo” a los procuradores socialistas y ella misma hubiera tenido que recordar a De Diego que “la negativa a facilitar copia de la documentación (...) incumplía el Reglamento de la Cámara, debiendo, en consecuencia, proceder la Junta de Castilla y León a remitir las copias de la documentación consultada a la mayor brevedad posible”.

Las respuestas obtenidas por los socialistas y la propia presidenta de las Cortes, a pesar de su requerimiento expreso, son surrealistas. Las dos están   fechadas el 19 de diciembre de 2013.

En la primera, la directora general se dirige a la presidenta de las Cortes para explicarle que los procuradores socialistas “tuvieron acceso y pudieron consultar toda la documentación solicitada”, aunque a renglón seguido hace constar que “en ningún momento los procuradores, ni la Mesa (de las Cortes) en su acuerdo por el que se les otorga amparo, han identificado los documentos concretos de entre los consultados de los que solicita copia”.

Basta recordar que la petición socialista se encaminaba a obtener “copia de los documentos a través de los cuales se han hecho públicas las gratificaciones por servicios extraordinarios (bufandas) concedidas por la administración de la Comunidad correspondiente al primer trimestre de 2012” para comprobar que la respuesta de De Diego es sólo una estrategia para evitar facilitar la información.

Pero hay más. La directora general riza el rizo cuando, en esa misma contestación a la presidenta de las Cortes, hace constar: “En cualquier caso, a la vista del escrito de V.E. (la presidenta de las Cortes), de la naturaleza del contenido de los documentos consultados (los mismos que dice que la oposición no identifica) y de diversos informes de la Agencia Española de Protección de Datos, se ha solicitado a esta Agencia informe sobre la forma de dar traslado de los documentos solicitados de manera compatible con la normativa en materia de protección de datos de carácter personal”.

Y aquí no acaba este culebrón/cortina de humo con el que Presidencia trata de despachar este asunto. La respuesta que da a la presidenta de las Cortes  la directora general a raíz de una nueva petición de documentación de los socialistas va más allá. Tras comunicarle que “cada vez que se conceden gratificaciones se indica públicamente que pueden ser conocidas por los funcionarios de las consejerías interesadas, así como por los representantes sindicales” hace constar, literalmente, lo siguiente: “Por tanto, la Administración no tiene que notificar, ni dar traslado, a los representantes sindicales de las gratificaciones extraordinarias concedidas por lo que los documentos que se solicitan no tienen que existir” (SIC).

Todo un ejercicio de prestidigitación política incompatible con la cacareada transparencia de la que presume sin motivo el presidente de la Junta y que, gracias al enfado sindical, pueda acabar tomando forma de denuncia en los juzgados contra todos los consejeros por prevaricación y malversación de fondos.

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