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Edificio de la ADE en Arroyo conocido como la Perla Negra. Foto: últimoCero
Edificio de la ADE en Arroyo conocido como la Perla Negra. Foto: últimoCero

La Junta de Personal no tira la toalla y lleva al juzgado los ‘dedazos ilegales’ y las irregularidades en la ADE

Después de que la Fiscalía decidiera no investigar el caso, ayer se presentó la denuncia en el juzgado de guardia
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Valladolid

La Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León en la que están representados los sindicatos CSIF, CGT, CCOO, UGT y USAE no tira la toalla y ha presentado una denuncia ante el juzgado de guardia por los ‘dedazos’ ilegales y otras irregularidades en la antigua ADE (hoy Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León), después de que la Fiscalía decidiera no investigar el caso y abriera la puerta a la presentación de una denuncia formal ante el juzgado.

El pasado 9 de abril, la Junta de Personal aprobó por 12 votos a favor y 1 en blanco (4 representantes no participaron en la votación), trasladar al juzgado esta denuncia contra los responsables de la Agencia de Innovación, Financiación e Innovación Empresarial (ADE) por presuntos delitos de prevaricación continuada en materia de recursos humanos, nombramientos ilegales, usurpación de funciones públicas y malversación de fondos públicos.

Esta denuncia, que ha ido a parar a Instrucción 6, que ayer estaba de guardia, se ha registrado tan sólo unos días después de que se haya conocido la imputación de 26 cargos de la junta y distintos empresarios por la presunta comisión de delitos de cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicos en la operación de compra del edificio de Arroyo de la Encomienda donde tiene su sede la ADE conocido como ‘la Perla Negra’ y el desarrollo de un parque industrial frustrado en la localidad vallisoletana de Portillo.

Algunos de los responsables de ADE ya imputados también son señalados en esta denuncia promovida por los sindicatos. Es el caso de Pilar Manteca Barrio, una abogada de Valladolid que, según la información que aportan los denunciantes, ejerce sin oposición alguna y mediante nombramiento directo del consejero de Economía y Empleo Tomás Villanueva, la representación, defensa y asesoramiento jurídico de la Agencia, quien debió asesorar, controlar la legalidad e impedir que llegaran a cometerse todos los hechos que ahora investigan los tribunales.

Los sindicatos instan a que se investiguen los “dedazos” presuntamente ilegales que han supuesto el acceso a la citada agencia de 84 trabajadores (la plantilla global es de 184), de los cuales, además, “tan sólo 80 aprobaron los procesos convocados”, como ya adelantó últimoCero el pasado 9 de diciembre.

Las centrales sindicales entienden en su denuncia que “los trabajadores que han sido integrados en la nueva ADE (…) han sido nombrados presuntamente de manera ilegal”, ya que previamente no ha existido ni oferta de empleo público, ni convocatoria de oposición.

“Entendemos que, además de haberse generado unas asignaciones de puestos presuntamente nulas de pleno derecho, se podría estar incurriendo presuntamente en todos o algunos de los ilícitos penales contenidos en los artículos del Código Penal (404 prevaricación, 405 y 406 relativos al nombramiento ilegal), incluso en algunos casos que implican el ejercicio de autoridad y carácter oficial, que no han sido asignados a funcionarios, el de usurpación de funciones públicas contenido en el 402 del Código Penal”, se apunta textualmente en la denuncia a la que ha tenido acceso últimoCero.

En la denuncia también se entiende que ha podido existir un presunto delito de malversación a la hora de integrar en la nueva ADE distintas empresas públicas y fundaciones “que se encontraban en situación de quiebra técnica” gracias a una decisión “que se aparta de lo previsto en la Ley” y “sustentada únicamente en mera voluntad de quien decide, pues esa empresa no desaparece, sino que se integra en la Administración asumiéndose con dinero público su difícil situación financiera y el personal y directivos que la condujeron a esa situación”.

Uno de los puntos clave de esta denuncia tiene que ver con que algunos de los puestos que ocupan los nombrados “a dedo” están reservados a los funcionarios y que ello implica una “usurpación de funciones”. Es el caso de determinadas plazas, como son las de Jefe de Área de Auditoría Interna, Secretario General, Jefe de Área de Administración, Jefe de Área de Asesoría Jurídica, responsable de unidad de recursos administrativos, así como directores territoriales de cada provincia de departamento y directores de departamento y de Área de servicios centrales”. “En los mencionados puestos (todos ellos de libre designación y por lo tanto reservados a funcionarios) se ejercitan actos propios de autoridad o funcionarios derivadas de la concesión y gestión de subvenciones y ayudas públicas, actividad fundamental de la Agencia”.

La denuncia de los sindicatos también se hace eco del documento publicado  el pasado 29 de noviembre por últimoCero en el que la Directora de la Agencia, sin ninguna obligación para hacerlo, ha decidido unilateralmente conceder una gratificación extraordinaria a los trabajadores consistente en una compensación de tiempo de descanso o dineraria, a elección del trabajador. “Entendemos que dicha decisión pudiera haber incurrido en presunta prevaricación”, se apunta en la denuncia.

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