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Imagen de archivo de una protesta de funcionarios de Pladepu a las puertas de las Cortes.
Imagen de archivo de una protesta de funcionarios de Pladepu a las puertas de las Cortes.

Las Cortes miran para otro lado y no investigan las ilegalidades de las "empresas garrapatas”

La Comisión de Hacienda convierte en una ‘declaración de intenciones’ el demoledor informe de fiscalización del Consejo de Cuentas a las empresas públicas
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Valladolid

Las Cortes de Castilla y León han preferido mirar para otro lado y no investigar las múltiples ilegalidades e irregularidades que ha detectado el Consejo de Cuentas en las empresas públicas de la Comunidad, bautizadas por los funcionarios de la Plataforma en Defensa de lo Público como “empresas garrapatas”: ADE Financiación, ADE Parques Tecnológicos y Empresariales, Provilsa y Somacyl.

A pesar de que desde Pladepu se ha denunciado que el Informe de Fiscalización recogía un “cúmulo de ilegalidades e irregularidades” suficiente para que “el Presidente de esta Comunidad hubiese cesado a los responsables de estas empresas públicas y hubiera pedido disculpas por lo mal que su gobierno ha gestionado el dinero de todos los castellanos y leoneses”, la Comisión de Hacienda, lejos de enmendar todo este despropósito y defender los derechos y dineros de los ciudadanos, ha preferido camuflar el desaguisado con una descafeinada resolución que fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 22 de octubre.

“Las empresas públicas de la Comunidad deberán perfeccionar sus procedimientos de gestión contractual de forma que permitan constatar sin lugar a dudas la aplicación de los principios de transparencia e igualdad de trato que inspiran la normativa referida a la contratación pública”señala textualmente antes de añadir que  “las empresas públicas de la Comunidad deberán completar la revisión y actualización de sus procedimientos de gestión contractual, de forma que el establecimiento de las condiciones de solvencia exigidas a los licitadores y los criterios de valoración establecidos no alberguen duda alguna respecto de su aplicación, completándose el procedimiento necesario para la correcta constatación de la documentación que integra los expedientes de contratación”.

Preguntas sin respuesta

“¿Por qué las Cortes de Castilla y León no ha abierto una comisión de investigación para esclarecer las ilegalidades e irregularidades de estas empresas públicas? ¿Por qué las Cortes no ha llamado a declarar a los responsables de estas empresas? ¿Por qué las Cortes no investigan la falta de transparencia e igualdad de trato en las contrataciones de estas empresas públicas que ha puesto de relieve el Consejo de Cuentas? ¿Por qué las Cortes no establecen un calendario para asegurarse el cumplimiento de su acuerdo? ¿Por qué las Cortes de Castilla y León no defienden los derechos y dineros de los ciudadanos que los han votado?”, son algunas de las preguntas que se hacen los responsables de Pladepu, quienes consideran que, con esta forma de obrar, “es la propia Administración regional la que omite sus obligaciones y se dedica a dar carpetazo a las ilegalidades”.

Pladepu va más allá al asegurar que “la mierda huele” y que “lo que pasa en Castilla y León es digno de una república bananera”.

“Denunciamos que las Cortes Regionales ha dado un portazo en las narices de sus ciudadanos, ha hecho caso omiso a sus obligaciones fiscalizadoras y ha dado un paso más para que los ciudadanos tengamos un mayor desapego por los políticos, ya que estos amparan y no investigan las ilegalidades e irregularidades de las empresas públicas”, sentencian los funcionarios de Pladepu.

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