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Herrera y Marcos, en primer término, rodeados de autoridades y altos cargos. Foto: Junta de Castilla y León
Herrera y Marcos, en primer término, rodeados de autoridades y altos cargos. Foto: Junta de Castilla y León

Los abogados dan plantón a la Junta en la presentación del Modelo de Atención Integral a las víctimas de violencia machista

Castilla y León es la única Comunidad en la que los Colegios de Abogados no gestionan la asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género, adjudicada por la Junta sin concurso público a un despacho privado
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Valladolid

Los abogados de la Comunidad han dado hoy plantón a la Junta de Castilla y León en el acto de presentación, a bombo y platillo, de un nuevo plan de atención a las víctimas de la violencia machista al que han denominado “Objetivo Violencia Cero” en un acto al que además del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera y la consejera de Familia, Milagros Marcos, han asistido 350 invitados.

En representación de los nueve Colegios de Abogados de la Comunidad Autónoma, el presidente de este colectivo en la región, Fernando García-Delgado, ha remitido sendas cartas al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la consejera de Familia, Milagros Marcos, rechazando la invitación a asistir a la presentación del nuevo Modelo de Atención Integral a las víctimas de violencia de género.

En las misivas, García-Delgado lamenta su ausencia, que argumenta en la decisión de la Consejería de Familia de privar a los letrados de la región de la asistencia a las víctimas de violencia que desde su creación tuvieron encomendada, convirtiendo así la Comunidad Autónoma en la única en la que los Colegios de Abogados no se ocupan del servicio de asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género, que la Junta de Castilla y León adjudicó sin concurso público, el año pasado, a un despacho privado.

El presidente de los abogados de la Comunidad afirma, además, que su colectivo no ha sido llamado nunca a participar en el proceso de creación e implantación de este nuevo Modelo, a pesar de lo que la consejera indica en su invitación. "Desconocemos, por tanto", señala, "el contenido del denominado Modelo y nunca se nos solicitó nuestra opinión sobre el mismo".

García-Delgado deplora que Castilla y León sea "la única Comunidad de nuestro país en que la Abogacía Institucional ha sido privada del asesoramiento y defensa de las mujeres que son objeto de violencia de género, en beneficio de un despacho privado ", algo que, añade, puede infringir la Ley de Contratos del sector público y violar, además, las reglas que regulan las Ayudas de los Estados de la UE que se recogen en el Tratado de funcionamiento de la Unión en su artículo 106.1.

El letrado salmantino incide en que la compensación económica que se entrega a este despacho privado "puede ser interpretada como ayuda de Estado y calificada como arbitraria", y la adjudicación puede contravenir la Ley de Protección de Datos, infringir la Ley de Defensa de la Competencia y el artículo 10 de la Constitución Española, que abre el Título de los Derechos Fundamentales.        

García-Delgado confiesa, en sus cartas su incomprensión acerca de los motivos que han llevado a la Administración Regional a actuar de esta manera y arrebatarles un servicio del que jamás recibieron queja, y se manifiesta decepcionado y "desairado" por las "buenas palabras que se nos dieron", dice, en presencia del portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, y "las promesas que se nos hicieron", de las que, señala, "nada se ha cumplido".

El presidente de los 5.000 abogados que ejercen en la Comunidad concluye su carta a Herrera reseñando que los nueve Colegios siguen, aún sin financiación de la Administración Regional, atendiendo a todas las mujeres víctimas de Violencia de Género que acuden a ellos, tanto aquéllas que acuden voluntariamente como las que les remite el adjudicatario actual del servicio por razones que desconocen.

El malestar de los abogados de la región data del mes de abril del año pasado, 2014, cuando la Junta de Castilla y León dejó de financiar los Servicios de Orientación Jurídica a mujeres víctimas de violencia de género que gestionaban históricamente los Colegios para adjudicárselo a ese despacho privado por un montante económico  muy superior al que se ofreció al Consejo de la Abogacía.

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