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Integrantes de la Asociación de Ayuda a la Dependencia tras registrar su escrito.
Integrantes de la Asociación de Ayuda a la Dependencia tras registrar su escrito.

Los padres de menores con gran discapacidad denuncian que su realidad es “perder derechos y vivir de la caridad”

Han vuelto a registrar un escrito para hacer valer una resolución del Procurador del Común en la que se pide “corregir el error” que existe en la asignación de cuantías mensuales a los cuidadores del entorno familiar
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Valladolid

A los padres de menores con gran discapacidad no les extraña que Castilla y León obtenga un sobresaliente a la hora de aplicar la Ley de Dependencia “porque en el país de los ciegos el tuerto es el rey”. Ellos aseguran que su realidad diaria es bien distinta y se resume fácilmente: “Perder derechos y vivir de la caridad”.

Así consta en la carta que esta misma mañana han registrado los integrantes de la Asociación Ayuda a la Dependencia en la Consejería de Familia para  tratar de convertir en hechos las buenas palabras que han recibido cada vez que se han entrevistado con la titular de la cartera, Milagros Marcos. “Llevamos meses intentando hacer ver a la Consejería la situación tan desesperada que tras el recorte del 40% sufrimos seriamente desde el año 2012. El problema, día a día, se agrava más y recordamos que a esta situación nos llevó éste Gobierno”, apuntan antes de explicar: “Aquí nos encontramos para recordarla una vez más los derechos que nos han quitado a los cuidadores (dados de baja en la Seguridad Social y sin cotizar)”.

En esta ocasión, los integrantes de la Asociación han acudido a la Consejería de Familia con el aval de una resolución del Procurador del Común que concluye con la “necesidad de corregir el error existente en la determinación del importe mensual de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar (...) al haberse aplicado a la fórmula destinada a su cálculo unas cuantías máximas distintas a las aprobadas por el Real Decreto 20/2012 para los beneficiarios con grado y nivel de dependencia reconocido con anterioridad al 1 de agosto”.

En otras palabras. A los cuidadores familiares el Gobierno les redujo la prestación un 15% y la Junta, otro 15%, que es el que cuestiona el alto comisionado de las Cortes, según los miembros de la Asociación Ayuda a la Dependencia.

La Consejería aún no ha contestado al Procurador del Común. El plazo para hacerlo concluye en febrero. La respuesta que pueda dar, sin embargo, no parece que vaya a ser del agrado de las familias.

Fuentes oficiales de la Consejería aseguran que a todas estas familias se les ha ofrecido, a cambio de la ayuda que perciben los cuidadores familiares, prestaciones en forma de servicio que han sido rechazadas. “El modelo de la Junta, que recibe la más alta valoración por parte de los expertos y es copiado por otras comunidades, apuesta por los servicios profesionalizados en lugar de por los cuidadores familiares que están contemplados como situación extraordinaria en la propia Ley. De esta forma se garantiza, por lo menos, el mantenimiento de puestos de trabajo en las empresas del denominado tercer sector”, apuntan fuentes oficiales de la Consejería.

 

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