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El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, durante un pleno municipal.
El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, durante un pleno municipal.

Los vecinos piden dos años de inhabilitación para el alcalde por desobediente en el caso edificio Caja Duero

La mujer de Javier León intentó sin éxito anular todo el proceso, se recuerda en el escrito de acusación presentado por la Federación Vecinal “Antonio Machado”
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Valladolid

Dos años de inhabilitación especial para ocupar los cargos de alcalde o concejal y una multa de 12 meses a razón de 250 euros diarios. Esta es la condena que la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado pide para el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, procesado por desobediente en el caso de los áticos del edificio de Caja Duero donde él mismo reside.

En el escrito de acusación, se recuerda que “el acusado, don Francisco Javier León de la Riva, estaba obligado y era personalmente responsable de dar cumplimiento a la sentencia que había dictado la Sala de lo Contencioso-administrativo el día 28 de abril de 2008 anulando las licencias concedidas para rehabilitar el edificio situado en la Plaza de Zorrilla, de Valladolid, con vuelta a las calles Santiago y María de Molina”, y que “a pesar de los sucesivos requerimientos del Tribunal, que llegó a requerirle hasta en cinco ocasiones bajo apercibimiento de poder incurrir en responsabilidad penal no le dio cabal cumplimiento hasta después de haber formulado el Fiscal la denuncia que ha dado origen a este proceso”.

Los vecinos entienden que “el señor León de la Riva era, como Alcalde, la persona encargada de dar cumplimiento a la sentencia porque a él le corresponde el gobierno y la dirección del Ayuntamiento [artículo 21.1.a) de la Ley de Bases de Régimen Local], porque el Ayuntamiento jamás comunicó al Tribunal que fuera otro órgano el responsable del cumplimiento de la sentencia y porque reiteradamente la Sala le ordenó que la cumpliera, incluso con el apercibimiento de que podía incurrir en responsabilidad penal si así no lo hiciese”.

Sin embargo, los vecinos recuerdan “las reiteradas negativas del acusado (que —además de Alcalde— era adquirente de una de las viviendas y Vicepresidente de la entidad inicialmente propietaria de la totalidad del edificio antes de la rehabilitación; Caja Duero), a dar cumplimiento a lo ordenado” y destacan alguna especialmente llamativa, como la que hace referencia a la actuación de su mujer en cierto momento del procedimiento: “Poco después de ser dictada la sentencia, el día 26 de mayo de 2008 la esposa del acusado doña María Mercedes Rafael Santamaría solicitó del Tribunal que declarase la nulidad de todas las actuaciones, invocando su condición de copropietaria de una de las viviendas del inmueble, por pertenecer a la sociedad de gananciales y no haber sido parte en el proceso, pretensión que fue rechazada por auto de 16 de julio de 2008”.

En el escrito se enumeran todos y cada uno de los requerimientos efectuados por los tribunales ignorados por el alcalde para dar cumplimiento a la sentencia y cómo “se consiguió que, por fin, en abril de 2013, cinco años después de haber sido dictada la sentencia, las obras quedaran —al parecer— concluidas a salvo de remates y trámites administrativos”.

Otro de los aspectos abordados en el escrito de acusación es el que hace referencia a la actuación de arquitectos municipales como Luis Álvarez Aller e Isidro Martín Cuesta, redactores de proyectos que nunca sirvieron para cumplir la sentencia, sino para retrasar su ejecución.

La conclusión de los vecinos es clara: “Se ha tardado, pues, cinco años en ejecutar unas obras cuya duración normal sería de cinco meses (plazo fijado por ‘Núcleo, S.A.’ si se hubiesen ejecutado simultáneamente las dos fases) y jamás se ha llegado a hacer efectivo el cese de la utilización del edificio, uso que era ajeno a cualquier clase de obras y que fue también expresamente ordenado”.

Por eso piden, además de la multa y los dos años de inhabilitación especial para el alcalde, que pague las costas judiciales de todo este caso que ahora ya está a punto de ser juzgado.

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Poco o nada se puede hacer, los que pueden echarle son los propios votantes del pp y estos en su negligencia culpable arrastran a los demas.

 

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