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Edificio de Caja Duero donde reside el alcalde. Foto: últimoCero
Edificio de Caja Duero donde reside el alcalde. Foto: últimoCero

Los vecinos recurrirán el auto que archiva el caso de la vivienda ilegal del alcalde

“Nosotros no nos presentamos a las elecciones, pero seguiremos defendiendo la legalidad”, afirma la presidenta de la Federación vecinal
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Valladolid

La Junta directiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado ha decidido esta misma tarde en una reunión extraordinaria que presentará un recurso contra el auto que archiva provisionalmente el caso de la vivienda ilegal del alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, en el edificio de Caja Duero, en la Plaza de Zorrilla.

Los vecinos, que siguen convencidos de que en este caso “debería haber sido el propio Ayuntamiento el que estuviera personado para defender la legalidad urbanística”, aseguran que, tras consultar con su abogado, el citado auto “es recurrible”. “Es cierto que en él se exime de delito al alcalde, pero también es cierto que el juez reconoce que han existido trabas y retrasos injustificados a la hora de ejecutar las obras” que ordenó el Tribunal Superior de Justicia para devolver la legalidad al edificio.

“Nosotros no nos vamos a presentar a las elecciones, pero vamos a seguir estando aquí, defendiendo la legalidad y siempre atentos para evitar que se cometan tropelías como la que se ha ejecutado en esos áticos”, resumió la presidenta del colectivo vecinal, María José Larena, al término de la reunión en la que se adoptó formalmente la decisión de recurrir el fallo que ayer por la noche adelantó últimoCero.

El alcalde de Valladolid, esta mañana, se mostró satisfecho con el contenido del auto que archiva provisionalmente la causa abierta contra él y contra dos técnicos municipales (Isidro Martínez Cuesta y Luis Álvarez Aller). “Estoy tranquilo y satisfecho. También en lo que se refiere a los dos técnicos municipales imputados”, afirmó el alcalde, antes de reconocer, como señala el auto, que “se puede haber actuado sin la diligencia adecuada” para devolver la legalidad al edificio como exigía el TSJ, pero siempre justificada “por la complejidad evidente para cumplir la sentencia y plasmarla en realidad por la falta de planos originales del edificio”.

Javier León, una vez más, no perdió la ocasión para reivindicarse como futuro cartel electoral del PP a la vez que arremetía contra los partidos de la oposición: “Deben tener presente que al alcalde hay que derrotarle en las urnas y no en los tribunales, dijo”.

El presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente, en la misma línea que los vecinos, aprecia que el “discutible” auto dictado por el juez “es recurrible” por tener varios “elementos que chirrían”. “Lo cierto es que ese auto, en el que el juez compara al alcalde de la ciudad con un deudor cualquiera, no deja en buen lugar ni a quien lo dicta no al alcalde”, sostiene Puente, convencido de que el titular de Instrucción 2 “describe una conducta de desobediencia aunque la conclusión final del auto sea la contraria”. “Es un auto contradictorio en sus propios términos”, resumió Puente dejando claro su respeto por los pronunciamientos judiciales.

Para el concejal socialista, con independencia de la responsabilidad penal que se dirime en los juzgados, “estamos hablando de un caso escandaloso, que pone de manifiesto que el alcalde de la ciudad vive en una vivienda ilegal, que ya ha costado a los bolsillos de los contribuyentes más de un millón de euros en el proceso de legalización, al que hay que sumar otras cantidades en concepto de indemnización que pueden acabar disparando todo este asunto por encima de los 3 millones de euros”. “Si el alcalde quiere hacer una fiesta para celebrar este auto, que la haga, pero que no se gaste mucho”, recomendó Puente.

Para el portavoz de IU, Manuel Saravia, en este asunto se aprecia “un comportamiento no ilegal, pero indigno, respecto al cumplimiento de las sentencias judiciales”. El Grupo Municipal de Izquierda Unida entiende que el alcalde, “como cargo público, debe explicar públicamente tal proceder”.

Tras analizar el auto, IU pone su lupa en asuntos concretos: “El magistrado dice que, si bien no se aprecia el delito de desobediencia, sí puede verse en la conducta del alcalde haber aplicado ‘cortapisas legales y fácticas para el cumplimiento de la sentencia’ (fundamento 6º), haberse conducido según ‘el lógico y habitual comportamiento de todo deudor o ejecutado, que acude a las posibilidades que la ley le da para retrasar o dificultar la ejecución o para promover incidentes que dilaten ésta’ (fundamento 5º)”.

Con esas manifestaciones el auto sugiere, según IU, que “el intento del alcalde en que el cumplimiento de la sentencia fuese lo más liviano posible, deriva de unos intereses privados, bien distintos a los del cargo público”. “Como alcalde lo propio sería promover el más rápido cumplimiento, y de la forma más clara posible, de lo ordenado. Sugiere el auto, según creemos, que la ‘lógica’ resistencia a cumplir los mandatos jurídicos deriva más de una posición próxima a los promotores que al interés por cumplir, desde la perspectiva de gobierno municipal, cuanto antes y sin ninguna duda, la legalidad”, sostiene Manuel Saravia.

IU reclama “explicaciones públicas al alcalde” y recuerda “el compromiso adquirido por el equipo de Gobierno de poner en marcha una comisión de investigación sobre este asunto cuando concluyesen las actuaciones judiciales”. Algo que, a tenor del anuncio de los vecinos (presentación de un recurso) aún no se ha producido.

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