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Un reloj para que los funcionarios de la Junta fichen. Foto: últimoCero
Un reloj para que los funcionarios de la Junta fichen. Foto: últimoCero

Nueva ofensiva sindical para conocer el listado de ‘bufandas’ que paga la Junta

La Junta de Personal de Servicios Centrales vuelve a reclamar a todos los consejeros la información como paso previo a presentar denuncias
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Valladolid

Pese a que ya llevan años intentándolo sin éxito, todos los sindicatos que conforman la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta han armado otra ofensiva para que el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera, que presume de ‘transparente’, facilite los listados del reducido grupo de empleados públicos que cobra las denominadas ‘bufandas’, una gratificación extraordinaria legal por la prestación de servicios fuera de la jornada ordinaria de trabajo.

Los sindicatos, esta vez, han remitido a todos los consejeros y al propio presidente de la Junta una carta en la que le exigen esta información, referida a los últimos cuatro ejercicios, por ser un “derecho reconocido en la Ley 7/2005 reguladora de la Función Pública”.

En las misivas remitidas a los consejeros, los sindicatos advierten de que, en caso de no recibir los listados solicitados, presentarán denuncias dirigidas “de forma personalísima al funcionario público o a la autoridad que tenga la competencia” y que se niegue a desvelar lo que para la Junta parece ser un ‘secreto de Estado’.

Para los sindicatos, las ‘bufandas’ son, en realidad, sobresueldos que se están pagando “a un determinado número de empleados públicos sin que se cumpla el motivo legal que lo justifique”,  lo que supone “un evidente perjuicio económico para las arcas públicas”.

El pasado mes de mayo, en el Pleno celebrado en las Cortes de Castilla y León, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, no tuvo reparo en reconocer que la Junta había declarado “secretos” los listados de los empleados públicos que las cobran (en su mayor parte personal de confianza de los consejeros). La responsable de Hacienda ni se ruborizó al afirmar que eso “es compatible con la transparencia” de la que presume el Ejecutivo regional.

Para llegar a esa conclusión, Del Olmo esgrimió un informe encargado a la Agencia de Protección de Datos que nunca ha llegado a hacerse público. últimoCero, sin embargo, sí que ha publicado un informe elaborado por un letrado del Parlamento regional que se muestra contundente al respecto: “La Junta de Castilla y León, en al menos tres ocasiones anteriores, no ha considerado que los documentos a través de los cuales se han hecho públicas las gratificaciones por servicios extraordinarios (‘bufandas’) concedidas por la Administración de la Comunidad afectaran al contenido esencial de derechos fundamentales o libertades públicas constitucionalmente reconocidos”. Es más, el citado informe, apuntaba que “el derecho de los procuradores a acceder a la documentación que necesitan para el mejor cumplimiento de sus obligaciones parlamentarias se ve seriamente restringido al no poder obtener copia de los documentos que reclaman”.

El secretismo de la Junta con respecto a este reparto de gratificaciones entre un grupo de aproximadamente 400 empleados públicos, obliga a los sindicatos a sostener una particular interpretación al respecto: “Pensamos que esas gratificaciones deben ser vergonzosas y vergonzantes si las quieren convertir en secretas”. Son palabras del presidente de la Junta de Personal,  Marcial Barba, quien considera indigno que en plena época de recortes a los funcionarios (paga extra, oferta pública de empleo paralizada, bajada de sueldos...) “un porcentaje de la casta de esta Comunidad reciban gratificaciones sin que lo sepan los trabajadores, los sindicatos y los ciudadanos en general”.

 

 

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