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Rocío Matilla y Alicia Alonso, integrantes de Oteando. Foto: L. Fraile
Rocío Matilla y Alicia Alonso, integrantes de Oteando. Foto: L. Fraile

Oteando continúa su lucha por la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad

Este Observatorio para la defensa de los derechos y libertades focaliza actualmente la mayor parte de sus actividades en la lucha contra los abusos, torturas y malos tratos cometidos en los centros penitenciarios de Castilla y León
Laura Fraile
Valladolid

"Cuando se produce una denuncia es cuando hay movimiento. Lo importante es visibilizarlo". Así explica Alicia Alonso, integrante de Oteando, uno de los puntos clave de su trabajo en este Observatorio, que lleva tres años de funcionamiento en Valladolid. "Este servicio surgió con el objetivo de crear un paraguas que pudiera servir a los abogados que están llevando casos de malos tratos y torturas en las cárceles. Así fue como decidimos crear una asociación con la que amparar este trabajo. En el caso de Valladolid, durante un tiempo estuvo funcionando un módulo de aislamiento en Villanubla, lo que facilitaba que los abusos pudieran ser más probables y que sacarlos pudiera ser más difícil. Entre cuatro y cinco presos denunciaron palizas cometidas contra ellos, pero esto fue archivado. Sentimos que había que visibilizar lo ocurrido, así que creamos esta asociación", continúa Alicia.

Aparte de ella, dentro de Oteando colaboran otros tres abogados (Ana Arranz, Jaime Sáez y Rocío Matilla), así como el médico Gonzalo Tejerina. Su principal ámbito de trabajo es la cárcel, lugar en el que actúan cuando detectan casos de abusos, torturas o malos tratos. "Entramos donde no llega nadie. Es el ámbito que nos absorbe más tiempo y energías. Lo hacemos de manera altruista. Desde el principio decidimos no contar con las subvenciones de ningún organismo público, para así poder asegurar nuestra independencia. Nos mantenemos únicamente con las cuotas de nuestros socios", aclara esta abogada.

Alicia y Rocío conocen muy bien la realidad de los centros penitenciarios. Según explican, la mayor parte de los internos son hombres, ya que las mujeres constituyen sólo un 8%. Tres cuartas partes de estas mujeres están allí por delitos cometidos contra la salud o la propiedad, generalmente por tráfico de drogas o robos, y un tercio de ellas son extranjeras. En lo que respecta al otro género, la situación es algo distinta: "Los hombres no viven una polarización tan fuerte reducida a estos dos delitos. Generalmente están en la cárcel por casos relacionados con la drogodependencia o por delitos contra la propiedad y la integridad física. Un 70% de la población carcelaria reúne varios factores: drogodependencias, problemas de salud mental y bajos recursos económicos. El tratamiento penitenciario no existe. Eso de la reinserción es una falacia. El 70% de los presupuestos de Instituciones Penitenciarias se dedican a temas de seguridad y contención, mientras que el 30% se dedica a programas de tratamiento", explican Alicia y Rocío, que actualmente ofrecen sus servicios a los centros penitenciarios de León, Palencia, Salamanca, Ávila y Valladolid.

"Vivimos en una política del punitivismo. La sociedad pide sangre por encima de los derechos básicos. Entre la gente se impone la defensa de la cárcel, y por cuanto más tiempo mejor. No se dan cuenta de que eso no sólo no soluciona el problema, sino que lo agrava. Una vez que las personas encarceladas salen de allí, el conflicto aparece multiplicado", añade Rocío. Tanto ella como el resto de sus compañeras de Oteando apuestan por la defensa de unos derechos que, poco a poco, han ido reduciéndose. "El derecho a la salud está fuertemente afectado. Por ejemplo, nos hemos encontrado con personas que necesitaban un tratamiento específico para la hepatitis C y a las que habían negado el tratamiento para, después, ponerlas en lista de espera y enviarlas a Madrid. En las prisiones hay muchas personas con patologías múltiples derivadas del consumo de drogas que acaban derivando en cáncer de hígado o cirrosis. A una parte de ellas se les está negando el tratamiento por una cuestión económica. También hay otros derechos afectados, como es el de comunicarse con sus allegados, que en ocasiones es restringido o denegado arbitrariamente", continúan estas abogadas.

Según explican, su actuación principal comienza a partir de la detección de abusos, torturas y malos tratos cometidos por los funcionarios de prisiones. Tal y como indican, éstos no son "sistemáticos" pero sí "esporádicos". "Desde Instituciones Penitenciarias saben quiénes los cometen, pero hay un corporativismo muy fuerte de todos: desde los funcionarios que agreden a los médicos que saben que existen y no los denuncian. Una vez que está hecha la denuncia, que puede provenir de un familiar, un amigo o del preso, suele haber una consecuencia casi sistemática, que es el traslado del interno a otra prisión para dificultar su defensa. Además, cuando hay una denuncia suele haber una contradenuncia de la policía. Nos solemos encontrar con que la nuestra se archiva, mientras que la de la policía sigue adelante. Este año estamos con cuatro casos", añade Alicia.

Oteando forma parte de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (a modo de curiosidad, hay que decir que dentro de Castilla y León ellos son la única organización presente en esta red). Dentro de esta Coordinadora, cuyo ámbito es estatal, se publica un informe en el que se recoge la situación de esta problemática en todo el Estado, texto que se presentó hace dos años en el Ateneo Republicano de Valladolid.

Aparte de su denuncia de estos casos de torturas, desde Oteando apuestan por un trabajo encaminado a atender la situación de las personas que están en un estado de irregularidad por su carácter de inmigrantes indocumentados. También se dedican a todos aquellos internos que, además, se ven afectados por problemas de salud mental. "Cada vez hay más casos de este tipo. No disponen de recursos suficientes para ellos. Muchos de ellos padecen de politoxicomanías. Con el cierre de los psiquiátricos se apostó por un tratamiento comunitario que no siempre se ha llevado a efecto. Los que antes estaban en el psiquiátrico ahora están en la cárcel", indica Alicia, que también aprovecha para hacer una dura denuncia contra algunos casos de internos fallecidos por dejadez en su asistencia.

Aunque Oteando interviene fundamentalmente en centros penitenciarios, sus integrantes también están interesadas en ampliar su radio de acción a los Centros de Menores. "En el caso del Zambrana establecimos un contacto con su directora, pero ésta nos dijo que no necesitaba un asesoramiento jurídico y que no podíamos entrar ya que no estábamos autorizados por la familia de los internos o no estábamos personados en el procedimiento. Allí hemos estado esporádicamente, aunque nos han puesto muchos impedimentos. En lo que respecta al trabajo en este ámbito, colaboramos con Saltando Charcos", explican Alicia y Rocío.

A esto hay que añadir otras tareas pendientes, como por ejemplo la de hacer un mapeo de la represión en Valladolid que contemple cómo se están aplicando tanto la Ordenanza Municipal de Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales como la Ley de Seguridad Ciudadana. "Queremos analizar las multas que están llegando a la gente, sobre todo a los pertenecientes a colectivos como el 15M o a sindicatos como la CGT o la CNT. Entendemos que estas multas son una forma de coaccionar y que son una estrategia del gobierno para criminalizar a los movimientos sociales con la que se quiere coartar su libertad de expresión. Los movimientos sociales han sufrido además un salto cualitativo en el que se ha pasado de lo administrativo a la criminalización directa por la vía penal. También queremos documentar los casos en los que la policía para a los inmigrantes por la calle, haciendo unas redadas racistas a los que carecen de papeles. Por el momento hemos establecido contacto con las asociaciones de inmigrantes para informarlas de cuáles son los derechos de estas personas", explican estas dos abogadas.

Otro de los elementos que quieren incorporar a Oteando son las Brigadas de Observación Legal, una figura que funciona en lugares como Madrid o Galicia, en este último caso gracias al trabajo de EsCULcA. "Están constituidas por personas con conocimientos jurídicos básicos que se dedican a observar manifestaciones y concentraciones. Creemos que existe la posibilidad de hacerlo aquí también, introduciendo una figura neutral que informe al Defensor del Pueblo o a los grupos políticos de las irregularidades cometidas durante el desarrollo de estos actos", añade Alicia.

Así como dentro de Castilla y León la organización de referencia para estos temas es Oteando, dentro de otras comunidades existen otras figuras. Tal es el caso de Salhaketa (en el País Vasco), de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados (Cataluña), de la Asociación Pro Derechos Humanos (Andalucía) o de la Asociación Libre de Abogados o la Comisión Legal de Sol (Madrid).

A lo largo de estos tres años, Oteando ha incorporado a su trabajo de denuncia de los casos de malos tratos y torturas un esfuerzo por visibilizar esta realidad a través de otras vías. Por ejemplo, sus integrantes han organizado la presentación del libro `Andar 1 kilómetro en línea recta. La cárcel del siglo XXI que vive el preso´, en el que se ofrece un recorrido por la situación de las cárceles en España. Por otro lado Alicia, una de sus integrantes, se sumó en verano de 2011 a la Caravana Internacional de Juristas que tuvo lugar en Colombia con el objetivo de verificar las condiciones de trabajo de los abogados que trabajan en este país dentro del ámbito de la defensa de los Derechos Humanos. "Visitamos sus instituciones y realizamos un informe final en el que denunciábamos las amenazas y las dificultades con las que allí se encuentran para trabajar. Muchas veces los abogados son criminalizados debido a la defensa de sus clientes", explica Alicia.

También han impartido talleres de autogestión de derechos básicos destinados a activistas de Valladolid y han ofrecido su apoyo a otros grupos de trabajo, como es el caso de la Comisión Legal del 15M. Según reconocen Alicia y Rocío, aún les quedan muchas cosas por hacer, así que cualquier persona es bienvenida. "Aceptamos a cualquier persona que quiera colaborar en cuestiones como la gestión de la web o en la elaboración de las memorias. Basta con que sean personas sensibilizadas y con ganas de trabajar", apuntan estas dos abogadas. Ambas remarcan lo de la sensibilización. "Remover las cloacas del Estado es delicado", concluyen.

Enlaces sobre salud mental y cárceles:

Guía de atención primaria de la salud mental en prisión

Prisión y salud mental: una intervención urgente

Situación sanitaria y estado de la salud de las personas presas

 

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