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Estado de la pasarela de Benavente tras el derrumbe.
Estado de la pasarela de Benavente tras el derrumbe.

Pladepu exige responsabilidades políticas y penales en el aniversario del derrumbe de la pasarela de Benavente

La Junta quiere “tapar y esconder” la nefasta gestión de su empresa pública SOMACYL y de la empresa AMATEX, “cuyo consejero delegado es un hermano de un alto directivo de la Junta de Castilla y León, subordinado del director general de Calidad Ambiental
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Zamora

La Plataforma en Defensa de lo Público (Pladepu) exige responsabilidades políticas y penales en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el aniversario del derrumbe de la pasarela de madera en Benavente (Zamora) en la que se han invertido ya 1,2 millones de euros.

Según sostiene Pladepu, “la no realización del estudio geotécnico obligatorio por Ley se revela clave en el derrumbamiento de la pasarela. La mala gestión de la Junta se manifiesta con toda su crudeza en este penoso suceso. Ya no es que gestionen mal, que lo hacen, ya no es que sableen al ciudadano, que lo sablean, sino que con tal de favorecer y proteger a los suyos, a los de su casta, sus actuaciones y decisiones rayan la amoralidad. Todo ello con un grave perjuicio para el bolsillo de los ciudadanos de esta región. La prueba irrefutable de ello fue la aprobación el pasado 12 de diciembre por parte de la Junta de Castilla y León de una subvención de 600.000 euros para las obras de reconstrucción de los cuestos de Benavente. Con ello la Junta ha querido tapar y esconder las responsabilidades de su empresa pública Somacyl y de la empresa AMATEX, cuyo consejero delegado es un hermano de un alto directivo de la Junta de Castilla y León, subordinado inmediato del director general de Calidad Ambiental Jiménez Blázquez”.

“La Junta de Castilla y León ha pagado al menos, 660.000 euros por el Proyecto y Ejecución de la pasarela derrumbada en Benavente. Además, y de acuerdo con el Consejo de Cuentas, la adjudicación de esta licitación estuvo plagada de irregularidades. Para más inri, los 560.000 euros se adjudicaron a la empresa AMATEX, que no presentó la oferta económica más barata (ya que fue la presentada por Ecosistemas Bierzo-Maderas Castañeiras). Para que todo quedase en casa, la promotora de esta actuación fue la empresa pública Somacyl, cuyo Consejero Delegado es el Sr. Jiménez Blázquez”, explica Pladepu.

“¿Por qué el Somacyl perdonó a AMATEX la realización del estudio geotécnico que obliga la Ley de contratos? ¿Por qué desde el Somacyl se saltaron de esta forma la Ley? ¿La Ley se aplica por igual a todas las empresas? o ¿si tu hermano es un alto directivo de la Junta, te condonan ciertas obligaciones legales?” se preguntan con sorna los funcionarios que integran Pladepu antes de recordar que  “además es chocante que los servicios propios de la Junta de Castilla y León (laboratorios y equipo de sondeos) no hayan hecho ni un solo ensayo en esa ladera, ni antes ni después del derrumbe”.

Un dato esclarecedor, apuntan los funcionarios de Pladepu, “a Geocisa se le van a pagar al menos 53.000 euros en sondeos para investigar las causas del siniestro. La excusa que ha dado el Sr. Jiménez Blázquez para no utilizar los medios de la Administración Autonómica son un atentado a la inteligencia (“es que es el Ayuntamiento de Benavente es el que contrata estos trabajos”). Lo mínimo que podía haber dicho y hecho la Junta de Castilla y León es que si el Ayuntamiento de Benavente quería su colaboración económica, debía utilizar sus medios, para de este modo abaratar los costes de toda esta actuación. ¿Así es como la Junta defiende los medios y servicios públicos?”.

El resumen la Junta de Castilla y León se ha gastado al menos, 1.260.000 euros de todos los contribuyentes de esta región, en el proyecto y construcción de una pasarela que “no existe ni existirá, es decir, en nada”. La Junta de Castilla y León “ha tirado en época de crisis y recortes1.260.000 euros por la taza de váter, sin ningún rubor, sin ninguna dimisión, y quizás lo más grave, sin ningún cese. En conjunto las Administraciones han empleado en este proyecto más de 3 millones de euros”.

Pladepu es contundente al reclamar que “ante la pasividad de los políticos, debería ser la justicia quien determinase las responsabilidades existentes en este despropósito”.

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