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Óscar Puente y Manuel Saravia, durante la rueda de prensa ofrecida hoy.
Óscar Puente y Manuel Saravia, durante la rueda de prensa ofrecida hoy.

PSOE e IU dictan sentencia política en el caso PGOU: Javier León de la Riva debe dimitir

Las dos formaciones han registrado hoy una petición de pleno extraordinario para aclarar y pedir responsabilidades en el “caso de corrupción más grave” acontecido en Valladolid
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Valladolid

Las dos formaciones políticas que conforman la oposición en el Ayuntamiento de Valladolid han dictado hoy a coro su sentencia política en el caso PGOU aún pendiente de juicio: el alcalde, como máximo responsable municipal, debe dimitir.

Tanto PSOE como IU, que califican el caso de la manipulación de artículos y planos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como “el más grave de corrupción urbanística acontecido en la ciudad de Valladolid”, han presentado hoy formalmente la solicitud de un pleno extraordinario que el alcalde está obligado a atender en un plazo de 15 días. En él presentarán dos mociones. Una, para “analizar cuál ha sido el papel jugado por toda la Corporación y los técnicos de Ayuntamiento” y otra, para solicitar la dimisión del alcalde.

En este caso denunciado en 2008 por el Grupo Socialista y que se ha traducido en la imputación de 12 personas y 4 empresas (entre ellas el ex concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca y el secretario general del Ayuntamiento, Valentín Merino, además de otros altos funcionarios), por ahora, no está imputado el alcalde, que sí que llegó a prestar declaración ante el juez en calidad de imputado.

Los portavoces de la oposición municipal, Óscar Puente (PSOE) y Manuel Saravia (IU), entienden que “al margen de implicaciones penales”, el regidor es quien ha de asumir las responsabilidades políticas “como responsable máximo de este Ayuntamiento” de la imputación de técnicos de varias áreas del Consistorio, incluido el propio secretario municipal y el que fuera concejal de Urbanismo en la época en la que tuvieron lugar las manipulaciones, José Antonio García de Coca, que el alcalde nombró personalmente.

Puente y Saravia coincidieron, además, en mostrarse sorprendidos porque el alcalde haya “vendido como un triunfo” su ausencia personal en el listado de imputados, y se preguntaron qué tiene que pasar para que asuma su responsabilidad desde el punto de vista político.

“Vamos a intentar darle al alcalde una lección de lo que deberían ser las responsabilidades políticas elementales en democracia por acción o por omisión” al hilo del “caso de corrupción más grave”, dijo Puente, “que ha tenido lugar en esta ciudad y probablemente en una capital de provincia de esta Comunidad Autónoma”, puesto que, en su opinión, “la versión más benevolente es que no se ha enterado de nada de lo que hacían a su alrededor sus concejales, sus técnicos de confianza y algunos empresarios que conoce muy bien”.

Por su parte, Manuel Saravia apostilló que “lo mínimo que ha de tener como consecuencia el auto de imputación del juzgado es un pleno extraordinario y lo extraño es que no lo hayan solicitado ellos mismos”, afirmó, refiriéndose al equipo de Gobierno.

“Si están implicados el equipo político, técnico y jurídico a sus niveles más altos y no hay nadie que asuma la responsabilidad política, ¿cuándo se asume? ¿qué tiene que pasar?”, se preguntó Saravia, puesto que “no sólo los hechos originarios son gravísimos, sino también lo que sucedió después, cuando se hizo todo lo necesario para hacerlos pasar por errores materiales”.

Al respecto, Puente añadió que, antes de existir informe jurídico alguno sobre la naturaleza de los cambios, fueron el propio alcalde y el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, quienes en primera instancia calificaron las modificaciones de “errores materiales”, y en ese punto, “la responsabilidad del alcalde”, dijo, “está clarísima”.

En la rueda de prensa ofrecida esta mañana por los dos portavoces, ambos han recordado las dos solicitudes de comisión de investigación sobre este asunto que fueron denegadas en el Pleno por el alcalde y el resto de concejales populares, como “parte de su estrategia para echar tierra sobre el asunto”, lo que motivó la presentación de una denuncia ante la Fiscalía de Valladolid, quien entendió que había indicios delictivos e instó al juez la apertura de diligencias de investigación.

La gravedad de los hechos denunciados motivó la implicación de un buen número de ciudadanos en torno a la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado, que finalmente ha sido el único colectivo que ha ejercido la acusación popular en este caso tras haber hecho frente a la fianza impuesta por el juez de instrucción número 1 de Valladolid.

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