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El concejal García de Coca y el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva. Foto: C.Arranz
El concejal García de Coca y el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva. Foto: C. Arranz

Sólo un informe de la Policía retrasa el fin de la instrucción del caso PGOU

El juez está a la espera de recibir datos sobre los ordenadores del Ayuntamiento de Valladolid
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Valladolid

Sólo un informe policial, referido a datos incluidos en los ordenadores del Ayuntamiento, está retrasando el fin de la instrucción del caso de la manipulación del PGOU de Valladolid en el que, además de técnicos municipales y concejales del PP ha declarado como imputado el propio alcalde de la ciudad, Javier León de la Riva.

Según han confirmado fuentes judiciales, el titular del juzgado de Instrucción 1 encargado del caso está a la espera de recibir este informe para dar por concluida la instrucción de este caso de presunta corrupción urbanística, en el que se trata de dilucidar quién dio la orden para que se manipularán más de 70 artículos del PGOU en favor de determinados empresarios urbanísticos.

Las misma fuentes señalan no obstante que la recepción del citado informe policial es inminente y que una vez aportado a la causa, se cerrará la instrucción con un auto que será trasladado de forma simultánea a todas partes personadas, entre ellas la Federación de Asociaciones de Vecinos 'Antonio Machado'.

En este caso el juzgado investiga la alteración en 2003 de más de 70 artículos de la norma urbanística. Tras las denuncias del PSOE y la Fiscalía, el TSJ de Castilla y León ordenó revisar el Plan en 2011. De un solo imputado (el ex concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca) se ha pasado a una veintena. Las alteraciones facilitaban y modificaban licencias, cambiaban la tipología de suelo u otorgaban acciones al Ayuntamiento antes ilegales.

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, acudió “tranquilo” a declarar como imputado el pasado verano. También lo hicieron los ex concejales Tomás Punzano, María Luisa Ramírez y José Carlos Muñoz Mateos, quienes aseguraron que no sabían lo que firmaban ya que respondían a la disciplina de grupo. Además, también acudieron los hoy concejales Manuel Sánchez y Gonzalo Hernández Santamaría, junto con varios técnicos del Consistorio y de la Consejería de Fomento. También han declarado el actual director general de Urbanismo, Ángel María Marinero, y el secretario general del Ayuntamiento, Valentín Merino, así como el técnico municipal Luis Álvarez Aller.

Tras un largo periplo político y judicial, los ciudadanos saben, a través del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que la modificación del PGOU sufrió “alteraciones conscientes” o, según la Fiscalía, “alteraciones subrepticias […] en beneficio de ciertas personas y en perjuicio del Ayuntamiento”. Casos llamativos son la multiplicación de licencias de una parcela para viviendas en la Avenida de Madrid (pasaron de 9 a 124) o la ampliación del espacio de edificabilidad en la llamada Ciudad de la Comunicación, entre otros muchos.

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