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Imagen de la pasarela derruida en los Cuestos de la Mota de Benavente, obra adjudicada por Somacyl
Imagen de la pasarela derruida en los Cuestos de la Mota de Benavente, obra adjudicada por Somacyl.

Somacyl: “La antítesis de lo que debe ser una administración pública”

Pladepu denuncia que el Consejo de Cuentas desenmascara el funcionamiento de la Sociedad Pública de Infraestructuras de Medio Ambiente de Castilla y León que los funcionarios exigen que cierre
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Valladolid

El Consejo de Cuentas, igual que hizo con Provilsa, ha desenmascarado el funcionamiento de la Sociedad Pública de Infraestructuras de Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) al determinar que “incumple reiteradamente la Ley” al poner de manifiesto que “en los expedientes de contratación que ha fiscalizado se dan todos los ingredientes necesarios para que se pueda adjudicar a dedo el contrato”.

Esta es la denuncia que realiza la Plataforma en Defensa de lo Público (Pladepu) tras haber analizado el informe de fiscalización elaborado por el Consejo de Cuentas sobre los expedientes de contratación de los años 2010 y 2011, que pone de manifiesto que Somacyl “incumple la legislación en el 100% de los contratos que realizó en esos años al no remitir la documentación de ninguno de los 16 contratos de los que legalmente estaba obligada a comunicar” y que “no ha remitido al Registro de Contratos de Sector Público la información correspondiente a 45 contratos durante 2010 y 2011”, lo que, según Pladepu “supone el incumplimiento del 100% de dicha obligación”: “Es una vergüenza que empresas públicas se salten la Ley con esta impunidad”, sostiene Pladepu, que califica a Somacyl como “la antítesis de lo que debe ser una administración pública”.

Según los funcionarios que conforman Pladepu, el Consejo de Cuentas descubre en su informe “las artimañas de la Junta de Castilla y León”, que crea sus empresas públicas “para evitar una mayor fiscalización de sus actos”. Como ejemplo señalan que “en el último año y medio, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha licitado concursos y obras relacionadas con el agua a través de Somacyl por valor de 34,5 millones de euros, mientras que a través de su administración central ese importe ha sido igual a cero euros”. “¿Por qué será?”, se preguntan con sorna los integrantes de la Plataforma funcionarial.

La retahíla de irregularidades detectada es “espeluznante y desoladora”. “Somacyl ni justifica la puntuación que da a los licitadores de sus concursos, y además, añade criterios de valoración a posteriori, lo que puede permitir adjudicar los contratos a dedo”; “En las notificaciones de adjudicaciones provisionales no figura la posibilidad de interponer recurso especial”, lo que da a entender que “en Somacyl se consideran por encima del bien y del mal y tienen claro que a ningún contratista se le va a pasar por la cabeza recurrir una adjudicación” y, por si esto fuera poco, “no consta en ninguno de los expedientes analizados la publicación de la adjudicación definitiva en los correspondientes diarios oficiales”.

“¿Qué fuerza moral puede tener la Junta a la hora de hacer cumplir a los administrados la Ley si sus empresas son las primeras que se saltan la legalidad?”, se preguntan los funcionarios de Pladepu antes de recordar que ya hace más de 11 meses que 86 técnicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente solicitaron por escrito el cierre de Somacyl. A estas alturas, todavía están esperando una respuesta.

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