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Denuncia presentada por los sindicatos contra respoinsables d ela ADE junto al cartel de acceso a la Fiscalía.
Denuncia presentada por los sindicatos contra respoinsables d ela ADE junto al cartel de acceso a la Fiscalía.

Todos los sindicatos denuncian ante la Fiscalía los “dedazos” ilegales en la ADE

Apuntan delitos de prevaricación continuada en materia de recursos humanos, nombramientos ilegales, usurpación de funciones públicas y malversación de fondos públicos
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Valladolid

Todos los sindicatos con representación en la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León han presentado formalmente una denuncia ante la Fiscalía contra los responsables de la Agencia de Innovación, Financiación e Innovación Empresarial (ADE) por presuntos delitos de prevaricación continuada en materia de recursos humanos, nombramientos ilegales, usurpación de funciones públicas y malversación de fondos públicos.

Los sindicatos instan a la Fiscalía a que investigue los “dedazos” presuntamente ilegales que han supuesto el acceso a la citada agencia de 84 trabajadores (la plantilla global es de 184), de los cuales, además, “tan sólo 80 aprobaron los procesos convocados”, como ya adelantó últimoCero el pasado 9 de diciembre.

Las centrales sindicales entienden en su denuncia que “los trabajadores que han sido integrados en la nueva ADE (…) han sido nombrados presuntamente de manera ilegal”, ya que previamente no ha existido ni oferta de empleo público, ni convocatoria de oposición.

“Entendemos que, además de haberse generado unas asignaciones de puestos presuntamente nulas de pleno derecho, se podría estar incurriendo presuntamente en todos o algunos de los ilícitos penales contenidos en los artículos del Código Penal (404 prevaricación, 405 y 406 relativos al nombramiento ilegal), incluso en algunos casos que implican el ejercicio de autoridad y carácter oficial, que no han sido asignados a funcionarios, el de usurpación de funciones públicas contenido en el 402 del Código Penal”, se apunta textualmente en la denuncia a la que ha tenido acceso últimoCero (ver documento adjunto).

En la denuncia también se entiende que ha podido existir un presunto delito de malversación a la hora de integrar en la nueva ADE distintas empresas públicas y fundaciones “que se encontraban en situación de quiebra técnica” gracias a una decisión “que se aparta de lo previsto en la Ley” y “sustentada únicamente en mera voluntad de quien decide, pues esa empresa no desaparece, sino que se integra en la Administración asumiéndose con dinero público su difícil situación financiera y el personal y directivos que la condujeron a esa situación”.

Uno de los puntos clave de esta denuncia tiene que ver con que algunos de los puestos que ocupan los nombrados “a dedo” están reservados a los funcionarios y que ello implica una “usurpación de funciones”. Es el caso de determinadas plazas, como son las de Jefe de Área de Auditoría Interna, Secretario General, Jefe de Área de Administración, Jefe de Área de Asesoría Jurídica, responsable de unidad de recursos administrativos, así como directores territoriales de cada provincia de departamento y directores de departamento y de Área de servicios centrales”. “En los mencionados puestos (todos ellos de libre designación y por lo tanto reservados a funcionarios) se ejercitan actos propios de autoridad o funcionarios derivadas de la concesión y gestión de subvenciones y ayudas públicas, actividad fundamental de la Agencia”.

En este apartado también se denuncia que el Consejero de Economía, Tomás Villanueva, ha otorgado un poder para representar a la Comunidad en los juicios a una abogada (Pilar Manteca) en lugar de a un funcionario del cuerpo de letrados de la Junta.

La denuncia de los sindicatos también se hace eco del documento publicado  el pasado 29 de noviembre por últimoCero en el que la Directora de la Agencia, sin ninguna obligación para hacerlo, ha decidido unilateralmente conceder una gratificación extraordinaria a los trabajadores consistente en una compensación de tiempo de descanso o dineraria, a elección del trabajador. “Entendemos que dicha decisión pudiera haber incurrido en presunta prevaricación”, se apunta en la denuncia.

Todos los sindicatos que componen la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León proponen a la Fiscalía distintas diligencias a practicar como es la obtención de la relación de aprobados para cada una de las plazas convocadas, la relación global de trabajadores de la Agencia, así como el poder notarial otorgado por el consejero a la letrada que no es funcionara, además de todos los actos emitidos por los jefes enchufados que, según entienden, no pueden ocupar sus cargos por no pertenecer al cuerpo de funcionarios.

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