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Rocío Matilla, Marta Redondo, César Hernández y Victoria Hernando. Foto: L. Fraile
Rocío Matilla, Marta Redondo, César Hernández y Victoria Hernando. Foto: L. Fraile

Tres puntos de vista sobre las amenazas a la libertad de expresión y reunión pacífica

Amnistía Internacional Valladolid organizó este miércoles una mesa redonda en la que participaron tres defensoras de los derechos humanos y en la que se presentaron los contenidos de su último informe: `España: el derecho a protestar, amenazado´
Laura Fraile
Valladolid

Acontecimientos como el violento desalojo de Plaza Cataluña durante el 27 de mayo de 2011 o los reiterados intentos de criminalizar a los activistas de los movimientos sociales, lo que muchas veces ha derivado en la imposición de multas, en malos tratos o en el uso excesivo de la fuerza durante las actuaciones policiales, han dado pie a que Amnistía Internacional haya centrado su atención en la represión de las manifestaciones pacíficas. Para poder denunciar estos casos, que según indican constituyen una seria amenaza a la libertad de expresión y reunión, acaban de publicar un informe que este miércoles se presentó en la Facultad de Derecho.

La presentación de este documento de 100 páginas, que puede descargarse libremente desde la página web de Amnistía, comenzó con la intervención de César Hernández. César, que es el responsable de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional Valladolid, ofreció un resumen sobre los contenidos de un informe que recoge una treintena de testimonios de víctimas, familiares, periodistas, abogados y representantes de organizaciones de derechos humanos que han sufrido los efectos de la represión de las fuerzas de seguridad. A continuación intervino Marta Redondo, que es periodista, profesora de Ética y Deontología Periodística en la Facultad de Filosofía y Letras e integrante del Consejo de Dirección del Observatorio de Derechos Humanos de la UVa, quien se inclinó por ofrecer un recorrido por los métodos de los que se sirve el poder para controlar la libertad de expresión. "En primer lugar hay que señalar que al poder no le gustan ni la crítica ni la libre expresión de la ciudadanía, ya que éstas dejan a las claras sus errores de gestión y las debilidades del sistema. Por eso pretende callar este tipo de voces, porque teme que se produzca un contagio", comenzó indicando esta periodista.

Marta continuó su intervención aludiendo a un informe publicado el año pasado por parte de Reporteros sin Fronteras sobre el estado de la libertad de prensa en el mundo para reflejar cómo las amenazas a este derecho también afectan a nuestro país. "En este informe podemos ver que España ha sido denunciada por acoso policial, desacato o por la retirada a los periodistas de su equipamiento mientras se encontraban trabajando en una movilización. Dentro de este último grupo, Reporteros sin Fronteras denuncia que los periodistas freelance son el eslabón más débil", resumió esta profesora.

La mayor parte de su charla se centró en algunos de los métodos que emplea el poder para controlar la libertad de expresión, como son la censura previa, el secuestro de publicaciones o las sanciones a medios de comunicación y a periodistas. También sumó a esta lista la limitación de las informaciones que se pueden difundir escudándose en motivos como la "seguridad nacional", la negativa a dar una licencia para que determinados medios puedan ejercer su labor o realizar un "desahogo financiero" a través de la retirada de la publicidad institucional. "También es habitual que el gobierno realice una manipulación del lenguaje a través de eufemismos que encubren y maquillan la realidad, algo que por ejemplo pudimos ver con la guerra de Bosnia, donde se sirvieron del término limpieza étnica para ocultar el de genocidio", explicó Marta.

Sin embargo, tal y como señaló esta periodista, el gobierno acostumbra a usar unas técnicas que cada vez van siendo más sutiles y que se sirven de herramientas como el neuromarketing para analizar la forma en que la población recibe unos mensajes que, muchas veces, sólo pretenden la desinformación. En relación a este aspecto, Marta mencionó estrategias como la del silenciamiento (referido a la ocultación de determinadas palabras como la de crisis o a la puesta en marcha de ruedas de prensa en pantallas de plasma que no admiten preguntas) o el desarrollo de "cortinas de humo" con las que difundir una información para ocultar otra que no interesa dar a conocer. "A esto hay que añadir la producción deliberada de noticias, el recurso a emisores ocultos como fundaciones, lobbys o think tanks o el descrédito de determinadas fuentes informativas, como pasó recientemente con Cáritas. Se ha pasado de una prensa vigilante del poder a una crisis del periodismo, y esto debido a los intereses de las empresas de comunicación, la ideologización o las carencias intelectuales y éticas de los propios periodistas. Todo esto ha generado que los propios movimientos sociales generen en la mayor parte de los casos sus propios canales de información", concluyó Marta.

La siguiente persona encargada de intervenir en la presentación de este informe de Amnistía Internacional fue Victoria Hernando, abogada e integrante de STOP Desahucios y de la Asamblea de Afectados del 2F. Esta activista optó por focalizar su discurso en el incremento de la criminalización y represión de los movimientos sociales. "Se centran en microviolencias como la de alguien que tira una valla para desviar la atención de la verdadera violencia, que es la de los millones de parados o la del desmantelamiento de nuestros derechos. También se sirven de técnicas como la de la creación de una alarma social ante supuestos radicales vestidos con capucha a los que se les describe como terroristas que van a romper la paz social", describió Victoria.

Esta abogada también se refirió al papel de determinados medios de comunicación como correas de transmisión de las ideas del gobierno de turno. Para ello mostró algunos titulares con mensajes como `Las lecciones de Gamonal al colectivo de la izquierda abertzale´ (El Mundo), `Otegi quiere infiltrarse en el 15M´ (La Razón) o `Así es la conexión abertzale de los grupos radicales en Madrid´ (un reportaje publicado en el ABC donde se incluían algunas "técnicas de guerrilla urbana" como escribirse el teléfono de un abogado en el brazo). Asimismo, Victoria aludió a la represión de estos movimientos en cualquiera de sus tres vertientes: a pie de calle (que suele ser la más visual), la administrativa (que es ejercida a través de la prohibición de manifestaciones o mediante la imposición de multas) o la judicial (que es la impuesta a través del Código Penal).

A modo de cierre, Victoria expuso el caso de la represión ejercida por parte de las fuerzas de seguridad ante los participantes de la concentración que tuvo lugar el pasado 2 de febrero frente al restaurante La Parrilla de San Lorenzo, donde se encontraban comiendo varios representantes del PP. En relación a estos hechos, esta abogada puso en relieve tanto las agresiones cometidas contra las personas de la concentración como los intentos de invisibilizar lo ocurrido por parte de personas como el ministro de Interior o el Subdelegado de Gobierno. "Nuestra manera de oponernos a todo esto debe ser a través de la creación de redes de solidaridad, el apoyo a los represaliados o el combate a las leyes represivas", concluyó esta activista.

La tercera y última intervención de este miércoles estuvo protagonizada por la abogada Rocío Matilla, que acudió como integrante del Observatorio para la defensa de los Derechos Humanos Oteando. En un primer momento Rocío presentó este servicio creado en el año 2010 por parte de un grupo de abogados para denunciar los casos de malos tratos y tortura de las personas privadas de libertad dentro de Castilla y León. Después realizó un recorrido por el anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana, partiendo de un dato que cuestionaba la necesidad de modificar la ley vigente, que fue aprobada en el año 1992. "Según un informe de criminalidad del Ministerio del Interior publicado en 2014, las manifestaciones violentas son algo residual, ya que de las más de 44.000 concentraciones realizadas en el año 2013 sólo un 0,7% de ellas requirieron una intervención policial con fuerza. El propio jefe de la Policía Ignacio Cosidó ha declarado que esta ley no responde a una demanda ciudadana", indicó Rocío.

Según comentó esta abogada, se tiende a hablar de esta reforma como algo "necesario, conveniente y oportuno". "Además, en ella subyace una idea paternalista del estado, ya que se define como un proyecto garantista de los derechos ciudadanos", añadió a continuación. Sin embargo, tal y como declaró Rocío, basta con leer algunos de sus artículos para comprobar hasta qué punto introducirá un serio recorte a nuestros derechos y libertades. En relación a este aspecto, Rocío destacó el artículo 16.2, que se refiere a la identificación de las personas y que permitirá que cualquier agente pueda retener a todo aquel que se niegue a ser identificado, el 17.1.2, referido a la restricción del tránsito y los controles en las vías públicas, que creará "zonas de seguridad" cuando haya "indicios de alteración de la seguridad ciudadana" o el 19, relacionado con unos cacheos e identificaciones poco definidos en los que "no se excluye la práctica de desnudos", tal y como afirmó Rocío.

A esta lista sumó una referencia a otros artículos como el 20, que alude a las medidas de seguridad extraordinarias que permitirán la prohibición del paso o la retención de las personas cuando los agentes lo consideren oportuno, el 22.3, que recoge la disolución de reuniones y manifestaciones para "evitar el riesgo de alteraciones a la seguridad" o el 23.2, que aborda la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que permitiría una colaboración de los vigilantes de seguridad con la policía. Este anteproyecto, además, suma 39 infracciones nuevas a la ley actual, tipifica por primera vez las de carácter muy grave e incluye unas sanciones económicas que, según el caso, pueden tener unos costes oscilantes entre los 100 y los 600.000 euros.

De esta forma terminó este miércoles la presentación de este informe, que ha sido incluido dentro de la campaña `No pienso callarme´. La próxima actividad tendrá lugar este sábado 3 de mayo, fecha en la que los integrantes de Amnistía Internacional Valladolid saldrán a la calle para recoger firmas por la defensa del derecho de reunión y manifestación. Al igual que en anteriores ocasiones, estarán de 11:30 a 14 horas en la esquina de la calle Santiago con Constitución. Asimismo, se puede apoyar esta causa a través de una petición online que, por el momento, ha alcanzado la cifra de 43.000 firmantes.

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